La medida alcanza a 40 objetivos, entre ellos 25 personas y 15 empresas. La investigación apunta a una presunta red de intermediarios que habría obtenido contratos públicos por más de 2 mil 461 millones de pesos mediante compañías vinculadas entre sí.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, activó un nuevo frente de investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales, al incorporar a 40 objetivos —25 personas y 15 empresas— a la Lista de Personas Bloqueadas y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre los nombres que figuran en la lista se encuentran Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y José Alfredo Hernández Casillas, empresario dedicado a la proveeduría de materiales electorales, además de personas relacionadas con su entorno empresarial, de acuerdo con una fuente con conocimiento de la lista.
La decisión de la UIF representa un nuevo capítulo en el escándalo que comenzó a tomar fuerza con las revelaciones sobre posibles prácticas de corrupción, tráfico de influencias y relaciones entre funcionarios electorales y proveedores beneficiados con contratos públicos durante los últimos años.
El momento también resulta políticamente relevante: las medidas se conocen después de la salida de Taddei de la presidencia del INE y en medio de cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación, supervisión y fiscalización del organismo electoral.
En su comunicación oficial, la UIF explicó que la determinación fue resultado de análisis financieros que permitieron identificar operaciones con elementos de riesgo que ameritan la intervención de las autoridades investigadoras.
La dependencia precisó que la denuncia presentada ante la FGR busca que el Ministerio Público desarrolle las indagatorias correspondientes y establezca si existen responsabilidades legales.
Sin embargo, la institución hizo una aclaración fundamental: el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa preventiva y precautoria, no una sentencia ni una declaración definitiva de culpabilidad. Por ello, las personas y empresas involucradas conservan su derecho de audiencia y los mecanismos legales para impugnar la determinación.
Proveedores electorales bajo la lupa de Hacienda
El caso adquiere mayor dimensión por los antecedentes expuestos por Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y extitular de la UIF.
Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez señaló que diversas compañías relacionadas con la proveeduría de materiales electorales habían sido objeto de investigaciones y medidas financieras por operaciones que ameritaban revisar el posible origen ilícito de los recursos.
Su señalamiento puso el foco en un modelo de negocios basado, presuntamente, en intermediarios que obtenían contratos públicos sin contar con infraestructura industrial propia.
De acuerdo con Gómez, algunas de estas compañías no fabricaban los productos ni tenían instalaciones para hacerlo: conseguían las adjudicaciones y posteriormente contrataban a terceros, como imprentas y fabricantes, para cumplir con los pedidos.
Este esquema abre interrogantes sobre la competencia real en las licitaciones, los márgenes de intermediación y los criterios utilizados por las autoridades electorales para asignar recursos públicos.
El funcionario también recordó que algunas de las empresas señaladas consiguieron suspensiones judiciales para salir de la lista de personas bloqueadas, antes de que se modificaran los mecanismos relacionados con estas medidas.
Una red empresarial que recibió 2 mil 461 millones de pesos
Las revelaciones del Órgano Interno de Control (OIC) del INE aportaron otro elemento de peso a las investigaciones.
Víctor Hugo Carvente Contreras, titular de esa instancia, informó que entre 2014 y 2025 cinco empresas presuntamente relacionadas entre sí obtuvieron contratos por un monto acumulado de 2 mil 461 millones de pesos con organismos públicos locales electorales.
La revisión detectó indicios de una posible simulación de competencia entre las compañías, que habrían participado en procesos de contratación pese a mantener vínculos empresariales y personales.
Ante legisladores, Carvente Contreras identificó entre los nexos de estas sociedades a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, además de otras personas.
Los montos reportados por empresa muestran la dimensión económica del esquema bajo investigación:
- Cajas Graff: mil 72 millones 876 mil pesos en contratos con 21 organismos electorales locales, además de 198 millones 738 mil pesos adjudicados por el INE durante la gestión de Taddei.
- Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil pesos con organismos electorales locales.
- Comercializadora JVLY: 208 millones 396 mil pesos.
- Formas Finas: 815 millones 961 mil pesos.
- Seriplast: 85 millones 123 mil pesos.
Estas cifras colocan bajo escrutinio un circuito de contratación pública que habría operado durante más de una década y que involucra recursos destinados a garantizar el funcionamiento de las instituciones electorales.
La reforma electoral y la necesidad de transparentar los contratos
Más allá de los nombres y las empresas involucradas, el caso exhibe un problema institucional que no puede reducirse a una disputa política: la necesidad de revisar cómo se utilizan los recursos públicos en la organización de las elecciones.
Si las investigaciones confirman que existieron empresas vinculadas que simularon competencia para obtener adjudicaciones, estaríamos frente a un mecanismo que habría distorsionado las licitaciones, limitado la participación de verdaderos proveedores y comprometido la transparencia del gasto electoral.
La coincidencia de los señalamientos financieros de la UIF con los hallazgos del órgano interno de control del INE obliga a profundizar las investigaciones y esclarecer quiénes participaron, cómo se asignaron los contratos y si existieron beneficios indebidos para funcionarios o particulares.
El desafío para las autoridades no consiste solamente en bloquear cuentas o presentar denuncias, sino en reconstruir las posibles redes de relaciones económicas y administrativas que permitieron estas operaciones.
La reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum encuentra en este episodio un argumento adicional para colocar la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización del gasto en el centro de la discusión.
La autonomía de las instituciones electorales no puede convertirse en un escudo frente a la rendición de cuentas. El dinero público exige vigilancia, sin excepciones ni privilegios.
Ahora corresponde a la FGR esclarecer los hechos y determinar si detrás de los contratos millonarios existió una estructura de simulación, tráfico de influencias o alguna otra conducta delictiva. La investigación deberá alcanzar a todos los involucrados, sin anticipar culpabilidades ni permitir que las responsabilidades queden sin esclarecer.
