Por José Sobrevilla
- Actualmente, el foro agrupa a 21 economías que representan más del 60% del PIB mundial y cerca de la mitad del comercio internacional.
- La cumbre no será únicamente un encuentro comercial, sino también un espacio de competencia para definir las reglas que regirán la economía digital del futuro.
México forma parte, desde 1993, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya cumbre de 2026 comenzó el 14 de noviembre en Shenzhen, China, y concluirá el jueves 19. Se trata de la reunión anual de líderes del principal mecanismo de cooperación económica de la cuenca del Pacífico, creado en Canberra, Australia, en 1989, en un contexto marcado por el fin de la Guerra Fría y el acelerado proceso de interdependencia económica regional.
Desde su fundación, la APEC ha promovido la cooperación, el crecimiento económico, el libre comercio y la inversión entre sus integrantes. Actualmente, reúne a 21 economías que representan más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y cerca de la mitad del comercio internacional.
La participación de México, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reviste especial importancia porque este foro se caracteriza por el diálogo abierto, los compromisos voluntarios y la toma de decisiones por consenso, con el propósito de facilitar los negocios y reducir las barreras comerciales.
Sus integrantes no se denominan países, sino economías, debido a que también participan territorios comerciales como Hong Kong y Taipéi Chino (Taiwán). Entre sus miembros se encuentran potencias como Estados Unidos, China y Japón, así como socios latinoamericanos, entre ellos Chile y Perú.
En esta cumbre, México tiene la oportunidad de definir una posición en torno a la gobernanza de datos y la transformación digital, particularmente por su relación económica con Estados Unidos y sus posibilidades de cooperación tecnológica con China. También podría convertirse en un interlocutor entre ambas potencias para impulsar acuerdos sobre inteligencia artificial, protección de datos y cooperación tecnológica, sin quedar subordinado a los intereses digitales de ninguna de ellas.
La ubicación geográfica y la integración comercial de México le ofrecen una posición estratégica en la transformación digital del Pacífico. Sin embargo, su estrecha relación económica con Estados Unidos limita su margen de maniobra frente a China.
El debate va más allá de determinar qué tecnología utilizará el país. La cuestión central es quién controlará los datos, las infraestructuras, los algoritmos y las plataformas que condicionarán su desarrollo económico, político y social durante las próximas décadas.
China, por ejemplo, ha colocado entre sus prioridades la apertura económica, la innovación tecnológica, la cooperación regional, la inteligencia artificial, la economía digital, la interoperabilidad técnica y la circulación internacional de datos.
En julio de 2026, los ministros de Economía Digital e Inteligencia Artificial de la APEC analizaron mecanismos de cooperación para facilitar el acceso a infraestructura digital, fortalecer la confianza en la tecnología y establecer criterios compatibles para la gobernanza de la inteligencia artificial. Esto confirma que el encuentro no será exclusivamente comercial: también representa un espacio de competencia por definir las reglas de la economía digital del futuro.
Las dimensiones de la disputa
Estados Unidos buscará preservar su liderazgo en infraestructura de cómputo en la nube, semiconductores, plataformas digitales, inteligencia artificial y estándares tecnológicos. China, por su parte, intentará ampliar su influencia mediante infraestructura digital, telecomunicaciones, inteligencia artificial y acuerdos de cooperación con economías emergentes.
Frente a esta disputa, las economías intermedias procurarán evitar que la rivalidad entre Washington y Pekín las obligue a adoptar sistemas tecnológicos incompatibles o genere nuevas dependencias estratégicas. México pertenece a este grupo, aunque su integración económica con Estados Unidos le confiere características particulares.
La posición mexicana parte de una relación económica consolidada con Washington y de oportunidades de cooperación tecnológica con Pekín. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su participación en la cumbre de China, donde tiene prevista una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping y funcionarios de su gobierno.
Por su parte, Donald Trump ha señalado que todavía no tenía confirmada su asistencia, aunque expresó que, de acudir, México estaría interesado en reunirse con él. Sheinbaum ha reconocido que la relación comercial de México con China es distinta de la que mantiene con Estados Unidos, debido a los compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El principal dilema mexicano
México enfrenta el desafío de aprovechar la cooperación tecnológica con China sin provocar conflictos comerciales, regulatorios o de seguridad con Washington. No se trata necesariamente de elegir entre dos potencias, sino de construir una política nacional que permita negociar con ambas desde una posición de autonomía.
En este escenario, nuestro país podría desempeñar un papel relevante en la gobernanza internacional de los datos, considerados uno de los activos económicos y estratégicos más importantes del siglo XXI.
Las grandes plataformas tecnológicas concentran información sobre consumidores, actividades comerciales, hábitos sociales, preferencias políticas y comportamientos ciudadanos. Por ello, la APEC busca mecanismos que permitan la circulación internacional de datos sin renunciar a la privacidad, la seguridad ni la protección de los derechos individuales.
En esta materia, el foro ha impulsado declaraciones orientadas a facilitar los flujos transfronterizos de información y promover el aprovechamiento económico de los datos, lo que representa una oportunidad diplomática para México.
El objetivo es mejorar la interoperabilidad de los sistemas, proteger la privacidad y la propiedad intelectual, fortalecer la seguridad de las infraestructuras e impulsar la cooperación entre gobiernos y empresas.
Aunque los compromisos de la APEC son voluntarios y no vinculantes, México podría promover un acuerdo regional que establezca principios mínimos de gobernanza de datos, garantice la circulación segura de información, proteja a los ciudadanos y preserve la capacidad de supervisión de los Estados. Esto permitiría evitar que el país se convierta únicamente en un territorio de extracción, almacenamiento y procesamiento de datos para empresas extranjeras.
