Así lo dice La Mont
Pieza clave: El mapa político mexicano se ve sacudido por la incursión de personajes provenientes de la trastienda de Washington, revelando nexos que van más allá del comercio y alcanzan los terrenos de la alta estrategia internacional y el cabildeo de contención ante el Capitolio. Tal es el caso del gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo, que se encuentra en el ojo del huracán mediático y político tras confirmarse la contratación de la firma de cabildeo Drake Venture LLC, propiedad del controvertido empresario estadounidense Roger Stone.
De acuerdo con registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta relación contractual se estableció por 375 mil dólares para un periodo de seis meses, con el objeto de brindar asesoría y representación en asuntos gubernamentales y relaciones públicas orientadas al comercio y al desarrollo económico, particularmente en áreas vinculadas al sector minero estatal.
Paralelamente, la administración potosina incorporó a la estratega conservadora Diana London, socia de Stone y líder de la firma Ford & London Global Strategies LLC, mediante un contrato idéntico en monto y temporalidad, lo que representa una inversión total de 750 mil dólares provenientes del erario local.
Aunque las autoridades potosinas y el secretario de Desarrollo Económico han manifestado públicamente que el propósito exclusivo de estos acuerdos es la atracción de inversiones y la promoción económica, la naturaleza ambigua de una de las cláusulas contractuales —que permite al cliente modificar por escrito la naturaleza de la consultoría en cualquier momento— ha despertado suspicacias tanto en la opinión pública nacional como internacional.
El desembarco de estas figuras ocurre en un momento delicado, coincidiendo con filtraciones que sugieren investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos nexos con organizaciones delictivas, alimentando teorías según las cuales estas firmas operarían en realidad como un escudo de relaciones públicas y una vía de acceso directo al poder político estadounidense.
Claroscuro: El nombre de Roger Stone posee un peso específico en el ámbito del cabildeo de alta influencia por su capacidad para destrabar situaciones legales complejas en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos. Su operación más notable y reciente consistió en interceder directamente ante el presidente Donald Trump para asegurar un indulto presidencial total e incondicional a favor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Inicialmente condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico y uso de armas, tras determinarse su participación en una vasta conspiración para el envío de toneladas de cocaína, Hernández logró recuperar su libertad luego de que Stone, utilizando su acceso privilegiado y plataformas mediáticas conservadoras, argumentara que el proceso en su contra constituía una persecución política impulsada por la administración de Joe Biden.
La gestión culminó con la firma del perdón ejecutivo por parte de Trump, lo que permitió la liberación del exmandatario hondureño tras cumplir apenas una fracción de su sentencia. Extraoficialmente, esta operación habría significado una erogación cercana a los 12 millones de dólares.
Ascenso: La trayectoria de Roger Stone se remonta a más de cuatro décadas dentro de la política estadounidense, marcada por una constante cercanía con el escándalo, la controversia y las tácticas agresivas de comunicación que él mismo ha elevado a la categoría de reglas de operación.
Su historial judicial alcanzó un punto crítico cuando fue arrestado y, posteriormente, en noviembre de 2019, declarado culpable de siete cargos federales, entre ellos falso testimonio ante el Congreso, obstrucción de una investigación legislativa y manipulación de testigos, en el marco de las indagatorias sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
Aunque fue sentenciado a prisión, su estrecha relación con la cúpula del poder republicano le permitió obtener primero una conmutación de pena y posteriormente un indulto, lo que le permitió continuar con sus actividades comerciales y de representación internacional.
Adicionalmente, el Departamento de Justicia promovió acciones civiles en su contra por evasión fiscal, acusándolo de triangular ingresos mediante empresas fachada para eludir deudas millonarias con el fisco estadounidense.
Este perfil de operador político internacional no es nuevo para Stone, quien desde las primeras etapas de su carrera como cabildero en históricas firmas de Washington consolidó una cartera de clientes integrada por figuras del poder global cuestionadas por sus métodos de gobierno. Entre sus representaciones más conocidas destacan el dictador filipino Ferdinand Marcos, a quien asesoró en sus esfuerzos por mantener el respaldo de Estados Unidos durante las etapas críticas de su régimen, así como el líder congoleño Mobutu Sese Seko.
El portafolio actual de Stone, fortalecido por su renovada influencia en los círculos gubernamentales estadounidenses, muestra un giro estratégico hacia la consultoría para gobiernos extranjeros como los de Bahamas y Nigeria, esquema que ahora alcanza territorio mexicano mediante los polémicos contratos firmados en San Luis Potosí.
Entre otras cosas: Concluida la fiesta futbolera, llamó la atención que el excandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y exsecretario particular de Antonio Meade, convertido por el mercantilismo del balompié en presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, continúe en su encargo. Asimismo, sorprende que, a siete días de la aglomeración fatal ocurrida en el Ángel de la Independencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) no haya emitido recomendación alguna, cuando un episodio como el del News Divine, en 2008, derivó en la salida del entonces secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y del procurador Félix Cárdenas.
