Por: Eduardo Esquivel Ancona
La concentración de los distribuidores, las barreras regulatorias y el poder de las grandes cadenas farmacéuticas obligan a mirar más allá de la confrontación política con Claudia Sheinbaum.
La dificultad para conseguir un medicamento no debería convertirse en una disputa de descalificaciones políticas, sino en una oportunidad para examinar cómo funciona el mercado farmacéutico mexicano. Sin embargo, la politóloga Denise Dresser optó por colocar su experiencia personal en el centro de una crítica contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a raíz de los problemas que enfrentó para localizar parches de buprenorfina prescritos después de una cirugía de cadera.
El episodio merece atención, pero también exige distinguir responsabilidades. Que una paciente recorra más de 15 farmacias privadas sin encontrar un medicamento es un hecho preocupante que amerita una explicación. Lo que no resulta económicamente riguroso es atribuir automáticamente esa dificultad al gobierno federal sin establecer si el problema se originó en la fabricación, la disponibilidad del producto, la distribución mayorista, las decisiones comerciales de las farmacias o las restricciones sanitarias aplicables a un medicamento sujeto a control especial.
La crítica de Dresser abre, en realidad, una discusión más amplia que va más allá de sus diferencias con la administración de Sheinbaum: ¿Quién controla el acceso a los medicamentos en México y qué tan competitiva es la estructura del mercado que los lleva desde los laboratorios hasta los mostradores?
Un problema de mercado que no se resuelve con acusaciones políticas
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que las farmacias privadas operan bajo sus propias autorizaciones sanitarias y que el abastecimiento de esos establecimientos no depende directamente del sistema público de salud. La distinción es relevante: las instituciones gubernamentales y los negocios privados tienen mecanismos de compra, inventarios y distribución diferentes, aunque ambos están sujetos a la regulación sanitaria federal.
Dresser, por su parte, cuestionó la respuesta presidencial y sostuvo que los problemas de disponibilidad de medicamentos también afectan al sector privado. Su señalamiento merece una revisión objetiva, pero no demuestra por sí mismo que exista una responsabilidad directa del gobierno en el caso particular que relató.
En el mercado farmacéutico, la ausencia de un producto puede obedecer a múltiples factores: interrupciones en la producción, insuficiencia de inventarios, concentración de proveedores, problemas de transporte, decisiones de comercialización o restricciones relacionadas con la autorización y dispensación de sustancias controladas.
En el caso de la buprenorfina, además, es indispensable distinguir entre una eventual escasez comercial y una retención regulatoria debidamente acreditada. No basta con que en una farmacia se informe que un producto está retenido o sellado para concluir que existe una falla generalizada de la autoridad sanitaria. Para sostener esa afirmación se necesita conocer qué establecimiento tenía el producto, qué autoridad intervino y cuál fue la causa de la medida.
Por eso, la pregunta económica de fondo no es quién gana una confrontación en redes sociales, sino qué eslabón de la cadena de suministro falló y quién debe responder por ello.
La concentración de la distribución: el verdadero debate económico
Si Dresser pretende analizar con rigor las dificultades para acceder a los medicamentos, tendría que dirigir parte de su atención a la estructura del mercado farmacéutico y al poder que históricamente han acumulado los grandes distribuidores mayoristas.
Empresas como Nadro, FANASA y Marzam participan en la distribución de medicamentos a farmacias y otros compradores. Su función consiste en conectar a cientos de laboratorios con miles de puntos de venta, mediante infraestructura de almacenamiento, transporte, administración de inventarios y entrega.
Esta escala puede generar eficiencias logísticas y reducir costos por volumen. Sin embargo, cuando una parte importante del abastecimiento depende de un número limitado de intermediarios, también surgen riesgos económicos: menor capacidad de negociación para las farmacias independientes, barreras de entrada para nuevos competidores y vulnerabilidad ante interrupciones en la cadena de suministro.
El problema no consiste en afirmar, sin pruebas, que todos los distribuidores actúan de manera monopólica o que coordinan sus decisiones comerciales. Consiste en exigir información transparente sobre sus participaciones de mercado, las condiciones de acceso a sus redes, los márgenes de intermediación y los posibles obstáculos a la competencia.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), antes de su transformación institucional, investigó prácticas y condiciones de competencia en distintos segmentos del mercado farmacéutico. Esos antecedentes justifican mantener la atención sobre la concentración económica, pero no permiten atribuir automáticamente una práctica anticompetitiva a una empresa ni concluir que los principales distribuidores controlan por sí solos todo el mercado privado.
También es necesario diferenciar dos realidades: el suministro de medicamentos al sector público y el abastecimiento de farmacias privadas. Aunque existen empresas que participan en ambos circuitos, sus clientes, contratos, mecanismos de adquisición y condiciones comerciales no son idénticos.
Del antiguo modelo de compras públicas al poder de los intermediarios
Durante años, la adquisición de medicamentos por parte de las instituciones públicas estuvo marcada por procedimientos fragmentados, diferencias de precios y una fuerte participación de proveedores privados. En ese entorno, un grupo reducido de empresas llegó a concentrar una proporción considerable de las ventas al gobierno.
