Así lo dice La Mont
Alerta: El World Resources Institute (WRI) ha ubicado a México entre los países con niveles preocupantes de estrés hídrico, una condición que amenaza el desarrollo económico y la estabilidad social. La situación exige atención urgente, pues amplias regiones áridas y semiáridas del centro y norte del territorio enfrentan una creciente presión sobre sus recursos naturales. En diversas zonas, la demanda de agua supera la capacidad de recuperación de los acuíferos y la disponibilidad de las fuentes superficiales.
Esta vulnerabilidad no responde únicamente a las condiciones geográficas o climáticas. También es consecuencia de décadas de sobreexplotación, deficiencias en la gestión del recurso, fugas en las redes de distribución y los efectos cada vez más severos del cambio climático, que modifica los patrones de precipitación y agrava los periodos de sequía.
La advertencia es contundente: millones de mexicanos enfrentan dificultades para acceder al agua suficiente y de calidad, mientras persisten infraestructuras obsoletas y esquemas de concesión que deben revisarse bajo criterios de sustentabilidad, equidad y eficiencia. Las sequías prolongadas reducen los niveles de presas y acuíferos, obligan a establecer restricciones en el suministro y afectan tanto la vida cotidiana como las actividades agrícolas e industriales.
A la escasez se suma otro problema de enorme gravedad: la contaminación de ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Las descargas industriales sin tratamiento adecuado, los residuos de agroquímicos y las aguas residuales municipales deterioran los ecosistemas y ponen en riesgo la salud de las comunidades que dependen de estas fuentes.
Ríos emblemáticos como el Lerma, el Santiago y el Atoyac se han convertido en símbolos de una crisis ambiental que exige respuestas inmediatas. La presencia de sustancias tóxicas y metales pesados en determinados tramos afecta la biodiversidad y puede representar riesgos sanitarios para las poblaciones expuestas. Frente a este escenario, la vigilancia ambiental, la aplicación efectiva de la ley y la modernización de las plantas de tratamiento deben dejar de ser promesas para convertirse en prioridades nacionales.
La falta de supervisión suficiente y la impunidad frente a las descargas contaminantes han contribuido al deterioro de numerosos ecosistemas. El resultado es una paradoja inadmisible: mientras el país enfrenta una creciente escasez de agua, una parte de sus recursos disponibles pierde calidad y requiere procesos de saneamiento cada vez más complejos y costosos.
Dirección: Uno de los puntos críticos de esta problemática se encuentra en Jalisco, donde el lago de Chapala, el mayor cuerpo de agua dulce del país por superficie y una fuente fundamental de abastecimiento para la Zona Metropolitana de Guadalajara, ocupa un lugar estratégico en la seguridad hídrica regional.
La calidad del agua que llega a la metrópoli, las condiciones de la infraestructura de potabilización y la contaminación acumulada en la cuenca Lerma-Chapala representan desafíos que no pueden seguir postergándose. La antigüedad de los equipos, las necesidades de mantenimiento y la capacidad de las instalaciones para responder a las exigencias actuales deben evaluarse con rigor técnico y transparencia.
Si la infraestructura no recibe la inversión necesaria para su rehabilitación y modernización, la región corre el riesgo de enfrentar mayores dificultades para garantizar un suministro suficiente y seguro. No se trata solamente de ampliar la capacidad de bombeo: también es indispensable fortalecer los procesos de potabilización, mejorar el monitoreo de contaminantes, reducir las pérdidas en las redes de distribución y asegurar que las descargas residuales reciban el tratamiento correspondiente.
Mantener sistemas de abastecimiento sin una estrategia de renovación sostenida compromete la capacidad de respuesta ante futuras sequías y contingencias sanitarias. Por ello, la inversión pública, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la responsabilidad de los sectores productivos deben articularse en una política de largo plazo.
Jalisco necesita algo más que discursos: requiere agua limpia, infraestructura moderna y autoridades capaces de garantizar el derecho humano al agua. La crisis hídrica no puede resolverse trasladando los costos a las familias ni normalizando la contaminación de los ríos y lagos. Es indispensable actuar antes de que la escasez y el deterioro ambiental se conviertan en obstáculos irreversibles para el desarrollo regional.
Porque cuando el agua falta, la economía se frena, la desigualdad se profundiza y la salud pública queda expuesta. Y cuando el agua se contamina, la emergencia adquiere otra dimensión: no basta con tenerla disponible, también debe ser segura.
La pregunta para Jalisco y para México es inevitable: ¿se actuará con la responsabilidad que exige esta crisis o se esperará a que la escasez obligue a tomar decisiones tardías y más costosas?
¡Hay Jalisco y sed de conciencia!
Por: Federico Lamont
