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Por: Eduardo Esquivel Ancona
El expresidente que hoy cuestiona la democracia mexicana dejó como legado un rescate bancario convertido en deuda pública, la privatización de sectores estratégicos, el debilitamiento del poder adquisitivo y episodios de violencia de Estado. Sin embargo, algunos intelectuales que prosperaron bajo el modelo neoliberal lo presentan como referente democrático y defensor de las libertades.
La reivindicación de Ernesto Zedillo como un gran demócrata por parte de intelectuales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín abre un debate que va más allá de las diferencias ideológicas: ¿con qué parámetros se mide la democracia? ¿Basta con reconocer la alternancia electoral mientras se ignoran las consecuencias económicas, sociales y políticas de las decisiones de gobierno?
Resulta contradictorio que quienes hoy presentan al expresidente como un referente de las instituciones democráticas omitan revisar el costo que pagaron millones de mexicanos durante su administración (1994-2000). Porque la democracia no puede reducirse a elecciones y alternancia partidista; también debe considerar la justicia social, la distribución de la riqueza, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
El problema de la narrativa que construyen algunos intelectuales es que parece separar deliberadamente la supuesta apertura política de las decisiones económicas y de los episodios de represión que marcaron aquel sexenio.
FOBAPROA: SOCIALIZAR LAS PÉRDIDAS Y PRIVATIZAR LAS GANANCIAS
Uno de los mayores pasivos del legado de Zedillo es el rescate bancario mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). En medio de la crisis financiera de 1994-1995, su gobierno impulsó un mecanismo que terminó convirtiendo obligaciones del sistema financiero privado en deuda respaldada por el Estado.
En términos económicos, el problema fue profundamente desigual: mientras los beneficios de la actividad bancaria permanecieron en manos privadas, una parte sustancial de las pérdidas y obligaciones terminó trasladándose a las finanzas públicas. Los contribuyentes mexicanos asumieron una carga que continúa repercutiendo en el presupuesto nacional.
Tres décadas después, el rescate no es un capítulo cerrado. Los pasivos netos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) alcanzaron 1.017 billones de pesos al primer trimestre de 2026, equivalentes a 2.86 por ciento del PIB.
Para 2027, el Paquete Económico contempla 48 mil millones de pesos destinados a obligaciones financieras relacionadas con este rescate.
Es decir, generaciones de mexicanos continúan pagando las consecuencias de una decisión tomada bajo el argumento de preservar la estabilidad del sistema financiero. La pregunta es inevitable: ¿dónde quedó la responsabilidad de quienes se beneficiaron de aquel salvamento?
Para los defensores de Zedillo, el Fobaproa parece ocupar un lugar secundario frente a su supuesta contribución democrática. Para millones de familias, en cambio, representa uno de los ejemplos más contundentes de cómo el modelo neoliberal protegió intereses financieros privados con recursos públicos.
PRIVATIZACIÓN BANCARIA Y RECOMPENSAS EN EL SECTOR PRIVADO
La trayectoria de Zedillo también debe examinarse a partir de su participación en el proceso de transformación del sistema financiero mexicano.
Como integrante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente como presidente, estuvo vinculado a la consolidación del modelo de apertura económica y privatización que modificó la estructura de sectores estratégicos.
La banca mexicana, privatizada durante el sexenio salinista, terminó atravesando un proceso de rescate y posterior reconfiguración que favoreció una creciente participación de capital extranjero. Buena parte del sistema financiero quedó bajo el control de grandes corporaciones internacionales.
La paradoja política resulta evidente: mientras se habla de soberanía democrática, las decisiones económicas de aquella época facilitaron que instituciones fundamentales para el financiamiento de empresas y familias mexicanas quedaran bajo el control de grupos financieros extranjeros.
Años después de abandonar la Presidencia, Zedillo se incorporó al consejo de administración de Citigroup, corporación estadounidense vinculada durante años con Banamex. Su trayectoria posterior en el sector financiero internacional alimentó cuestionamientos sobre las puertas giratorias entre el poder público y los grandes intereses privados.
Las remuneraciones que recibió por su participación en el corporativo, de acuerdo con las cifras difundidas sobre sus primeros años como consejero, superaron los tres millones de dólares entre compensaciones, bonos y acciones.
