
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se encuentra bajo escrutinio público luego de que se revelara que un presunto líder de una red de huachicol fiscal, detenido por autoridades federales, era cliente del despacho de abogados de su padre, Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a transferencias por millones de pesos hacia la firma familiar del mandatario.
El empresario Jesús Ricardo Puente, señalado por autoridades federales como presunto integrante de la red conocida como “Los Petrofactureros”, fue detenido durante un operativo de la FGR en Nuevo León, de acuerdo con información oficial y reportes periodísticos.
Dicha organización criminal, presuntamente encabezada por Puente, estaría integrada por cerca de 40 empresas fachada dedicadas a simular operaciones logísticas para encubrir el contrabando de combustible y el lavado de dinero.
Las indagatorias señalan que el detenido contrató servicios profesionales del bufete jurídico propiedad del padre del gobernador, por los cuales habría pagado más de 15 millones de pesos.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, la empresa Maquiladora de Lubricantes, de la que Puente es accionista y administrador único, realizó pagos por 15 millones 59 mil 957 pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. El medio indicó que las facturas fueron verificadas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que permanecen vigentes.
La parte confirmada por los reportes sobre la FGR corresponde a la detención del empresario y al contexto de la investigación contra una red empresarial presuntamente vinculada al huachicol. Por su parte, el vínculo con el despacho jurídico deriva de la revisión documental publicada por Reforma.
Estas revelaciones ocurren pocos días después de que legisladores de Morena en Nuevo León presentaran una denuncia formal ante la FGR contra Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez. En la querella se les acusa de presunto peculado, lavado de dinero y triangulación de recursos públicos, por lo que integrantes de la oposición han exigido públicamente que el gobernador se separe del cargo mientras avanzan las investigaciones.
Domo de Cristal
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