Tengo otros datos
Por: Eduardo Esquivel Ancona
El rescate del Río Lerma enfrenta un desafío ambiental y económico de grandes dimensiones. La estrategia impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum articula a los tres niveles de gobierno con investigadores de la UAM y comunidades productivas, en busca de reducir la contaminación sin destruir las fuentes de empleo que dependen de la cuenca.
El saneamiento del Río Lerma se ha convertido en uno de los proyectos ambientales de mayor relevancia para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, recuperar esta cuenca exige mucho más que limpiar el cauce: implica corregir décadas de descargas contaminantes, modernizar infraestructura hidráulica, incorporar tecnología y lograr que las actividades económicas asentadas en la región sean compatibles con la protección del medio ambiente.
El reto es particularmente complejo porque la contaminación tiene múltiples orígenes. A las descargas de aguas residuales municipales se suman vertidos industriales, residuos sólidos, azolve y una infraestructura de tratamiento que en diversos puntos opera de manera insuficiente o permanece fuera de servicio.
El Río Lerma nace en las Ciénegas de Lerma, en el Estado de México, y recorre aproximadamente 708 kilómetros a través de una de las zonas económicas y productivas más importantes del país. Su recuperación, por ello, tiene una dimensión que trasciende lo ambiental: representa una oportunidad para proteger actividades agrícolas, industriales y comerciales, además de mejorar las condiciones de vida de las comunidades asentadas en su cuenca.
Un problema ambiental con costos económicos
La contaminación del Lerma también debe analizarse como un problema económico.
Cuando una cuenca se deteriora, aumentan los costos de potabilización y tratamiento del agua, disminuye la disponibilidad del recurso para actividades productivas y se deterioran las condiciones para la agricultura. A ello se agregan los costos sanitarios y ambientales derivados de la exposición de las comunidades a cuerpos de agua contaminados.
Por esa razón, la recuperación del río puede entenderse como una inversión pública de largo plazo y no únicamente como un gasto ambiental.
El saneamiento requiere atender simultáneamente cuatro grandes frentes: las aguas residuales municipales, las descargas industriales, la acumulación de residuos y azolve, y la modernización de las plantas de tratamiento.
Uno de los principales obstáculos es precisamente la infraestructura. No basta con construir plantas: éstas deben contar con tecnología adecuada, mantenimiento permanente y, sobre todo, un esquema financiero que permita a los municipios mantenerlas funcionando.
El desafío de la industria textil
En la parte alta de la cuenca, particularmente en municipios como Santa Cruz Atizapán y Almoloya del Río, la actividad textil representa uno de los ejemplos más claros de la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental.
El teñido y lavado de prendas requiere importantes volúmenes de agua y puede generar descargas con colorantes, anilinas y otros compuestos químicos. Cuando estas aguas no reciben un tratamiento adecuado, terminan incorporándose a los sistemas hídricos de la región.
El problema es que la solución no puede reducirse a cerrar talleres.
Las pequeñas empresas textiles constituyen una fuente de ingresos para numerosas familias de la zona. Una política ambiental que ignore esta realidad podría generar un problema social y económico adicional.
La alternativa, por tanto, pasa por reconvertir los procesos productivos, reducir el consumo de agua, mejorar la maquinaria e incorporar sistemas de tratamiento que sean financieramente viables para pequeñas unidades económicas.
Ahí es donde la ciencia puede convertirse en una herramienta de política pública.
La UAM apuesta por soluciones de bajo costo
Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, trabajan en alternativas de biofiltración que buscan reducir la carga contaminante generada por las actividades textiles.
Uno de los proyectos consiste en utilizar residuos agrícolas, como el rastrojo de maíz, incorporándoles hongos capaces de actuar sobre los colorantes empleados en los procesos textiles y disminuir el color verdadero de los afluentes antes de que éstos lleguen al sistema hídrico.
La propuesta tiene una ventaja económica importante: aprovechar residuos agrícolas disponibles en la propia región para desarrollar sistemas de tratamiento accesibles y relativamente sencillos de implementar.
La lógica es convertir un residuo en un insumo para la recuperación ambiental.
