Así lo dice La Mont
Origen: La Organización de las Naciones Unidas atraviesa una asfixia financiera sin precedentes que compromete su viabilidad operativa, justo cuando se aproxima el relevo en la Secretaría General. La administración de António Guterres concluye su ciclo en medio de un déficit crónico que obliga al organismo a congelar contrataciones, recortar misiones de paz y limitar algunas de sus funciones más elementales.
Esta parálisis no responde únicamente a una inercia burocrática, sino que expone una crisis sistémica del multilateralismo de posguerra, incapaz de mediar con eficacia en conflictos como los de Ucrania, Medio Oriente o el Sahel. La insolvencia económica desnuda una crisis de legitimidad mucho más profunda: el andamiaje institucional fundado en 1945 carece hoy del músculo político para hacer cumplir sus resoluciones y de los recursos suficientes para sostener su infraestructura básica.
Guterres heredará a su sucesor una organización endeudada, con autoridad política disminuida y maniatada por un Consejo de Seguridad permanentemente bloqueado, donde las tensiones geoeconómicas han convertido las finanzas de la ONU en un campo de batalla subsidiario. Quien asuma las riendas del organismo internacional enfrentará la titánica tarea de gestionar no solo una transición de liderazgo, sino también la supervivencia operativa de una institución sometida a una creciente pérdida de capacidad de acción.
El incumplimiento de las cuotas ordinarias por parte de algunos de los principales países miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Estados Unidos y China, no puede reducirse a un problema administrativo o de liquidez. Washington ha utilizado históricamente la retención o demora de sus contribuciones como una herramienta de presión dentro del sistema multilateral. Estados Unidos aporta más de una quinta parte del presupuesto ordinario de la organización, por lo que cualquier retraso tiene efectos significativos sobre las finanzas de Naciones Unidas.
Por su parte, China se ha consolidado como uno de los principales contribuyentes tanto al presupuesto ordinario como al financiamiento de las operaciones de mantenimiento de la paz. Su creciente peso financiero también se traduce en una mayor capacidad de incidencia dentro de la arquitectura multilateral y en la definición de prioridades internacionales.
De este modo, el poder de las grandes potencias trasciende el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y alcanza también el terreno presupuestario. Cuando las diferencias políticas se trasladan al financiamiento, la capacidad de maniobra de la organización queda limitada y el principio de autonomía institucional se debilita.
La pugna por el relevo en la Secretaría General reabre, además, la discusión entre el principio de rotación regional y la necesidad de elegir un perfil con experiencia diplomática y capacidad para gestionar crisis internacionales de alta complejidad.
Aunque el criterio de rotación geográfica apuntaría hacia Europa del Este —la única región que no ha encabezado la organización—, el contexto de confrontación entre Rusia y las potencias occidentales dificulta la construcción de consensos en torno a una candidatura proveniente de esa zona. América Latina aparece así como otra posibilidad dentro de la discusión sucesoria.
En este escenario emerge la figura de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Su nacionalidad argentina lo ubica en el espacio latinoamericano, pero el interés en su eventual candidatura no se explica únicamente por razones geográficas.
Grossi ha construido buena parte de su trayectoria reciente alrededor de la gestión de crisis de máxima complejidad, desde la situación de la central nuclear de Zaporiyia hasta las negociaciones y mecanismos de inspección relacionados con el programa nuclear iraní. Su experiencia al frente del OIEA lo ha colocado en contacto permanente con las principales potencias del sistema internacional y con algunos de los escenarios diplomáticos más sensibles.
Su eventual llegada a la Secretaría General representaría, por tanto, el perfil de un diplomático con fuerte componente técnico y experiencia en la negociación con gobiernos enfrentados entre sí. Esa combinación podría resultar relevante para una organización que enfrenta simultáneamente una crisis financiera, conflictos armados prolongados y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema multilateral.
Sin embargo, cualquier eventual postulación de Grossi tendría que superar obstáculos políticos importantes: el debate sobre la rotación regional, la necesidad de construir consensos entre los distintos bloques y, sobre todo, la posición de las potencias con derecho de veto.
El relevo en la ONU no será únicamente un cambio de nombre en la Secretaría General. Será también una disputa por el rumbo, la autonomía y la capacidad operativa de una institución que, ocho décadas después de su fundación, enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia.
Por: Federico Lamont
