Gasolina y electricidad estables, empresas públicas que reciben apoyos y una economía que necesita crecer. ¿Cuánto cuesta la política energética y cómo afecta al crédito, al ahorro y a la inversión productiva?
Por Mario Sandoval | Prometeo
En México, la estabilidad de los precios de la gasolina y la electricidad se presenta como uno de los principales logros de la política energética. Para millones de familias y empresas, evitar incrementos bruscos representa un beneficio real. Sin embargo, en economía existe una regla elemental: que un costo no aparezca en el recibo del consumidor no significa que haya desaparecido.
Alguien termina pagando la diferencia.
Durante su comparecencia ante el Senado, el pasado 12 de noviembre, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, defendió el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la estabilidad de los combustibles y los avances en materia de producción e infraestructura.
De acuerdo con las cifras presentadas, la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro y el diésel no supera los 27 pesos. También destacó que la deuda financiera de Pemex se redujo a 77 mil 600 millones de dólares.
Son indicadores que merecen atención y deben reconocerse. Sin embargo, una comparecencia de esta naturaleza no debería limitarse a exponer los resultados favorables. También tendría que explicar cuánto costaron, cómo se financiaron y qué beneficios económicos produjeron.
No se trata de una discusión entre izquierda y derecha, ni de defender a las empresas públicas o privadas. El punto central es exigir resultados medibles por cada peso que aporta la sociedad.
Gasolina: estabilidad con costo fiscal
Los combustibles tienen un impacto directo en el transporte, la distribución de mercancías, la producción agrícola y los precios que pagan los consumidores.
Por esa razón, contener incrementos extraordinarios puede ser una decisión razonable para proteger el poder adquisitivo de las familias y evitar presiones inflacionarias.
Sin embargo, parte de esa estabilidad puede sostenerse mediante estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), acuerdos comerciales y ajustes en los márgenes de los participantes del mercado.
Cuando la Secretaría de Hacienda reduce el IEPS, el Gobierno deja de recaudar recursos que, en otras circunstancias, ingresarían a la Tesorería. No necesariamente se trata de una transferencia directa al consumidor, pero sí de un costo de oportunidad para las finanzas públicas.
Asimismo, cuando una empresa pública absorbe parte de los ajustes, puede comprometer sus resultados financieros y reducir su margen para invertir.
La pregunta es directa: ¿cuánto ha costado mantener los combustibles dentro de los precios anunciados durante 2026?
No basta con informar cuánto paga el automovilista por litro. Es necesario transparentar el costo fiscal acumulado, los ingresos que se dejaron de percibir y la distribución de los beneficios.
Además, el apoyo no llega por igual a toda la población. Un hogar que no tiene automóvil recibe un beneficio directo menor que otro con varios vehículos, aunque ambos contribuyan al financiamiento del gasto público.
Electricidad: tarifas estables e inversiones pendientes
En el sector eléctrico, la discusión adquiere todavía mayor relevancia.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla 87 mil 769 millones de pesos para subsidiar las tarifas eléctricas, además de aproximadamente 4 mil 889 millones destinados al apoyo federal para el pago de adeudos por suministro de electricidad.
En conjunto, representan alrededor de 92 mil 658 millones de pesos.
Subsidiar el consumo básico de los hogares con menores ingresos puede justificarse como una política social. Sin embargo, es necesario distinguir ese objetivo del financiamiento de las operaciones, inversiones y obligaciones financieras de la CFE.
Mantener tarifas relativamente estables no demuestra, por sí mismo, que la empresa opere con eficiencia ni garantiza que exista capacidad eléctrica suficiente para atender nuevas inversiones industriales.
México requiere generación confiable, redes de transmisión y distribución, mantenimiento oportuno y capacidad para conectar nuevas plantas productivas.
Una empresa dispuesta a invertir cientos de millones de pesos necesita algo más que una tarifa atractiva: requiere certidumbre sobre la disponibilidad de energía durante los próximos diez o veinte años.
La electricidad más costosa para una empresa es aquella que no puede recibir cuando la necesita.
Si los recursos presupuestarios se concentran en sostener las tarifas, pero no se desarrolla oportunamente la infraestructura, el beneficio inmediato puede convertirse en una limitación para el crecimiento económico futuro.