Los investigadores también trabajan con microorganismos capaces de participar en la biotransformación de distintos contaminantes, incluidos hidrocarburos, pesticidas, agroquímicos y determinados metales pesados.
El objetivo final es desarrollar herramientas de remediación que puedan aplicarse progresivamente en la cuenca.
Algunas lavanderías ya cuentan con sistemas piloto, lo que abre la posibilidad de pasar de la investigación de laboratorio a soluciones aplicables directamente en las unidades productivas.
Santa Cruz Atizapán, un caso emblemático
Santa Cruz Atizapán representa uno de los puntos donde convergen los problemas ambientales y económicos del Lerma.
La actividad textil forma parte de la economía local, pero sus procesos también generan una presión sobre los recursos hídricos. Por ello, la comunidad enfrenta el desafío de conservar empleos y, al mismo tiempo, disminuir el impacto ambiental de la actividad productiva.
La incorporación de maquinaria que utiliza menos agua y la adopción de sistemas de filtración representan pasos hacia una producción más eficiente.
En términos económicos, gastar menos agua también significa utilizar de manera más eficiente un insumo fundamental para la industria. La transición ambiental, bien diseñada, puede convertirse así en una estrategia de competitividad para los pequeños productores.
Plantas de tratamiento: el otro gran pendiente
El saneamiento del Lerma tampoco podrá consolidarse mientras las plantas de tratamiento existentes permanezcan fuera de operación o resulten demasiado costosas para los municipios.
En Santa Cruz Atizapán existe una planta de tratamiento que lleva años sin funcionar, de acuerdo con información local, debido a problemas relacionados con el suministro eléctrico y el pago del servicio.
El caso revela un problema estructural: construir infraestructura no garantiza su operación.
La nueva etapa del saneamiento debe contemplar plantas con menores requerimientos energéticos, costos operativos sostenibles y esquemas financieros que permitan a los gobiernos municipales mantenerlas activas durante años.
En otras palabras, el desafío no consiste solamente en invertir en infraestructura, sino en diseñar infraestructura que pueda pagarse, mantenerse y operar de manera permanente.
Recuperar el río también significa recuperar productividad
Otro de los problemas que deberá atenderse es la proliferación del lirio acuático, además del retiro de residuos y azolve que afectan el flujo natural del agua.
La recuperación integral de la cuenca puede generar beneficios económicos indirectos: mayor disponibilidad de agua para actividades productivas, mejores condiciones para la agricultura, reducción de riesgos sanitarios y recuperación de ecosistemas que durante décadas han sufrido deterioro.
Por ello, el saneamiento del Lerma puede convertirse en un proyecto de infraestructura ambiental con efectos multiplicadores sobre la economía regional.
Más de 20 mil millones de pesos para recuperar ríos
El gobierno federal ha planteado una inversión histórica superior a los 20 mil millones de pesos durante el sexenio para impulsar el rescate de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.
La magnitud de los recursos refleja que el saneamiento de los cuerpos de agua comienza a ser considerado como una política estratégica de infraestructura y no únicamente como una acción de protección ambiental.
Pero el éxito dependerá de la coordinación.
El gobierno federal, el Estado de México, los municipios, las instituciones académicas, los empresarios y las comunidades tendrán que actuar sobre un mismo objetivo: recuperar el agua sin destruir las actividades económicas que dependen de ella.
El caso de Santa Cruz Atizapán muestra que esa conciliación es posible. Los pequeños talleres textiles pueden reducir su consumo de agua y adoptar nuevas tecnologías; los científicos pueden desarrollar soluciones de bajo costo; los municipios pueden modernizar sus sistemas de tratamiento y los gobiernos federal y estatal pueden aportar recursos y coordinación.
El saneamiento del Lerma, en consecuencia, no debe medirse únicamente por los kilómetros de río limpiados. Su verdadero éxito estará en conseguir que la recuperación ambiental sea compatible con el empleo, la producción y el bienestar de las comunidades.
La apuesta es transformar una de las cuencas más contaminadas del centro del país en un activo ambiental y económico para las próximas generaciones.
