El discurso oficial presume estabilidad macroeconómica y grandes proyectos de infraestructura, pero la realidad para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) es muy distinta. Con más del 70% del empleo formal en sus manos, estas unidades productivas enfrentan un Presupuesto 2026 que aumenta la presión fiscal, limita la inversión pública productiva y mantiene riesgos crecientes en materia de seguridad y respeto a la propiedad privada.
Fiscalidad y recaudación: la pinza sobre el formal
México sostiene tasas impositivas elevadas en ISR (30%) e IVA (16%), con una recaudación baja de apenas 17% del PIB. La concentración en el sector formal deja a las PyMEs expuestas a revisiones y fiscalización constante, mientras la mitad de la economía en la informalidad continúa sin aportar proporcionalmente.
Gasto público: entre programas sociales y megaproyectos
El Presupuesto 2026 refuerza las prioridades políticas: programas sociales y obras emblemáticas. Esto desplaza la inversión en infraestructura carretera, energía, agua, salud y educación. Para las PyMEs implica mayor costo logístico, limitaciones en servicios y menor certidumbre para invertir.
Endeudamiento y macroeconomía
La deuda pública se aproxima a los 20 billones de pesos, con un costo financiero que compite directamente con el gasto en sectores productivos. Esto eleva las tasas de interés y encarece el acceso al crédito, limitando la expansión de las PyMEs y generando un entorno de mayor incertidumbre.
Seguridad jurídica: la sombra de la propiedad privada
Las invasiones de terrenos, conflictos sociales y la extorsión al comercio añaden costos ocultos. Aunque la Constitución y leyes como la de Expropiación garantizan el respeto a la propiedad privada, la aplicación es débil y desigual. Para la PyME, esto se traduce en riesgos adicionales y en primas de seguro más altas.
El doble rasero político
Mientras se celebran acuerdos con grandes empresarios cercanos al poder, las PyMEs reciben apoyos limitados y dispersos. La narrativa oficial habla de inclusión, pero en los hechos el Estado sigue privilegiando a los jugadores mayores y estratégicos, dejando a la base productiva sin políticas de acompañamiento.
Conclusión: resiliencia sin respaldo
El Presupuesto 2026 no ofrece un cambio de rumbo para las PyMEs. Persisten impuestos altos, poca inversión en infraestructura, deuda creciente y un entorno de débil protección jurídica. El motor de la economía mexicana funciona sin combustible estatal y con más obstáculos que apoyos, dependiendo de la resiliencia propia de cada PyME más que de políticas públicas efectivas.
Por: Mario Sandoval
