Opinión

Cuando la causa se vuelve negocio: el uso político del dolor de las mujeres

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Staff Domo de Cristal
20 de noviembre de 2026, 4:06 am
Tiempo 6 min
Cuando la causa se vuelve negocio: el uso político del dolor de las mujeres

Por: Amarande Riojas Orozco 

La defensa de las mujeres pierde sentido cuando quienes dicen representarlas utilizan sus historias para ganar espacios, limpiar su imagen o alimentar disputas políticas. Ninguna causa justifica convertir a una víctima en instrumento de intereses ajenos.

Hay una forma de violencia de la que hablamos poco, incluso en torno al 25 de noviembre. Comienza cuando una mujer, después de atravesar una tragedia, descubre que su historia ha dejado de pertenecerle. Primero tuvo que enfrentar la agresión sufrida; después, la violencia institucional, el miedo, el desgaste ante las autoridades y, muchas veces, la indiferencia. Finalmente, tiene que presenciar cómo otras personas hablan en su nombre y convierten su sufrimiento en capital político.

No siempre quienes incurren en este oportunismo son los responsables de la violencia original. Con frecuencia, se trata de figuras que se presentan como defensoras de los derechos de las mujeres, ocupan cargos públicos o encontraron en la agenda de género una plataforma para obtener reconocimiento y beneficios políticos. Defender a las mujeres no significa apropiarse de su dolor ni utilizar sus historias para encubrir conductas indebidas.

En México hemos visto cómo una desaparición, un feminicidio o una denuncia de violencia sexual terminan convertidos en disputas por los reflectores entre autoridades, partidos y personajes públicos. Hay funcionarios que se proclaman abanderados de las mujeres, pero cuando las solicitudes de protección llegan a sus escritorios, sus respuestas quedan muy por debajo de la contundencia de sus discursos. También hay quienes, desde espacios políticos y legislativos, utilizan el feminismo como una credencial de legitimidad, aunque su propio comportamiento y la manera en que tratan a otras mujeres deberían someterse al mismo escrutinio que cualquier ejercicio de poder.

Tampoco es nuevo que algunos hombres se envuelvan en estas causas para construir un escudo de protección. Respaldan a unas mujeres, posan públicamente como aliados y cosechan aplausos, mientras, en privado, maltratan, intimidan o violentan a otras que representan un obstáculo para sus intereses. Esa doble cara no es un descuido: es una forma calculada de hipocresía y abuso. Utilizar una bandera legítima para encubrir agresiones es una de las expresiones más cínicas de violencia.

No escribo estas líneas desde ningún pedestal ni con ínfulas de superioridad moral. Yo viví una violación y sé, en carne propia, lo que cuesta seguir adelante después de una experiencia así. Por eso resulta todavía más doloroso que otras personas pretendan decidir por ti qué se dice de tu historia, cómo debe contarse y para qué les sirve tu herida. Bastante difícil es cargar con las consecuencias de una agresión todos los días como para que alguien más convierta ese dolor en moneda de cambio, discurso ajeno, escalón político o tapadera de hombres que violentan a mujeres.

Hemos presenciado confrontaciones públicas entre quienes aseguran acompañar a las víctimas y mujeres que denuncian haber sido expuestas o revictimizadas, así como enfrentamientos entre autoridades y colectivas que exigen respuestas. Cada caso tiene circunstancias particulares y debe analizarse a partir de sus propios hechos, sin convertir señalamientos en sentencias anticipadas. Sin embargo, hay una pregunta que no podemos evadir: ¿en qué momento la defensa de una mujer deja de ser el objetivo y se convierte en el negocio político de alguien más?

Nadie cuestiona la obligación de las autoridades de intervenir, investigar y denunciar cuando corresponde. Necesitamos instituciones que actúen y estén dispuestas a asumir responsabilidades. El problema aparece cuando esas intervenciones buscan construir una imagen personal y relegan lo verdaderamente importante: la seguridad de la víctima, su voluntad y su acceso efectivo a la justicia. Una fotografía con una víctima no constituye una medida de protección; una conferencia de prensa no sustituye una investigación, y la popularidad de una denuncia jamás equivale a reparar el daño.

Quienes tenemos una responsabilidad pública debemos entender algo elemental: ocupar un cargo no nos convierte en propietarios de las historias ajenas; nos impone obligaciones frente a ellas. No es válido tergiversar los hechos, presentar verdades a medias ni lucrar con el sufrimiento de las víctimas para desacreditar a otras autoridades o conservar espacios de poder. Quien distorsiona una tragedia por dinero, cálculo político o ambición personal no está defendiendo a nadie: está traicionando su responsabilidad y convirtiendo a las personas más vulnerables en munición para sus disputas.

El feminismo tampoco puede convertirse en un espacio de protección selectiva. Ser mujer u ocupar un cargo público no basta para representar legítimamente a las demás. La sororidad no significa renunciar al pensamiento crítico ni conceder inmunidad a quienes dicen compartir una causa. Por el contrario, exige evitar que reproduzcamos entre nosotras los mismos abusos que denunciamos. Ninguna mujer pierde sus derechos por pensar diferente, rechazar un acompañamiento o negarse a formar parte de una narrativa pública. Mucho menos tiene que comportarse como una «víctima perfecta» para merecer justicia.

A las mujeres, particularmente a las más jóvenes, hay que recordarles que nadie tiene derecho a hablar por ellas pasando por encima de su voluntad. Pueden aceptar ayuda o rechazarla, denunciar públicamente o guardar silencio, exigir justicia sin afiliarse a un partido y sin convertirse en bandera de nadie. Su dignidad y sus derechos no dependen del relato que otras personas construyan sobre sus vidas.

En México necesitamos menos administración política del sufrimiento y más instituciones que funcionen; menos discursos de ocasión y más investigaciones rigurosas, procesos imparciales y resoluciones oportunas. La congruencia también implica cuestionar a quienes ejercen el poder, sin importar su género ni la bandera que enarbolen, porque ninguna investidura está por encima de la dignidad humana.

El 25N nos recuerda todo lo que sigue pendiente, pero la verdadera medida del compromiso con las mujeres no está en quién grita más fuerte en su nombre ni en quién consigue capitalizar mejor la indignación del momento. De poco sirven los moños naranjas, las fotografías de ocasión y los discursos encendidos si, cuando se apagan los reflectores, las víctimas siguen solas frente al miedo, la impunidad y el oportunismo de quienes utilizan su dolor como trampolín político.

La lucha verdadera, la que exige carácter, congruencia y respeto, consiste en construir un país donde ninguna mujer tenga que exponer públicamente sus heridas ni convertir su tragedia en noticia para que el Estado cumpla con su obligación más elemental: protegerla, garantizar sus derechos y hacerle justicia.

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