No se trata de afirmar que una incorporación empresarial demuestre por sí misma una conducta ilegal. El cuestionamiento es político y ético: ¿Cómo explicar que un expresidente que participó en decisiones que transformaron la banca mexicana terminara ocupando posiciones de privilegio en una de las grandes corporaciones financieras beneficiadas por la internacionalización del sector?
LOS FERROCARRILES: UN NEGOCIO PRIVADO Y EL ABANDONO DEL PASAJERO
Otro capítulo fundamental fue la privatización ferroviaria. Durante el gobierno de Zedillo se profundizó la transformación de Ferrocarriles Nacionales de México mediante reformas constitucionales y un esquema de concesiones a empresas privadas.
La promesa era modernizar el sector, atraer inversiones y elevar su competitividad. Sin embargo, el resultado también tuvo consecuencias sociales profundas.
A partir de 1997, prácticamente desaparecieron los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia, mientras las empresas concesionarias concentraron sus esfuerzos en el transporte de mercancías, considerado más rentable.
Trenes emblemáticos como El Regiomontano, El Tapatío y El Jarocho dejaron de recorrer las vías mexicanas. Numerosas comunidades perdieron una alternativa de transporte accesible y miles de trabajadores enfrentaron las consecuencias de la reestructuración del sector.
El mercado terminó concentrado en grandes operadores privados, entre ellos Ferromex y Ferrosur, vinculados con Grupo México, así como Kansas City Southern de México, posteriormente integrada en Canadian Pacific Kansas City.
La historia adquiere otra dimensión cuando se recuerda que, después de concluir su mandato presidencial, Zedillo se incorporó al consejo de administración de Union Pacific, compañía ferroviaria estadounidense relacionada con el sector que había sido objeto de concesiones durante su administración.
De nueva cuenta, aparece una pregunta incómoda: ¿por qué los defensores del expresidente destacan su supuesta visión democrática, pero no consideran necesario discutir los beneficios privados y las consecuencias públicas del proceso de privatización?
POBREZA, DESEMPLEO Y PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO
La crisis económica de 1994-1995 fue uno de los episodios más devastadores para la economía familiar en la historia contemporánea de México.
La devaluación del peso, el desplome del crédito, las elevadas tasas de interés y la inflación provocaron una profunda contracción del poder adquisitivo. Millones de familias enfrentaron desempleo, endeudamiento y pérdida de patrimonio.
Aunque la crisis tuvo antecedentes y factores acumulados durante la administración anterior, Zedillo encabezó la respuesta gubernamental y las decisiones económicas que marcaron la recuperación posterior.
La pobreza registró un fuerte incremento durante los primeros años de su gobierno. El deterioro de los ingresos y la precarización laboral empujaron a numerosas personas hacia la economía informal, mientras los salarios enfrentaban dificultades para recuperar el terreno perdido.
La estabilidad macroeconómica que posteriormente presumió el modelo neoliberal no puede analizarse sin considerar el costo social que implicó su construcción.
Porque una economía no puede calificarse de exitosa únicamente por sus indicadores financieros cuando millones de personas tienen que sobrevivir con ingresos insuficientes y empleos precarios.
REPRESIÓN Y VIOLENCIA: EL OTRO LADO DEL SEXENIO
La narrativa que presenta a Zedillo como un demócrata ejemplar también enfrenta un problema cuando se revisan los episodios de violencia política y represión ocurridos durante su administración.
Las masacres de Aguas Blancas, en Guerrero, el 28 de junio de 1995, y Acteal, en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, constituyen heridas profundas en la historia nacional.
A estos episodios se suman los hechos violentos de El Charco, Guerrero, el 7 de junio de 1998, y El Bosque, Chiapas, el 10 de junio de ese mismo año.
También permanece el conflicto chiapaneco y el incumplimiento de las expectativas generadas por los acuerdos de San Andrés, que habían abierto una posibilidad histórica para reconocer los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas.
Cada uno de estos acontecimientos tiene circunstancias, responsabilidades y procesos judiciales propios que deben examinarse con rigor. Sin embargo, todos forman parte del contexto político de un gobierno que hoy algunos pretenden convertir en ejemplo incuestionable de democracia.
