- La morenista coloca bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos del gobierno estatal y demanda esclarecer operaciones financieras por más de 7 mil 200 millones de pesos; la denuncia también alcanza a personas cercanas al mandatario.
La disputa por la transparencia y el uso del dinero público en Nuevo León escaló al terreno judicial. Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena en la entidad, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia para que se investiguen presuntas operaciones financieras irregulares en las administraciones del gobernador Samuel García Sepúlveda.
La acción representa un movimiento político y jurídico relevante en un estado donde el manejo de los recursos públicos, los contratos gubernamentales y los posibles conflictos de interés se han convertido en asuntos de creciente interés público. Flores Carrales busca que las autoridades federales esclarezcan el destino de recursos millonarios y determinen si existieron beneficios particulares mediante operaciones vinculadas con proveedores y empresas relacionadas con personas cercanas al poder.
A través de sus redes sociales, la dirigente morenista difundió una imagen a las afueras de la FGR, acompañada por el senador Alejandro Murat, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y otros integrantes de la comitiva, con el documento de la denuncia.
Su mensaje fue contundente: «¡Nuevo León ya tiene quien los defienda!», una declaración con la que asumió una postura de defensa de los intereses ciudadanos frente a cualquier posible abuso de poder.
Flores Carrales sostuvo que la población merece gobernantes que actúen con honradez, conduzcan sus administraciones con transparencia, respeten la justicia y ofrezcan resultados, en lugar de utilizar los cargos públicos para favorecer intereses particulares.
La exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación advirtió que la corrupción no puede convertirse en una práctica tolerada ni tampoco deben normalizarse gobiernos ineficientes cuyos antecedentes y actuaciones requieren explicaciones.
Contratos millonarios, bajo la lupa de la Fiscalía
De acuerdo con los señalamientos contenidos en la denuncia y los reportes periodísticos sobre su presentación, la investigación solicitada contempla posibles delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre las personas señaladas también figuran Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador, y Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario, por lo que se solicita esclarecer posibles vínculos financieros y responsabilidades en las operaciones denunciadas.
Uno de los principales ejes de la acusación apunta a una presunta estructura de triangulación de recursos públicos. Según la denuncia, dinero procedente del gobierno estatal habría sido canalizado mediante proveedores para terminar en despachos relacionados con el entorno familiar del gobernador.
La denuncia también solicita revisar contratos por aproximadamente 110 millones de pesos celebrados por la administración estatal con empresas que, según los señalamientos, fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense debido a presuntos vínculos con el crimen organizado.
Clara Luz coloca la fiscalización en el centro de la disputa política
Más allá del enfrentamiento entre fuerzas políticas, la presentación de esta denuncia coloca sobre la mesa una exigencia fundamental: que los recursos públicos sean administrados con transparencia y que cualquier indicio de irregularidad sea investigado sin privilegios ni excepciones.
Para Clara Luz Flores, el mensaje político es también una definición de principios: Nuevo León no puede quedar sujeto a los intereses de quienes gobiernan ni permitir que las relaciones familiares, empresariales o políticas se conviertan en espacios de opacidad.
Su intervención abre un nuevo frente de presión sobre Samuel García y su administración, pero también traslada el debate a las instituciones encargadas de investigar y determinar responsabilidades.
La FGR tendrá ahora que valorar los señalamientos y, en su caso, realizar las investigaciones correspondientes. La presunción de inocencia debe prevalecer, pero también el derecho de la ciudadanía a conocer qué ocurrió con miles de millones de pesos y quiénes pudieron beneficiarse de las operaciones denunciadas.
En ese escenario, Clara Luz busca posicionarse como una voz de vigilancia y exigencia de rendición de cuentas en Nuevo León, con una bandera política clara: el poder público debe estar al servicio de la sociedad, no de los intereses privados.