Entre las compañías que figuraron en ese mercado se encuentran Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo, DIMESA, Ralca, Savi Distribuidores, Vitasanitas y otras firmas especializadas en el suministro institucional.
La concentración de contratos públicos en pocos proveedores planteó interrogantes legítimos sobre la competencia, la transparencia de las adjudicaciones y la capacidad del Estado para negociar precios favorables. Sin embargo, las cifras de concentración correspondientes a las compras gubernamentales no deben trasladarse automáticamente al mercado privado, pues se trata de segmentos que requieren mediciones específicas.
Las reformas a los mecanismos de adquisición pública también modificaron la relación entre el gobierno, los fabricantes y los intermediarios. La centralización de compras buscó mejorar las condiciones de contratación y combatir las distorsiones del modelo anterior, aunque los cambios logísticos y administrativos han enfrentado dificultades que deben evaluarse con datos verificables.
El punto central es que ni la contratación pública ni la distribución privada pueden analizarse únicamente desde la confrontación entre gobiernos y opositores. Se requiere examinar la competencia, la eficiencia de las cadenas de suministro, los inventarios y los incentivos económicos de cada participante.
GNK Logística y PureHD: contratos y vínculos que requieren escrutinio documental
Otro capítulo del debate corresponde a las empresas dedicadas al almacenamiento, la distribución y los servicios médicos integrales, entre ellas GNK Logística y PureHD, mencionadas en investigaciones periodísticas relacionadas con proveedores del sector salud y con redes empresariales vinculadas a contrataciones públicas.
La participación de estas compañías en contratos gubernamentales, así como los vínculos empresariales atribuidos a sus propietarios o directivos, debe examinarse a partir de documentos oficiales, expedientes de contratación y resoluciones de las autoridades competentes.
Las investigaciones sobre las redes de proveedores de medicamentos han señalado la importancia de revisar quién obtuvo los contratos, bajo qué procedimientos, por qué montos y con qué resultados. No obstante, la existencia de contratos millonarios o de relaciones familiares y empresariales no constituye, por sí sola, prueba de corrupción o de una conducta ilícita.
En este terreno, la exigencia de transparencia debe ser la misma para todos los gobiernos y todas las empresas: contratos públicos accesibles, competencia efectiva, mecanismos de vigilancia y sanciones cuando se acrediten irregularidades.
También se han difundido cifras elevadas sobre contratos adjudicados a empresas identificadas periodísticamente con el llamado «cártel de las medicinas». Antes de utilizar montos acumulados de cientos de miles de millones de pesos como prueba de una red ilícita, es indispensable verificar el periodo considerado, las empresas incluidas, la naturaleza de los contratos y si las cantidades corresponden a adjudicaciones, pagos efectivamente realizados o estimaciones agregadas. Sin esa distinción, una cifra puede perder rigor y conducir a conclusiones equivocadas.
El acceso a medicamentos exige algo más que una disputa con Palacio Nacional
La experiencia de Dresser puede ser el punto de partida de una discusión necesaria, pero no debería convertirse en una explicación simplificada de las dificultades del mercado farmacéutico mexicano.
Si más de 15 farmacias no pudieron surtir una receta, las preguntas pertinentes son concretas: ¿había existencias del medicamento en los centros de distribución?, ¿los laboratorios lo estaban produciendo y comercializando?, ¿existían restricciones regulatorias específicas?, ¿las farmacias podían adquirirlo a través de otros proveedores?, ¿qué información tenían las autoridades sanitarias sobre su disponibilidad?
Responderlas permitiría establecer responsabilidades y distinguir entre un problema de producción, una falla logística, una decisión comercial o una actuación regulatoria.
La discusión también obliga a reconocer que la concentración económica puede afectar a los consumidores sin que necesariamente exista una infracción legal. Cuando pocos participantes ocupan posiciones estratégicas en una cadena de suministro, las autoridades deben vigilar que esa estructura no se traduzca en barreras injustificadas, condiciones abusivas o riesgos para el abastecimiento.
Por eso, la crítica a Dresser no consiste en negar la dificultad que experimentó ni en descalificarla por sus diferencias políticas con Claudia Sheinbaum. Consiste en cuestionar que un caso individual se convierta en una acusación general contra el gobierno sin contar con evidencia suficiente para determinar el origen del problema.
Una analista que aspira a intervenir en el debate público debería distinguir entre una experiencia personal, una hipótesis económica y una conclusión demostrada. Esa exigencia no cambia dependiendo de quién ocupe la Presidencia.
México necesita garantizar que los medicamentos estén disponibles para quienes los requieren, fortalecer la supervisión sanitaria y evitar que la concentración de la distribución limite el acceso o encarezca los tratamientos. Para lograrlo, se necesita información verificable, competencia efectiva y responsabilidades claramente delimitadas.
De acuerdo, Dresser aprovechó el evento para atacar una vez más al gobierno sin datos ni investigación. Por cierto, la materia gris tampoco la encontrará en las farmacias.