Tengo otros datos
Por: Eduardo Esquivel Ancona
De las disputas fiscales con el SAT a los litigios internacionales de TV Azteca, el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego enfrenta una acumulación de frentes legales y financieros que cuestionan la solidez de su modelo empresarial.
Ricardo Salinas Pliego construyó durante décadas uno de los grupos empresariales más visibles de México. Grupo Salinas tiene presencia en televisión, comercio minorista, servicios financieros, telecomunicaciones, entretenimiento y otros negocios. Sin embargo, detrás de esa imagen de empresario exitoso existe un expediente mucho menos cómodo: disputas fiscales de enorme magnitud, litigios con inversionistas, controversias regulatorias, operaciones corporativas cuestionadas y empresas que actualmente buscan protección judicial frente a sus acreedores.
El punto central no es si Salinas Pliego tiene empresas, activos o una de las mayores fortunas de México. Los tiene. La cuestión económica es otra: qué tan sostenible resulta un modelo empresarial cuando una parte creciente de su energía financiera y jurídica está concentrada en defenderse de acreedores, autoridades fiscales y tribunales.
Y en 2026 esa pregunta dejó de ser solamente teórica.
TV Azteca: el nuevo frente financiero
El caso más reciente es TV Azteca.
La televisora enfrenta un prolongado conflicto con los tenedores de bonos emitidos en 2017 por alrededor de 400 millones de dólares. La empresa dejó de pagar esos bonos y el litigio encabezado por The Bank of New York Mellon continúa en tribunales estadounidenses. En paralelo, TV Azteca inició en México un proceso de concurso mercantil para reestructurar sus obligaciones.
A este expediente se agregó una operación que ha despertado nuevas preguntas: un crédito por 290 millones de dólares contratado con AlterBank, institución financiera establecida en Santa Lucía.
De acuerdo con investigaciones de El Faro y Armando.info, retomadas por medios internacionales, AlterBank tenía una estructura operativa pequeña y un capital reducido cuando se concretó el financiamiento. Los acreedores de TV Azteca han cuestionado ante tribunales estadounidenses las condiciones de esa operación y han planteado que podría haber tenido efectos preferenciales frente a otros acreedores.
Es importante precisar que esas acusaciones forman parte de un litigio y no equivalen a una sentencia que determine que el préstamo fue fraudulento. Grupo Salinas ha rechazado las irregularidades y sostiene que la reestructuración responde a una estrategia legal y financiera para preservar la operación de la compañía.
Pero desde una perspectiva empresarial, el problema es igualmente relevante aunque se elimine cualquier conclusión penal: una televisora que necesita recurrir a un proceso concursal mientras enfrenta a sus bonistas y, simultáneamente, debe explicar ante tribunales extranjeros la naturaleza de un financiamiento de 290 millones de dólares, difícilmente puede presentar su situación financiera como un episodio menor.
En julio pasado, La Jornada reportó que TV Azteca tenía alrededor de 600 acreedores y que 228 llevaban al menos un mes sin cobrar. El mismo expediente registra el conflicto por los bonos de 2017 y las controversias en torno al préstamo de AlterBank.
Cinco filiales buscan protección judicial
La presión financiera tampoco se limita a la televisora.
El 18 de septiembre de 2026, cinco sociedades vinculadas con TV Azteca solicitaron concurso mercantil voluntario: Servicios Mantenimiento del Futuro en Televisión, Lasimex, Inmobiliaria Roca del Pedregal, Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca. Las solicitudes fueron presentadas ante un juzgado federal especializado en concursos mercantiles con el argumento de enfrentar problemas para cubrir sus obligaciones.
Dos de esas compañías están relacionadas con el negocio de apuestas y casinos en línea.
El dato tiene importancia económica porque un concurso mercantil no significa automáticamente quiebra ni desaparición de una empresa. Es un mecanismo previsto por la legislación mexicana para intentar reestructurar obligaciones, negociar con acreedores y preservar, cuando resulte viable, la continuidad empresarial.
Pero cinco solicitudes simultáneas sí constituyen una señal de estrés financiero que merece ser analizada, especialmente cuando ocurren dentro de un conglomerado que ya enfrenta un litigio internacional de gran magnitud.
El antecedente que marcó a Salinas Pliego en Estados Unidos
Las controversias financieras de Salinas Pliego no comenzaron con AlterBank.
Uno de los antecedentes más importantes se remonta a Unefon.
Documentos de la propia Securities and Exchange Commission (SEC) muestran que Codisco Investments, sociedad en la que Ricardo Salinas Pliego y Moisés Saba tenían participaciones indirectas, adquirió por 107 millones de dólares una deuda de Unefon cuyo valor nominal era de aproximadamente 325 millones de dólares. Posteriormente, la deuda fue reestructurada y pagada.