Pemex: reducir deuda no significa alcanzar rentabilidad
Durante su comparecencia, la secretaria informó que Pemex redujo su deuda financiera 27 por ciento respecto de 2018 y que el procesamiento de crudo aumentó de 925 mil a un millón 107 mil barriles diarios.
Son indicadores favorables que deben reconocerse.
No obstante, queda una pregunta fundamental: ¿qué proporción de esta mejoría responde a la capacidad económica de Pemex y cuánto depende del respaldo financiero del Gobierno Federal?
La deuda financiera reportada, de 77 mil 600 millones de dólares, sigue representando una obligación considerable. También deben evaluarse los compromisos con proveedores, los vencimientos, las necesidades de inversión y la capacidad de generar flujo de efectivo.
Una empresa puede reducir sus pasivos mediante aportaciones de su propietario, refinanciamientos o transferencias de obligaciones. Estas operaciones mejoran determinados indicadores, pero no necesariamente demuestran que su actividad sea autosuficiente.
Pemex necesita producir, refinar, comercializar, invertir y cumplir sus compromisos con recursos sostenibles.
De lo contrario, el Gobierno Federal tendrá que continuar destinando recursos públicos para sostener sus operaciones y atender sus obligaciones financieras.
La soberanía energética no debería medirse únicamente por la cantidad de petróleo que procesa México, sino también por el valor económico que genera sin comprometer indefinidamente las finanzas públicas.
El costo de oportunidad: lo que México deja de financiar
El presupuesto público tiene recursos limitados.
El dinero destinado a subsidios y apoyos energéticos compite, dentro de la planeación fiscal, con otras necesidades nacionales, como educación, salud, seguridad, infraestructura hidráulica, carreteras y justicia.
Esto no significa que cada peso destinado a la electricidad pueda trasladarse automáticamente a la construcción de hospitales. Existen obligaciones legales, programas específicos y restricciones presupuestarias.
Pero sí hay un costo de oportunidad que debe evaluarse.
Con más de 92 mil millones de pesos asignados a los conceptos eléctricos señalados, el país necesita revisar periódicamente si el beneficio social justifica el gasto y si existen alternativas para focalizar mejor los apoyos.
La misma exigencia debe aplicarse a los recursos destinados a Pemex y a los estímulos fiscales para los combustibles.
¿Cuánto dinero se utiliza para sostener operaciones existentes y cuánto se dirige a crear capacidad productiva para el futuro?
¿Quiénes reciben los beneficios y quiénes terminan asumiendo los costos?
¿Se está protegiendo temporalmente al consumidor o prolongando problemas estructurales de eficiencia?
Estas preguntas deberían ocupar un lugar central en el debate legislativo, más allá de los discursos sobre soberanía energética.
El sector financiero también paga la factura
Los efectos de la política energética van mucho más allá de Pemex, CFE y los consumidores. También inciden en las condiciones del crédito, el ahorro y la inversión financiera.
Cuando el Gobierno necesita cubrir mayores compromisos presupuestarios, dispone de distintas alternativas: aumentar la recaudación, reasignar recursos o recurrir al endeudamiento.
La deuda pública se coloca mediante instrumentos financieros que adquieren bancos, fondos de inversión, aseguradoras, Afores y ahorradores.
Esto no significa que cada peso invertido en valores gubernamentales deje automáticamente de financiar a una empresa privada. El sistema financiero tiene capacidad para atender simultáneamente las necesidades del Gobierno y del sector productivo.
Sin embargo, cuando aumentan los requerimientos de financiamiento público y la percepción de riesgo fiscal, pueden elevarse las primas exigidas por los inversionistas y modificarse las condiciones generales del crédito.
Los bancos evalúan dónde colocar sus recursos considerando el rendimiento, el riesgo, los requerimientos de capital y la liquidez.
Si los instrumentos gubernamentales ofrecen rendimientos atractivos con un riesgo crediticio relativamente menor, las empresas privadas necesitan demostrar una rentabilidad suficiente para justificar el financiamiento.
Esta situación puede afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos de evaluación, garantías limitadas y menor capacidad de negociación.
De esta manera, una política energética con elevados compromisos financieros puede repercutir indirectamente en negocios que necesitan crédito para adquirir maquinaria, ampliar inventarios o contratar personal.
