Así lo dice La Mont
Proceso: En la geopolítica del crimen organizado en Michoacán hay nombres que operan bajo un manto de aparente invisibilidad, pero cuyo peso específico define el mapa del poder real. Miguel Ángel Gallegos, conocido en el submundo del narcotráfico como El Patrón o El Migueladas, representa ese perfil de liderazgo criminal que sobrevive a los sexenios, a las guerras intestinas y a las alternancias partidistas. Mientras otras organizaciones delictivas padecen fracturas internas o sufren golpes mediáticos, el control ejercido desde los bastiones históricos del sur del estado se mantiene como una constante.
De cara al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la gubernatura de Michoacán y el histórico Solio de Ocampo, la influencia de este actor no se medirá en votos, sino en su capacidad de veto, financiamiento y coacción sobre las estructuras políticas regionales. La estabilidad de su feudo criminal depende, en gran medida, de quién ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo en Morelia, lo que convierte a esta contienda en un tablero prioritario para garantizar la continuidad de su hegemonía territorial.
Ubicación: El epicentro de este dominio se localiza en una geografía claramente delimitada: el municipio de La Huacana y, de manera particular, la tenencia de Ziquirán. Este territorio no solo constituye un refugio logístico, sino una auténtica fortaleza desde la cual se coordinan actividades delictivas de alto impacto, que van desde el tráfico de estupefacientes hasta la extorsión de sectores productivos estratégicos.
La Huacana y Ziquirán funcionan como un enclave donde la presencia del Estado es prácticamente nominal, cediendo el control de facto a las directrices de El Patrón. En esta región, cualquier acto de disidencia política puede pagarse con la vida. La confrontación y las constantes amenazas dirigidas contra el extinto alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, evidenciaron el choque frontal entre quienes pretendían desafiar el statu quo criminal y quienes defendían un orden delictivo profundamente arraigado. El asesinato de Manzo, a finales de 2025, dejó en claro que la confrontación abierta con el crimen organizado tiene límites bien definidos en la entidad.
La capacidad operativa de este cártel no descansa únicamente en su poder de fuego, sino en la cooptación sistemática de las corporaciones de seguridad municipales. La zona de influencia de Gallegos se extiende como una mancha de aceite sobre los cuerpos policiales de municipios estratégicos como La Huacana, Nueva Italia, Lombardía y Churumuco. En estas demarcaciones, la policía local dejó de responder a los mandos institucionales para convertirse en el primer anillo de contención e información al servicio de la organización criminal.
Esta infiltración neutraliza gran parte de las acciones de las fuerzas federales, ya que los movimientos tácticos del Ejército y de la Guardia Nacional son conocidos con anticipación por los propios agentes municipales. Al controlar la seguridad pública en puntos neurálgicos de la Tierra Caliente, el cártel no solo garantiza el libre tránsito de cargamentos ilícitos, sino que impone un régimen en el que la población y las actividades económicas quedan sujetas al arbitrio de un solo mando.
Finalmente, el mecanismo que asegura la impunidad a largo plazo y la protección frente a operativos de gran escala es la presunta penetración en las altas esferas de la política legislativa. El financiamiento ilícito de campañas electorales sería el vehículo mediante el cual este grupo delictivo habría logrado colocar en cargos de representación popular a diputados locales, legisladores federales e, incluso, senadores de la República. Esta inversión estratégica buscaría comprar complicidades institucionales, protección política y, sobre todo, silencio.
Cuando un bloque legislativo responde a los intereses económicos de un capo del narcotráfico, el diseño de las políticas de seguridad se contamina y el Congreso corre el riesgo de convertirse en una extensión de los acuerdos gestados fuera de las instituciones. Bajo esta lógica, el poder del cártel deja de ser un problema exclusivamente municipal o policial para convertirse en un factor estructural que debilita al Estado desde sus propios órganos de representación. En ese contexto, las elecciones de 2027 podrían representar un escenario en el que la apuesta por influir en candidaturas adquiera una dimensión aún mayor, con el propósito de que quien ocupe el Solio de Ocampo resulte afín a esos intereses o, al menos, permanezca como un espectador pasivo.
Por: Federico Lamont