La SEC presentó una demanda en la que sostuvo que Salinas Pliego y otros ejecutivos habían ocultado información relevante a los inversionistas sobre la operación y sobre sus intereses económicos en Codisco. El expediente estadounidense documentó, además, que Salinas y Saba obtuvieron aproximadamente 109 millones de dólares cada uno.
En 2006, Salinas Pliego llegó a un acuerdo con la SEC por 7.5 millones de dólares. El acuerdo se realizó sin admitir ni negar las acusaciones, una precisión indispensable al reconstruir el episodio.
El caso dejó una lección que continúa siendo relevante: en los mercados financieros, la transparencia sobre operaciones con partes relacionadas no es un asunto accesorio. Es parte esencial de la confianza de los inversionistas.
La disputa fiscal: el otro gran problema
El segundo gran frente es el fiscal.
Grupo Elektra ha mantenido durante años una batalla jurídica contra el Servicio de Administración Tributaria por diversos créditos fiscales.
En 2025, documentos de la Suprema Corte registraron dos litigios promovidos por Elektra cuyos créditos, considerados conjuntamente, superaban los 34 mil millones de pesos, incluyendo impuestos, multas, actualizaciones y recargos.
La dimensión económica de estos litigios es considerable.
No se trata simplemente de una diferencia contable entre una empresa y el gobierno. Para cualquier conglomerado, obligaciones fiscales de decenas de miles de millones de pesos tienen efectos sobre liquidez, estructura de capital, capacidad de inversión y percepción de riesgo.
La defensa jurídica de las empresas es, por supuesto, un derecho. Presentar amparos y recursos tampoco constituye por sí mismo una conducta ilícita.
El problema empresarial aparece cuando la disputa fiscal se convierte en una variable estructural de las finanzas corporativas.
Durante años, Grupo Salinas ha sostenido que las autoridades han actuado políticamente en su contra y ha defendido la legalidad de sus operaciones. La empresa, por tanto, mantiene una posición abiertamente distinta a la de las autoridades fiscales.
Lo que sí puede afirmarse objetivamente es que los litigios fiscales han alcanzado una magnitud extraordinaria y que han obligado al conglomerado a destinar recursos, tiempo directivo y capacidad jurídica a defender su posición.
El episodio de Canal 40
También existe un antecedente que forma parte de la historia empresarial de Salinas Pliego: el conflicto por CNI Canal 40 y la toma de sus instalaciones en el Cerro del Chiquihuite en 2002.
Aquel episodio derivó en una intensa disputa empresarial, política y jurídica con Javier Moreno Valle y terminó con la incorporación de la frecuencia a la estructura de TV Azteca.
Más allá de las diferentes interpretaciones sobre aquel conflicto, el episodio se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de la expansión de la televisora.
Para evaluar la trayectoria de un empresario no basta con contabilizar adquisiciones y crecimiento patrimonial. También es necesario observar cómo se resolvieron las disputas corporativas, regulatorias y contractuales que acompañaron esa expansión.
Imevisión y el origen de TV Azteca
La propia historia de TV Azteca también está atravesada por controversias.
Salinas Pliego obtuvo en 1993 el control de las empresas que posteriormente conformarían TV Azteca durante la privatización de Imevisión.
Años después surgieron cuestionamientos alrededor de un financiamiento relacionado con Raúl Salinas de Gortari para completar la operación de compra.
Este episodio ha sido objeto de investigaciones y controversias durante décadas y forma parte de los cuestionamientos históricos sobre el origen del conglomerado.
No obstante, cualquier reconstrucción periodística responsable debe distinguir entre acusaciones, investigaciones, resoluciones administrativas y sentencias judiciales, porque no todas tienen el mismo peso jurídico.
El problema de fondo: crecer no es lo mismo que crear valor sostenible
Aquí aparece el punto económico más interesante.
Salinas Pliego suele ser presentado como ejemplo del empresario mexicano que desafió al sistema, construyó grandes negocios y acumuló una enorme fortuna.
Pero el tamaño de un conglomerado no necesariamente equivale a su salud financiera.
Un grupo empresarial puede ser gigantesco y, al mismo tiempo, enfrentar problemas de liquidez, altos niveles de litigiosidad, deterioro de activos, dificultades para refinanciar deuda o conflictos con sus acreedores.
El verdadero indicador de éxito empresarial no es solamente cuánto vale un empresario en un determinado momento.
