Colombia: populismo vs. Pacto Histórico
Así lo dice La Mont
Impredecible: Se observa una segunda vuelta (balotaje) en Colombia marcada por un vuelco político radical tras los resultados de la primera ronda electoral, en la que Abelardo de la Espriella, conocido popularmente como «El Tigre», se alzó con la victoria. Este polémico abogado y empresario irrumpió en la escena pública sin haber ocupado previamente un cargo de gobierno y se ha declarado ferviente admirador de los modelos políticos del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei. Su propuesta combina la promesa de mano dura y la construcción de megacárceles al estilo centroamericano con una drástica reducción del aparato estatal y postulados económicos de corte liberal. Al capitalizar el descontento de amplios sectores frente al actual gobierno de izquierda, De la Espriella se posiciona como el nuevo referente de la derecha radical, desafiando incluso a los liderazgos tradicionales del país al presentarse como un mesías antipolítico capaz de refundar el orden institucional mediante la fuerza y la disrupción mediática.
Destino: Este nuevo rumbo ideológico se definirá el próximo 22 de junio, fecha que marcará un crucial balotaje. Para esta jornada, la nación cuenta con un padrón electoral superior a los 39 millones de colombianos inscritos para acudir a las urnas. El nivel de participación en las segundas vueltas suele oscilar entre el 50 % y el 55 %, lo que significa que el destino de la nación estará en manos de aproximadamente 20 a 22 millones de ciudadanos activos. Serán ellos quienes decidan si Colombia gira de manera drástica hacia la derecha populista y punitiva de De la Espriella o si da continuidad al proyecto progresista representado por el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, que busca mantener el legado del actual mandatario, Gustavo Petro.
Proceso: La campaña electoral se desarrolla en medio de una profunda crisis de seguridad, caracterizada por una nueva espiral de violencia y la consolidación del crimen organizado en vastas regiones del territorio. Colombia enfrenta la mutación y el fortalecimiento de poderosas organizaciones del narcotráfico, como el Clan del Golfo (también autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia), las disidencias de las antiguas FARC agrupadas en el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, además del consolidado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos criminales no solo controlan las rutas de exportación de cocaína, sino que ejercen una gobernanza criminal de facto sobre diversas comunidades, además de dominar actividades como la minería ilegal y la extorsión. Sus vínculos con la política local y regional se manifiestan mediante la cooptación de alcaldías, el financiamiento ilícito de campañas y la imposición de candidatos a través de la intimidación armada, consolidando un entramado de corrupción que debilita el control institucional.
Regreso a los 90: El fantasma de la narcopolítica no es una novedad en Colombia y plantea serias dudas sobre si los candidatos presidenciales y sus partidos están realmente libres de nexos con la delincuencia organizada. El antecedente más perturbador ocurrió en 1996, cuando el gobierno estadounidense de William Clinton y su zar antidrogas, Barry McCaffrey, retiraron la visa al entonces presidente Ernesto Samper Pizano, tras confirmarse el ingreso de millones de dólares procedentes del temido Cartel de Cali a la campaña electoral que lo llevó al poder. El escándalo internacional quedó registrado como el Proceso 8.000. Paradójicamente, aquella profunda crisis institucional debilitó tanto al Estado colombiano frente a la expansión de los cárteles y las guerrillas que, pocos años después, en 1999, la administración de Andrés Pastrana impulsó junto con Washington el denominado Plan Colombia, una multimillonaria estrategia de asistencia militar y antinarcóticos diseñada para combatir el tráfico de drogas y fortalecer las instituciones del país.
La enorme polarización: Ante la retórica agresiva empleada durante las últimas semanas, se han encendido las alarmas sobre la estabilidad democrática del país, alimentando el temor de que el presidente saliente, Gustavo Petro, o sectores de la coalición oficialista puedan desconocer los resultados del balotaje si estos favorecen a la oposición. Desde la campaña de De la Espriella se ha denunciado con vehemencia que el mandatario busca perpetuarse en el poder o sabotear el proceso electoral, una narrativa alimentada por las constantesColombia, tensiones entre el Ejecutivo, los organismos de control y las misiones de observación internacional. Aunque Petro ha reiterado su compromiso con los principios constitucionales, el intercambio de acusaciones sobre presuntos fraudes, intromisiones extranjeras y la creciente desconfianza en las instituciones electorales configuran un escenario volátil, en el que la legitimidad de los resultados del próximo 22 de junio será la prueba definitiva para la fortaleza y supervivencia de la democracia colombiana.
Por: Federico Lamont
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