Menos riqueza, más discurso
Durante años se sostuvo que bastaba con combatir la corrupción, redistribuir recursos y fortalecer al Estado para impulsar el desarrollo económico. Hoy los datos comienzan a mostrar una realidad más compleja y menos cómoda para el oficialismo.
La reciente caída de los ingresos tributarios y, particularmente, el desplome de casi 13% en la recaudación del ISR no es simplemente una mala cifra fiscal. Es una señal de que la economía real está perdiendo dinamismo.
Y cuando la economía pierde dinamismo, tarde o temprano las finanzas públicas también lo resienten.
- La recaudación no surge de los discursos.
- La recaudación surge de la actividad económica.
- Surge de empresas que invierten, producen y generan utilidades.
- Surge de trabajadores que obtienen mejores ingresos.
- Surge de emprendedores que crecen.
- Surge de productores que venden más.
- Cuando el ISR cae, el problema normalmente no está en el SAT.
- El problema está en la economía.
El límite de la fiscalización
Durante varios años el gobierno logró aumentar la recaudación sin realizar una reforma fiscal formal.
La explicación fue sencilla:
- mayor fiscalización;
- digitalización;
- combate a evasión;
- presión sobre grandes contribuyentes.
Pero ese modelo tiene límites.
Llega un momento en que ya no es posible recaudar crecimiento económico que no existe.
Y eso parece comenzar a reflejarse en los números de 2026.
El círculo que empieza a cerrarse
La economía crece poco.
La inversión privada se desacelera.
La confianza empresarial disminuye.
La actividad formal pierde fuerza.
Entonces:
- cae el ISR;
- disminuye la recaudación;
- aumenta la presión fiscal;
- crece el déficit;
- aumenta el endeudamiento.
Y el gobierno se ve obligado a buscar recursos adicionales para sostener compromisos crecientes.
La pregunta incómoda
¿Dónde está el origen del problema?
No es un solo factor.
Es una combinación de decisiones acumuladas:
- incertidumbre regulatoria;
- debilitamiento institucional;
- reforma judicial cuestionada;
- centralización excesiva;
- deterioro de Pemex;
- problemas financieros de CFE;
- inseguridad persistente;
- bajo crecimiento de la productividad.
La inversión no se decreta
El gobierno puede anunciar diariamente:
- soberanía;
- transformación;
- justicia social;
- rescate del pueblo.
Pero la inversión privada nacional y extranjera observa otra cosa:
- seguridad jurídica;
- Estado de derecho;
- independencia judicial;
- estabilidad regulatoria;
- cumplimiento contractual.
Cuando percibe incertidumbre, simplemente espera.
No necesariamente abandona el país.
Pero deja de invertir.
Y una inversión que se pospone tampoco genera:
- empleo;
- ISR;
- IVA;
- consumo;
La reforma judicial también tiene consecuencias económicas
Durante meses se insistió en presentar la reforma judicial como un asunto exclusivamente político y democrático con perfiles afines.
No lo es.
Los inversionistas observan:
- tribunales;
- ejecución de sentencias;
- recuperación de garantías;
- protección de la propiedad;
- estabilidad institucional.
Y observan también:
- una reforma judicial que ya requiere una reforma correctiva;
- una elección judicial ahora para el año 2028;
- un Tribunal de Disciplina del que nadie sabe exactamente cómo opera, pues hay hermetismo y silencio sobre sus actividades de manera pública;
- un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que sigue sin consolidarse a nivel nacional;
- ausencia de métricas obligatorias de desempeño judicial;
- ausencia de sanciones efectivas por dilación.
La consecuencia es simple:
más incertidumbre.
El problema de fondo: producir riqueza
Aquí aparece una diferencia fundamental.
Un país puede distribuir riqueza.
Pero primero debe generarla.
Y eso exige:
- inversión;
- productividad;
- innovación;
- crédito;
- energía competitiva;
- instituciones funcionales.
Ningún país se desarrolló repartiendo recursos sin aumentar simultáneamente su capacidad productiva.
Los programas sociales pueden aliviar necesidades.
Pero no sustituyen:
- inversión;
- empleo formal;
- crecimiento;
El costo de oportunidad
México destina cada vez más recursos a transferencias sociales.
La discusión no es si deben existir.
La discusión es si se está descuidando simultáneamente:
- infraestructura;
- salud;
- educación;
- ciencia;
- tecnología;
- seguridad;
- modernización judicial.
Porque cuando la recaudación se desacelera, el presupuesto se vuelve más rígido.
Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder:
¿Qué se va a recortar cuando el dinero ya no alcance para todo?
Pemex y CFE vuelven a aparecer
El problema fiscal tampoco puede analizarse sin considerar:
- las pérdidas recurrentes de Pemex;
- las dificultades financieras de CFE;
- la dependencia creciente de apoyo gubernamental.
Pemex sigue absorbiendo recursos públicos mientras enfrenta:
- menor producción;
- accidentes operativos;
- alta deuda;
- cambios frecuentes en su dirección.
Y la salida de su director general tras poco más de un año refuerza la percepción de improvisación y de decisiones basadas más en cercanía política que en resultados verificables. El mismo Carlos Slim en su conferencia anual señala el gran problema que es Pemex.
¿Quién asume la responsabilidad?
Aquí aparece otro problema.
Cuando:
- la reforma judicial requiere correcciones;
- la inversión se desacelera;
- Pemex pierde dinero;
- la recaudación cae;
- el crecimiento es bajo;
la pregunta natural sería:
¿quién asume responsabilidad por los errores?
La percepción creciente es que:
- las decisiones se centralizan;
- los costos se socializan;
- pero las responsabilidades se diluyen.
La justicia social también requiere crecimiento
La verdadera justicia social no consiste únicamente en transferir recursos.
Consiste en construir un entorno donde millones de personas puedan:
- trabajar;
- emprender;
- invertir;
- producir;
La justicia social sostenible necesita crecimiento económico.
Y el crecimiento económico necesita confianza.
La riqueza no nace de los discursos
La narrativa política puede sostener popularidad durante un tiempo.
Pero no sustituye:
- productividad;
- inversión;
- instituciones;
- Estado de derecho.
Y cuando esas variables comienzan a deteriorarse, la recaudación termina reflejando la misma realidad que perciben empresarios, trabajadores y consumidores.
México enfrenta un desafío mucho más profundo que una caída temporal en los ingresos tributarios.
Lo que comienza a observarse es el agotamiento gradual de un modelo que privilegia la redistribución sobre la generación de riqueza.
Porque al final, ningún gobierno puede distribuir indefinidamente lo que una economía deja de producir.
La riqueza puede repartirse una vez.
El crecimiento debe generarse todos los días.
Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM E.N.R.
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros y financiamiento productivo.
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