También importa:
- cuánto flujo de efectivo generan las compañías;
- qué nivel de endeudamiento mantienen;
- cuánto cuesta financiarse;
- qué tan diversificados están sus ingresos;
- cuánto capital requieren sus negocios para sobrevivir;
- qué relación mantienen con sus acreedores;
- qué contingencias fiscales enfrentan;
- y cuánto valor reciben finalmente los accionistas.
Bajo esos criterios, el expediente reciente de Grupo Salinas merece mucho más escrutinio que la simple etiqueta de «magnate».
FAW y otros negocios que no alcanzaron las expectativas
La expansión de Grupo Salinas también ha tenido proyectos que no produjeron los resultados esperados.
Uno de los casos más conocidos fue la alianza con la automotriz china FAW para comercializar vehículos económicos en México y desarrollar una planta en Michoacán.
El proyecto no logró consolidarse y terminó abandonado.
El episodio es significativo porque demuestra que la capacidad de expansión financiera no garantiza el éxito operativo.
Lo mismo puede decirse del futbol profesional. La incursión de Grupo Salinas en equipos como Monarcas Morelia y posteriormente Mazatlán FC ha generado una exposición importante de la marca, pero no ha producido una trayectoria deportiva consistente que pueda presentarse como uno de los grandes éxitos empresariales del grupo.
La fortuna también puede crecer y deteriorarse
Otro elemento que conviene observar es el comportamiento del patrimonio de Salinas Pliego.
Las fortunas empresariales dependen del valor de las acciones, de las empresas privadas, de las condiciones de los mercados financieros y de las expectativas sobre los negocios.
Por eso, una reducción patrimonial no significa automáticamente que un empresario haya fracasado.
Pero también es incorrecto utilizar una fortuna multimillonaria como prueba suficiente de éxito empresarial.
La riqueza acumulada es una fotografía; la capacidad de generar valor sostenible es una película.
Y la película reciente de Grupo Salinas está llena de litigios, reestructuraciones y conflictos financieros que no pueden ignorarse.
El discurso político frente al balance empresarial
Salinas Pliego se ha convertido además en uno de los empresarios mexicanos más críticos de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Su discurso reivindica con frecuencia la libertad económica, la propiedad privada, el emprendimiento y una visión profundamente crítica del Estado.
Ese posicionamiento político es legítimo.
Pero existe una contradicción que merece ser examinada desde el terreno económico: quien reclama un Estado pequeño, reglas claras y respeto irrestricto a los contratos también debe aceptar que las obligaciones fiscales, los compromisos financieros y los derechos de los acreedores forman parte de las mismas reglas de mercado.
La libertad empresarial no significa libertad para desconocer obligaciones.
Tampoco significa que un empresario deje de tener derecho a litigar. Significa que, cuando existen controversias, debe prevalecer el Estado de derecho y que cada parte debe responder por sus obligaciones conforme a las resoluciones judiciales correspondientes.
¿Empresario exitoso o empresario bajo presión?
La pregunta no debería responderse con propaganda ni con simpatías políticas.
Los datos muestran una realidad más compleja.
Salinas Pliego construyó un conglomerado de dimensiones extraordinarias y acumuló una fortuna considerable. Eso es un hecho.
También es un hecho que sus empresas han enfrentado litigios fiscales multimillonarios, conflictos con inversionistas, sanciones y acuerdos regulatorios en Estados Unidos, procesos de reestructuración y, en 2026, solicitudes de concurso mercantil de cinco filiales de TV Azteca.
En el caso de TV Azteca, además, continúa abierto el litigio en Estados Unidos relacionado con los bonos y con el financiamiento de 290 millones de dólares contratado con AlterBank. Un tribunal federal de Nueva York mantiene activo el procedimiento iniciado por The Bank of New York Mellon.
Por ello, el relato del empresario invulnerable y permanentemente exitoso resulta difícil de sostener sin matices.
La dimensión de un imperio empresarial no elimina sus problemas financieros. Y una gran fortuna no convierte automáticamente a su propietario en un modelo de gestión.
El verdadero balance de Grupo Salinas tendrá que medirse en los próximos años: cuánto de su deuda logra reestructurar, cuánto termina pagando a sus acreedores, cómo resuelve sus contingencias fiscales, qué empresas consiguen recuperar rentabilidad y qué valor económico consigue preservar.
Hasta entonces, más que un empresario sin fisuras, Ricardo Salinas Pliego representa un caso particularmente relevante para estudiar los límites, riesgos y contradicciones del capitalismo empresarial mexicano cuando el crecimiento patrimonial convive con una elevada litigiosidad fiscal, financiera y corporativa.