La democracia no puede defenderse selectivamente. No basta con hablar de alternancia electoral mientras se minimizan las violaciones a los derechos humanos, la violencia contra comunidades indígenas y campesinas y la falta de justicia para las víctimas.
KRAUZE Y AGUILAR CAMÍN: ¿DEMOCRACIA O NOSTALGIA POR EL NEOLIBERALISMO?
Enrique Krauze ha reivindicado la figura de Zedillo como un personaje relevante para la transición democrática mexicana, llegando a compararlo, en sus reflexiones históricas, con figuras fundamentales de la vida política nacional.
Héctor Aguilar Camín también ha reconocido el papel del expresidente en la apertura política y en la consolidación de la pluralidad electoral.
El argumento central de esta reivindicación es que Zedillo contribuyó a construir condiciones para la alternancia que finalmente permitió al PRI perder la Presidencia en el año 2000.
Sin embargo, reconocer ese episodio no obliga a convertir todo su gobierno en un modelo de virtud democrática. La alternancia electoral fue resultado de un proceso histórico mucho más amplio, impulsado por décadas de luchas sociales, reformas electorales y participación ciudadana.
Tampoco puede ignorarse que algunos de los intelectuales que hoy reivindican aquella administración desarrollaron sus carreras en un entorno de cercanía con los gobiernos neoliberales y de acceso a espacios institucionales y recursos públicos. Esa relación merece transparencia y escrutinio, sin que ello sustituya la evaluación de sus argumentos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado precisamente esa idealización del pasado. Su crítica apunta a una visión de democracia que, desde su perspectiva, confunde la defensa de las instituciones con la protección de los privilegios económicos y políticos que se consolidaron durante el neoliberalismo.
EL EXPRESIDENTE QUE HOY CUESTIONA LA DEMOCRACIA MEXICANA
En su reciente participación en Madrid, durante el encuentro por los 25 años de Letras Libres España, Zedillo afirmó que México ya no cuenta con una democracia y calificó al sistema político actual como una autocracia electoral.
Sus declaraciones pretenden colocar al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo el cuestionamiento internacional. Sin embargo, antes de aceptar sus diagnósticos como verdades incuestionables, resulta indispensable revisar su propia trayectoria y las consecuencias de las decisiones que tomó cuando tuvo el poder.
¿Con qué autoridad histórica se presenta como juez de la democracia un expresidente cuyo gobierno dejó una deuda bancaria de dimensiones extraordinarias, profundizó la privatización de sectores estratégicos y estuvo marcado por episodios de violencia contra la población?
La discusión no consiste en negar los avances electorales que pudieron producirse durante su administración. Consiste en rechazar que esos avances sean utilizados como una especie de certificado de impunidad histórica.
LA DEMOCRACIA TAMBIÉN SE MIDE POR EL BIENESTAR DEL PUEBLO
El caso de Ernesto Zedillo demuestra que la democracia no puede evaluarse exclusivamente desde la perspectiva de las élites políticas, empresariales o intelectuales.
Una democracia que permite socializar pérdidas privadas, concentrar sectores estratégicos, debilitar el ingreso de los trabajadores y dejar episodios de violencia sin justicia enfrenta contradicciones que no desaparecen por el simple reconocimiento de una alternancia electoral.
Por eso resulta cuestionable que Krauze, Aguilar Camín y otros representantes del pensamiento neoliberal presenten a Zedillo como un referente democrático mientras relegan los costos económicos y sociales de su administración.
El expresidente tiene derecho a expresar sus opiniones sobre el rumbo político de México. Pero también debe aceptar que su propio historial sea sometido al mismo escrutinio que hoy pretende ejercer sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La historia no se escribe únicamente con discursos, reconocimientos o elogios de intelectuales. También se construye con las consecuencias de las decisiones gubernamentales y con la memoria de quienes pagaron sus costos.
El verdadero balance del sexenio de Zedillo no puede limitarse a quién ganó las elecciones en el año 2000. También debe responder quién pagó el Fobaproa, quién se benefició de las privatizaciones, quién perdió su empleo, quién vio deteriorarse su patrimonio y quién sufrió la violencia del Estado.
Llamarlo demócrata sin discutir esas responsabilidades no es un ejercicio completo de memoria histórica: es una reivindicación política selectiva del neoliberalismo.
