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Las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanzan mediante mesas bilaterales entre México y Estados Unidos, como antesala de la evaluación formal prevista para el próximo 1 de julio. Entre los temas centrales destacan las reglas de origen en la industria automotriz, el comercio de acero y aluminio, la seguridad económica regional y la propuesta mexicana de extender la vigencia del acuerdo por 16 años más.
Sin embargo, la posibilidad de que el tratado no sea ratificado o incluso llegue a derogarse representa uno de los mayores riesgos económicos para América del Norte en las últimas décadas. Aunque las consecuencias afectarían a las tres naciones, México y Estados Unidos serían los países que resentirían con mayor intensidad los efectos de una ruptura comercial.
Uno de los principales desafíos para México radica en la incertidumbre generada por la postura del gobierno estadounidense, caracterizada por un discurso proteccionista que ha puesto en duda la continuidad del acuerdo. La administración del presidente Donald Trump ha insistido en la necesidad de fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de manufacturas provenientes del extranjero.
Recientemente, Trump expresó nuevamente sus reservas respecto a la renovación del tratado comercial firmado en 2020 durante su primer mandato. “No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México. Pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”, declaró, reforzando la narrativa de que Estados Unidos puede prescindir de sus socios comerciales norteamericanos.
A ello se suman los reclamos del Departamento de Comercio estadounidense sobre las políticas regulatorias de México en sectores estratégicos como energía y minería, argumentando que favorecen a empresas estatales y limitan la participación de inversionistas extranjeros.
Otro punto de tensión es el creciente déficit comercial de Estados Unidos, que ha llevado a Washington a exigir modificaciones en las reglas de origen, particularmente para la industria automotriz. La propuesta estadounidense busca elevar el contenido regional de los vehículos al 82% y establecer que al menos el 50% del valor de fabricación provenga específicamente de componentes producidos en territorio estadounidense.
La eventual cancelación del T-MEC tendría repercusiones profundas para México. La interrupción de los flujos comerciales regionales podría desencadenar una desaceleración económica severa, acompañada de pérdida de empleos, disminución de inversiones, depreciación del peso y la imposición de nuevos aranceles que encarecerían significativamente las exportaciones mexicanas.
No obstante, Estados Unidos tampoco saldría indemne de una ruptura comercial. La desaparición del T-MEC provocaría incrementos importantes en los precios al consumidor, presiones inflacionarias y una alteración significativa de las cadenas de suministro que durante décadas han integrado a las economías de la región.
Al perder el acceso preferencial a los mercados de México y Canadá, las exportaciones estadounidenses enfrentarían nuevas barreras comerciales. Sectores estratégicos como el automotriz, energético, agrícola, aeroespacial y tecnológico sufrirían pérdidas millonarias, afectando tanto a las empresas como al empleo en diversos estados del país.
La integración productiva de América del Norte ha permitido que industrias enteras operen bajo esquemas de manufactura compartida. Un automóvil ensamblado en Estados Unidos, por ejemplo, puede cruzar varias veces las fronteras de México y Canadá durante su proceso de fabricación. Romper esta dinámica generaría retrasos, mayores costos y desabasto de productos en distintos mercados.
Además, la eliminación del libre comercio implicaría el regreso a los aranceles ordinarios establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) o incluso la imposición de medidas compensatorias adicionales. Como resultado, productos de consumo cotidiano, desde automóviles y autopartes hasta frutas, verduras y equipos electrónicos, registrarían aumentos significativos en sus precios.
La pérdida de competitividad regional sería otro de los efectos más preocupantes. Frente a bloques económicos como China y la Unión Europea, América del Norte vería debilitada su capacidad para atraer inversiones, desarrollar cadenas de valor eficientes y mantener su liderazgo manufacturero global.
Asimismo, la desaparición del T-MEC abriría la puerta a represalias comerciales entre los tres países. México y Canadá podrían imponer aranceles a productos estadounidenses, afectando exportaciones de sectores clave como el energético, agrícola y tecnológico, con repercusiones directas en estados como Texas, Michigan y California.
La incertidumbre jurídica y comercial también frenaría la inversión extranjera directa y pondría en riesgo el fenómeno de relocalización de empresas o nearshoring, una oportunidad estratégica que ha convertido a América del Norte en uno de los destinos más atractivos para la instalación de nuevas plantas productivas.
De hecho, algunas de estas consecuencias ya comienzan a observarse en Estados Unidos como resultado de las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump. Diversas empresas han trasladado el incremento de costos derivados de los aranceles a los precios finales que pagan los consumidores.
En el sector automotriz, los vehículos y camiones fabricados fuera de Estados Unidos enfrentan gravámenes adicionales que han elevado considerablemente los precios de los automóviles nuevos, con aumentos que en algunos modelos alcanzan entre 10 mil y 15 mil dólares.
De igual manera, la imposición de cuotas compensatorias a las importaciones de jitomate mexicano ha provocado incrementos significativos en los precios de este producto en el mercado estadounidense, afectando directamente el bolsillo de los consumidores.
Por todo ello, la continuidad del T-MEC no debe entenderse únicamente como un asunto comercial, sino como una necesidad estratégica para preservar la estabilidad económica, la competitividad y el crecimiento de América del Norte. La no ratificación del acuerdo no representa una alternativa viable para ninguna de las tres naciones, pues todas perderían capacidad de competir frente a las principales potencias económicas del mundo y enfrentarían costos económicos que difícilmente podrían justificar.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
