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Por: Eduardo Esquivel Ancona
El fallo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no sólo representó un triunfo jurídico para el Estado mexicano frente a la minera estadounidense Vulcan Materials Company. También volvió a colocar en la discusión pública una controversia que trasciende los tribunales: el contraste entre la atención mediática que recibió el Tramo 5 del Tren Maya y el prolongado impacto ambiental generado por la explotación de piedra caliza de Calica en Quintana Roo.
La resolución arbitral redujo prácticamente a cero las aspiraciones económicas de la empresa estadounidense. Aunque Vulcan Materials reclamaba una indemnización cercana a los 1,700 millones de dólares, el tribunal únicamente reconoció una compensación inferior al uno por ciento de esa cantidad, lo que fue interpretado por el gobierno mexicano como un respaldo a la legalidad de las medidas adoptadas para impedir la continuidad del proyecto extractivo.
Sin embargo, el desenlace jurídico volvió a poner sobre la mesa un tema que durante años alimentó el debate político: la ausencia de una movilización pública de figuras del espectáculo y activistas ambientales frente a las afectaciones provocadas por Calica, mientras que sí encabezaron campañas de gran alcance contra la construcción del Tren Maya.
Fue precisamente ese contraste el que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en 2022, al cuestionar por qué artistas que participaron en la campaña #SélvameDelTren concentraron sus críticas en la obra ferroviaria, pero no manifestaron una postura similar respecto a una explotación minera que durante décadas transformó extensas zonas de selva, humedales y cenotes en la Riviera Maya.
Cuatro décadas de extracción
La historia de Calica se remonta a finales de la década de los ochenta, cuando la empresa estadounidense estableció una sociedad con Grupo ICA para desarrollar un complejo de extracción de roca caliza en Quintana Roo destinado principalmente a abastecer el mercado de materiales para la construcción en Estados Unidos.
El proyecto recibió respaldo institucional mediante acuerdos de inversión firmados con autoridades federales y estatales, además de concesiones portuarias y autorizaciones ambientales que permitieron la expansión de sus operaciones.
Con el paso de los años, la compañía incorporó nuevos predios, entre ellos El Corchalito y La Adelita, consolidando una de las explotaciones de materiales pétreos más grandes del Caribe mexicano. Diversos sectores han señalado que estas autorizaciones, otorgadas durante administraciones federales anteriores, facilitaron una transformación significativa del entorno natural de la región.
Clausuras insuficientes
En 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó una clausura parcial temporal del proyecto de aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en los predios El Corchalito y La Adelita.
No obstante, la medida no significó el cierre definitivo de las actividades extractivas, por lo que la explotación continuó mientras persistían los cuestionamientos sobre el impacto ambiental acumulado en la zona.
Años después, al concluir la vigencia de las concesiones, el gobierno federal decidió no renovarlas. Esa determinación derivó en el conflicto internacional bajo el mecanismo de solución de controversias previsto en el Capítulo XI del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La disputa internacional
En septiembre de 2018, Vulcan Materials notificó formalmente su intención de iniciar un arbitraje contra México al considerar que las decisiones gubernamentales afectaban su inversión.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno sostuvo que las concesiones habían concluido y que no existían condiciones para permitir la continuidad de la explotación minera. El entonces presidente afirmó que la decisión respondía al cumplimiento de la ley y a la protección del patrimonio ambiental de la región.
El litigio concluyó con una resolución mayoritariamente favorable para México. Aunque el tribunal determinó que existieron aspectos relacionados con obligaciones previstas en el TLCAN, rechazó prácticamente la totalidad de la compensación económica solicitada por la empresa, limitando el pago a una cifra marginal respecto del monto originalmente reclamado.
Un debate que sigue abierto
El desenlace del caso también reactivó las críticas hacia diversas personalidades que participaron en la campaña #SélvameDelTren, entre ellas Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Ana Claudia Talancón, Regina Blandón y Aislinn Derbez.
Hasta el momento, estas figuras públicas no han emitido posicionamientos relevantes sobre la resolución del arbitraje ni sobre el historial ambiental de Calica, situación que continúa siendo utilizada por sus críticos como ejemplo de un supuesto «ambientalismo selectivo», mientras que sus simpatizantes sostienen que las causas ambientales pueden abordarse de manera independiente y no requieren pronunciarse sobre todos los conflictos ecológicos.
Más allá del debate político, el caso Calica dejó dos precedentes importantes: por un lado, la capacidad del Estado mexicano para defender sus decisiones regulatorias en un arbitraje internacional de alto impacto; por el otro, una discusión vigente sobre la consistencia de las posturas públicas frente a distintos conflictos ambientales y el papel que desempeñan activistas, celebridades y organizaciones civiles en la construcción de la agenda ecológica nacional.
