Por: Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra @vromog
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanzó una estrategia integral para combatir e inhibir el delito de despojo y devolver a sus legítimos propietarios los inmuebles arrebatados de manera ilegal lo antes posible.
La respuesta institucional llega tras los recientes casos registrados en la alcaldía Benito Juárez, entre ellos dos despojos en la colonia Del Valle que derivaron en el cierre de Avenida Coyoacán y en la captura de dos presuntas implicadas. Entre ellas se encuentra Virginia “N”, quien se ostentó como presunta mediadora del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Para enfrentar este grave flagelo, la estrategia presentada por la mandataria capitalina contempla acciones legislativas, administrativas y operativas.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, reportó la detención de 94 personas en flagrancia entre enero y julio de este año.
Asimismo, el Gobierno capitalino enviará formalmente al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el delito equiparado de despojo. El objetivo es facilitar la detención de quienes ocupen de manera ilegítima inmuebles ajenos y endurecer las penas, que podrían alcanzar hasta 22 años de prisión.
A ello se suma un blindaje tecnológico y administrativo de la Ley Registral, impulsado por Héctor Muñoz Ibarra, director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el propósito de frenar el ingreso de documentos apócrifos por ventanilla.
La estrategia también plantea endurecer las sanciones e implementar la prisión preventiva oficiosa, especialmente cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables de la población.
Las estadísticas confirman la magnitud del problema. Durante 2025, la Fiscalía capitalina inició 3 mil 797 carpetas de investigación por despojo, un promedio de 10 casos diarios. A esta cifra se suma un acumulado histórico de alrededor de 30 mil investigaciones iniciadas a lo largo de los años.
En lo que va de 2026 se han registrado más de 2 mil indagatorias en las 16 alcaldías. Más del 60 por ciento se concentra en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez.
El fenómeno se ha convertido en un auténtico monstruo de mil cabezas, sostenido por una red de complicidades que puede involucrar notarías, corredurías, oficinas gubernamentales, registros públicos, ministerios públicos, mandos policiales y despachos jurídicos que actúan al margen de la ley.
Este esquema de saqueo afecta especialmente a adultos mayores, inmuebles deshabitados, propiedades que carecen de escrituras y bienes en situación de intestado, sectores particularmente vulnerables ante las redes dedicadas al despojo patrimonial.
No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que se repitan tragedias sociales como la de la señora Carlota, registrada en el Estado de México, quien, ante lo que consideró una exasperante tardanza institucional, optó por defender su patrimonio por cuenta propia y actualmente enfrenta un proceso penal en prisión.
Para desmantelar estas complejas redes de corrupción se requiere una conducción institucional firme, rigurosa y con un claro perfil técnico y operativo, como la que encabeza Bertha Alcalde al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La fiscal tiene ante sí el desafío de demostrar capacidad de gestión, fortalecer el compromiso con la legalidad y avanzar en la depuración de las estructuras de procuración de justicia. Para ello, también será indispensable el respaldo coordinado de las instituciones involucradas, con el propósito de reducir los márgenes de impunidad, sanear los órganos jurisdiccionales y depurar los cuerpos de seguridad.
Esto apenas comienza. Las autoridades no pueden bajar la guardia frente a una actividad ilícita que genera dividendos millonarios y que, además, puede poner en riesgo el patrimonio y la seguridad de miles de familias.
Hoy, el epicentro del problema se manifiesta con particular crudeza en Benito Juárez, pero el riesgo latente es que continúe expandiéndose hacia otras alcaldías capitalinas si no se desarticulan de manera efectiva las estructuras delictivas y las redes de corrupción que pudieran estar enquistadas en fiscalías, tribunales e instancias administrativas locales.