El ahorro tampoco permanece al margen
Las familias mexicanas también forman parte de este proceso.
Los rendimientos de los Cetes, los depósitos bancarios, los fondos de inversión y las cuentas para el retiro dependen de las tasas de interés, la inflación y las condiciones generales del mercado financiero.
Una menor inflación energética puede proteger el poder adquisitivo del ahorro, lo cual representa un beneficio.
Pero si los desequilibrios fiscales incrementan las necesidades de endeudamiento y las primas de riesgo, el efecto puede ser diferente.
Los ahorradores pueden obtener mayores rendimientos nominales, mientras que quienes necesitan financiamiento enfrentan créditos más caros.
Además, una parte importante del ahorro institucional, incluidos los recursos administrados por las Afores, participa en el mercado de deuda gubernamental.
Por ello, la estabilidad fiscal y la calidad del gasto público son relevantes tanto para quien solicita un crédito como para quien ahorra durante décadas para su jubilación.
El dinero público y el ahorro privado no son ámbitos separados. Ambos interactúan diariamente en los mercados financieros.
Plan México: anuncios frente a resultados
El Gobierno Federal ha presentado proyectos energéticos, inversiones mixtas y planes de infraestructura como componentes centrales del Plan México.
Es positivo que existan proyectos y que se reconozca la necesidad de incorporar capital privado. Sin embargo, anunciar inversiones no equivale a ejecutarlas.
Para medir sus resultados es necesario conocer el capital efectivamente desembolsado, los proyectos concluidos, la nueva capacidad eléctrica disponible, los empleos formales generados y las empresas que comenzaron a producir.
El Fondo Monetario Internacional proyectó en octubre un crecimiento de apenas 1.5 por ciento para 2026 y de 1.8 por ciento para 2027.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda reportó una recuperación importante durante el tercer trimestre de 2026, con un crecimiento anual de 3.2 por ciento.
Ambos indicadores deben considerarse. La mejoría trimestral merece reconocimiento, pero todavía debe demostrar que puede convertirse en una expansión económica sostenida.
México necesita crecer por encima de esas proyecciones para mejorar los ingresos familiares, fortalecer la recaudación y ampliar las posibilidades de financiamiento productivo.
El desafío no consiste en anunciar más proyectos, sino en convertirlos en inversión efectiva, producción y empleo.
Comparecencias para rendir cuentas, no solamente para defender políticas
La secretaria de Energía acudió al Senado el 12 de noviembre y respondió a los cuestionamientos de legisladores de distintas fuerzas políticas.
El problema no es la ausencia absoluta de preguntas, sino la calidad de las respuestas y la posibilidad de contrastarlas con resultados verificables.
El Congreso debería exigir una evaluación integral de los apoyos a Pemex, los subsidios eléctricos, los estímulos fiscales a los combustibles, las obligaciones financieras y los proyectos de inversión.
También tendría que analizar cómo estas decisiones repercuten en el déficit público, la deuda, el costo del financiamiento y las oportunidades para la inversión privada.
No se trata de debilitar a las empresas públicas. Se trata de exigirles una administración capaz de justificar su costo económico y social.
Pemex y CFE pueden desempeñar funciones estratégicas para el desarrollo nacional. Sin embargo, su carácter público no las exime de demostrar eficiencia, transparencia y resultados.
Una política energética no puede considerarse exitosa únicamente porque el Gobierno anuncie precios estables o una reducción de la deuda. Su éxito debe medirse por la capacidad de sostener esos resultados sin comprometer las posibilidades de crecimiento de la economía.
México necesita energía suficiente y competitiva, empresas financieramente responsables y un sistema financiero que canalice más recursos hacia la inversión productiva.
La gasolina puede mantenerse estable y la electricidad recibir subsidios. Pero alguien financia esas decisiones.
Mientras no se explique con claridad quién paga, cuánto cuesta y qué beneficios obtiene el país, la factura seguirá apareciendo en otros espacios: la deuda pública, el presupuesto, el costo del crédito o las oportunidades de inversión que nunca llegaron a convertirse en empleos.
No se trata de izquierda o derecha. Se trata de administrar responsablemente los recursos de todos los mexicanos y entregar resultados que puedan comprobarse.