Segunda y última parte
Juan José Gutiérrez
El factor Stephen Miller
Existe otro elemento que no podemos ignorar: la influencia de Stephen Miller en la política migratoria de Donald Trump.
Durante años, Miller ha sido uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más restrictivas, represivas y violatorias de los derechos humanos impulsadas por la administración republicana.
Su influencia no constituye un asunto secundario. Es un factor fundamental para comprender el rumbo que ha seguido la Casa Blanca en materia migratoria.
Desde el primer mandato de Trump, Miller ha promovido medidas encaminadas a restringir la inmigración, ampliar las deportaciones y reducir las posibilidades de protección para distintos sectores de la población inmigrante.
Por ello, cualquier declaración presidencial favorable a una reforma migratoria debe analizarse también a la luz del poder político que conservan quienes han diseñado, promovido y defendido esas políticas.
El problema no es solamente lo que Trump dice frente a las cámaras de televisión, sino lo que su administración hace todos los días. En este terreno, la congruencia entre el discurso y las acciones simplemente se desvanece.
Mientras el presidente habla de posibles acuerdos con los demócratas, miles de familias inmigrantes continúan enfrentando amenazas de arresto, detenciones prolongadas y deportaciones que separan a padres de sus hijos, incluso cuando estos últimos son ciudadanos estadounidenses.
Esa realidad no desaparece con una declaración presidencial, por sorprendente que esta resulte.
Mientras Miller siga ejerciendo una influencia determinante sobre la política migratoria de la Casa Blanca, existen razones de sobra para exigir hechos concretos antes de otorgar credibilidad a las nuevas promesas del mandatario.
Las verdaderas intenciones de un gobierno no se miden únicamente por las palabras de su presidente, sino también por las políticas que ejecuta, las decisiones que adopta y las personas a quienes encomienda llevarlas a cabo.
LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES
No podemos perder de vista que el escenario político nacional ha cambiado.
Los resultados de las elecciones intermedias han modificado la correlación de fuerzas políticas y podrían abrir nuevas posibilidades de negociación legislativa.
Sin embargo, sería un grave error interpretar automáticamente este nuevo escenario como una garantía de que habrá una reforma migratoria.
Contar con una mayoría legislativa dispuesta a discutir el tema no significa necesariamente que existan los votos, los acuerdos ni la voluntad política indispensables para aprobar una legislación de semejante trascendencia.
Tampoco debemos olvidar que los grandes avances en materia de derechos civiles, laborales y sociales en Estados Unidos no han sido producto exclusivo de la buena voluntad de quienes ocupan la Casa Blanca.
Han sido, fundamentalmente, resultado de largos procesos de organización, movilización, lucha y presión social.
La historia de las grandes conquistas democráticas de este país así lo demuestra.
Por eso, quienes hemos dedicado más de cuarenta años a la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes debemos mantener una posición de independencia política, firmeza y vigilancia permanente.
No podemos depositar nuestras esperanzas en las declaraciones de Trump ni supeditar nuestra estrategia a sus constantes cambios de discurso.
Nuestra tarea consiste en fortalecer la organización de los trabajadores inmigrantes, ampliar las alianzas con el movimiento sindical y las organizaciones comunitarias, religiosas y de derechos civiles, y construir la unidad más amplia posible entre los distintos sectores de la clase trabajadora.
Esa unidad debe incluir a trabajadores ciudadanos, residentes permanentes e indocumentados.
Porque, independientemente de su situación migratoria, todos comparten intereses fundamentales: salarios dignos, condiciones laborales justas, estabilidad familiar y respeto a sus derechos humanos.
La división entre trabajadores ciudadanos e inmigrantes solamente beneficia a quienes pretenden debilitar su capacidad colectiva para defender esos derechos.
La lucha por una reforma migratoria justa no debe depender de la voluntad cambiante de un presidente, sino de la fuerza organizada de millones de personas que entienden que la dignidad humana no puede estar condicionada por la situación migratoria.
NI TANTITO
No se trata de rechazar anticipadamente cualquier posibilidad de negociación con el presidente Trump.
Si su administración presenta una propuesta seria, concreta y verificable que abra el camino hacia la regularización permanente de millones de trabajadores indocumentados, habrá que examinarla con toda responsabilidad.
Pero tampoco debemos confundir la disposición al diálogo con la obligación de creer.
Después de una década de promesas incumplidas, contradicciones políticas y medidas restrictivas y represivas, corresponde al mandatario demostrar, mediante acciones concretas, que esta vez sus palabras tienen un significado diferente.
La carga de la prueba recae sobre él, no sobre los millones de inmigrantes que llevan décadas esperando una solución justa.
Hasta ahora, no existe una propuesta legislativa concreta que justifique abandonar nuestra cautela.
Mientras eso no ocurra, nuestra responsabilidad será seguir organizándonos, fortaleciendo nuestras alianzas y exigiendo una reforma migratoria amplia, justa, generosa y permanente.
Los trabajadores indocumentados no necesitan otra promesa presidencial. Necesitan derechos, estabilidad y la posibilidad de vivir sin el temor permanente de que sus familias sean separadas.
Después de más de cuarenta años de lucha, no podemos conformarnos con menos.
Por eso, ante las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre una posible reforma migratoria, nuestra posición debe ser clara:
Escuchemos lo que dice. Examinemos lo que propone. Pero, sobre todo, juzguemos lo que hace.
Porque, tratándose de las promesas migratorias de Donald Trump, no podemos confiarnos… ¡ni tantito!
¿Podríamos darle el beneficio de la duda? Poquitito. O, como dicen en mi pueblo: hasta no ver, no creer.
Juan José Gutiérrez es director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los In