Estados Unidos y China también competirán por el control de componentes fundamentales de la inteligencia artificial, como procesadores, semiconductores, centros de datos, servicios de computación en la nube, modelos de IA, sistemas operativos, plataformas digitales e infraestructura de telecomunicaciones.
La ciberseguridad como eje fundamental de negociación
México tiene la posibilidad de negociar transferencia de conocimientos, formación de especialistas, desarrollo de infraestructura y una mayor participación en las cadenas de valor tecnológicas. Sin embargo, atraer inversión extranjera no equivale necesariamente a desarrollar capacidades nacionales.
En su Estudio Económico de México 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce avances institucionales derivados de la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aunque también identifica desafíos en infraestructura, capacidades técnicas, protección de datos y coordinación institucional.
Por ello, México podría aprovechar la APEC para promover un programa de cooperación tecnológica que permita desarrollar infraestructura nacional de cómputo, investigación en inteligencia artificial, formación de talento especializado y modelos de IA adaptados a las necesidades del país.
La transformación digital no depende exclusivamente de quién fabrica los procesadores, sino también de quién controla las plataformas, los motores de búsqueda, las redes sociales, los servicios en la nube y los mecanismos algorítmicos que distribuyen la información.
De ahí la importancia de fortalecer la protección de datos personales, la transparencia de los algoritmos, la competencia económica, la responsabilidad de las plataformas, la protección de menores y el combate a la desinformación y el fraude digital.
Nuestro país podría impulsar principios regionales de transparencia algorítmica, responsabilidad empresarial y protección de los usuarios, para evitar que las reglas sean diseñadas exclusivamente por las grandes corporaciones tecnológicas.
Para lograrlo, también necesita fortalecer sus capacidades de protección de bases de datos gubernamentales, sistemas financieros, infraestructura energética, telecomunicaciones, servicios públicos digitales e información estratégica y de seguridad nacional.
La dependencia excesiva de proveedores extranjeros puede generar vulnerabilidades económicas, tecnológicas y geopolíticas. Esto no significa que toda tecnología extranjera represente un riesgo, sino que el Estado debe contar con capacidades propias para auditar, supervisar, sustituir y proteger los sistemas de los que depende.
Además, México podría impulsar estándares regionales de ciberseguridad, auditorías de infraestructura crítica y protocolos de respuesta conjunta ante incidentes digitales.
El país cuenta con una ventaja que no poseen muchas economías latinoamericanas: su integración industrial con Estados Unidos y Canadá, además de su posición geográfica en el comercio del Pacífico. Estas condiciones podrían convertirlo en un punto estratégico de conexión entre las cadenas de suministro asiáticas y norteamericanas.
La APEC ya ha promovido la digitalización de documentos comerciales, la interoperabilidad aduanera, la facturación electrónica y el comercio electrónico transfronterizo. Durante este año, sus ministros de Comercio han respaldado estas iniciativas.
La piedrita en el zapato
No debe perderse de vista que uno de los principales obstáculos para México en esta cumbre es la revisión del T-MEC, así como las presiones de Estados Unidos en materia de seguridad, corrupción y narcotráfico.
El 1 de julio de 2026 se llevó a cabo la primera revisión conjunta del tratado. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá no confirmaron una extensión por otros 16 años, por lo que se estableció un mecanismo de revisiones anuales mientras no exista un acuerdo entre los tres países para prolongar su vigencia.
La administración estadounidense ha manifestado interés en revisar aspectos relacionados con la seguridad económica, las cadenas de suministro, la propiedad intelectual y el comercio, asuntos que tienen consecuencias directas para la política tecnológica mexicana.
Washington podría considerar que determinados acuerdos de México con empresas chinas en telecomunicaciones, infraestructura, centros de datos, semiconductores o inteligencia artificial tienen implicaciones para la seguridad económica de Norteamérica.
Ante este escenario, México deberá distinguir entre tres aspectos: la cooperación tecnológica legítima con China, la dependencia estratégica de proveedores extranjeros y los compromisos comerciales y de seguridad asumidos con Estados Unidos y Canadá.
La posición más conveniente para nuestro país sería defender su derecho a diversificar sus relaciones tecnológicas, siempre con criterios verificables de seguridad, competencia, transparencia y protección de datos.
El riesgo consiste en que la revisión del T-MEC termine convirtiendo la política tecnológica mexicana en una extensión de la estrategia estadounidense de contención frente a China.
La capacidad de México para negociar en el ámbito internacional dependerá, en buena medida, de su fortaleza institucional. Sin embargo, existe una contradicción que no debe ignorarse: mientras el Gobierno mexicano ha establecido la soberanía tecnológica y la transformación digital como prioridades de su Programa Sectorial 2025-2030, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene responsabilidades en materia de interoperabilidad, identidad digital, infraestructura y gobierno digital, pero persisten desafíos institucionales.
La OCDE también advierte que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el traslado de sus atribuciones al ámbito del Ejecutivo plantean interrogantes sobre la independencia, la capacidad técnica y la credibilidad de los mecanismos de supervisión.
El organismo identifica, además, necesidades de inversión en infraestructura, recursos humanos y fortalecimiento del marco regulatorio.
Este punto es fundamental: un país que no cuenta con instituciones suficientemente sólidas para proteger los datos de sus propios ciudadanos difícilmente podrá negociar reglas internacionales desde una posición de autoridad.
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