Las matemáticas no cuadran. Y cuando las matemáticas no cuadran, las marchas se multiplican.
México está entrando en una etapa particularmente delicada, en la que cada vez más grupos descubren que la presión política resulta más efectiva que la planeación institucional.
La CNTE exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
Los jubilados de Pemex y CFE lograron revertir parcialmente los límites impuestos a sus pensiones.
Diversos sectores presionan para obtener subsidios, apoyos, excepciones o beneficios prometidos durante campañas electorales.
Y el gobierno enfrenta una realidad incómoda: prometer es sencillo; financiar las promesas es otra historia.
Lo más preocupante no es la protesta. La protesta forma parte de cualquier democracia. Lo preocupante es que las movilizaciones comienzan a convertirse en el mecanismo para corregir decisiones mal diseñadas, insuficientemente analizadas o políticamente improvisadas.
Cuando una ley, un decreto o una reforma son técnicamente sólidos, sus efectos suelen ser previsibles. Cuando no lo son, aparecen las marchas.
Y las marchas terminan funcionando como auditorías callejeras de políticas públicas mal calculadas.
Sin embargo, existe una pregunta que rara vez se formula:
¿Quién paga el costo de esos errores?
Cada bloqueo de vialidades genera pérdidas para comercios, transporte, logística, servicios y productividad.
Cada cierre de aeropuertos o carreteras afecta a terceros que nada tuvieron que ver con el conflicto.
Cada plantón implica costos económicos que normalmente absorben ciudadanos, trabajadores y empresas privadas.
Pero prácticamente nunca existe responsabilidad patrimonial para quienes diseñaron mal la política pública que detonó el conflicto.
La factura la pagan otros.
Y ahí aparece una asimetría cada vez más evidente.
Los grupos organizados tienen capacidad de presión.
El contribuyente formal no.
Los sindicatos bloquean.
Los grupos de interés negocian.
Los pensionados presionan.
Las organizaciones se movilizan.
Pero el pequeño y mediano empresario, el profesionista, el comerciante y el contribuyente cautivo suelen recurrir a los mecanismos institucionales:
Presentan recursos.
Promueven amparos.
Acuden a tribunales.
Solicitan audiencias.
Entregan escritos.
Y, con demasiada frecuencia, encuentran procedimientos burocratizados, respuestas tardías, desechamientos por formalismos, expedientes que no avanzan o resoluciones que tardan años en ejecutarse.
La diferencia es brutal.
Un grupo organizado puede paralizar una ciudad y sentarse a negociar.
El contribuyente formal suele esperar meses o años para obtener una respuesta institucional.
Por eso, el problema ya no es únicamente fiscal o pensionario. Es un problema de confianza institucional.
Porque mientras la presión política genera resultados inmediatos, los canales institucionales continúan perdiendo credibilidad entre quienes producen, invierten, generan empleo y pagan impuestos.
Y las matemáticas siguen sin cuadrar:
México envejece.
Más de 17 millones de personas tienen hoy más de 60 años.
La informalidad supera el 55 % de la población ocupada.
El gasto pensionario consume una porción creciente del presupuesto.
Las pensiones promedio del IMSS rondan los 15 mil pesos mensuales, mientras diversos regímenes especiales del sector público continúan muy por encima de esa cifra.
La inversión privada permanece cautelosa.
La productividad avanza lentamente.
Y la certeza jurídica sigue siendo cuestionada por inversionistas nacionales y extranjeros.
Nada de eso se resuelve con una marcha.
Pero tampoco se resuelve ignorando los costos de políticas mal diseñadas.
La verdadera pregunta es quién asumirá la responsabilidad por los errores de cálculo.
Porque cuando una reforma fracasa, cuando una promesa resulta financieramente inviable o cuando una política pública genera más problemas de los que resuelve, en México casi nunca hay responsables.
Solo existe una nueva negociación.
Una nueva marcha.
Y una nueva factura que termina pagando alguien más.
Las matemáticas no cuadran.
Por eso las marchas se multiplican.
Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
