
Así lo dice La Mont
Se fue: La reciente dimisión de César Jáuregui Moreno como titular de la Fiscalía General del Estado cimbró los cimientos políticos de Chihuahua, al marcar un punto de inflexión en la administración de Maru Campos. Los hechos que precipitaron esta salida no son menores: una incursión de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense que culminó en tragedia. La muerte de estos agentes, tras el hallazgo de laboratorios estratégicos de narcotráfico, abrió una grieta de desconfianza institucional sobre la soberanía nacional.
En su mensaje de despedida, Jáuregui admitió omisiones graves y reconoció que la información inicial sobre la presencia de extranjeros fue inconsistente, lo que derivó en una investigación federal por presuntos delitos contra la seguridad nacional. Este escándalo no solo debilita al gabinete estatal, sino que, aunado a la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, altera drásticamente el tablero político rumbo a 2027.
En este escenario de crisis, la alternancia política comienza a dibujarse con perfiles contrastantes, pero potentes. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, se erige como el cuadro mejor posicionado en las mediciones de intención de voto. Su gestión en la frontera, respaldada por un alto nivel de conocimiento y una base electoral sólida, lo coloca como la carta fuerte del oficialismo federal para arrebatarle el estado al panismo.
Por otro lado, la figura de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño —perfil estrechamente ligado al exgobernador y hoy senador, presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral— ha comenzado a ganar atención como una alternativa de ruptura, incluso dentro de los bloques opositores tradicionales. Su perfil simboliza una política de fiscalización y combate a la corrupción que resuena con un electorado herido por los recientes escándalos de seguridad.
La complejidad de gobernar Chihuahua no se limita a la politiquería, sino al violento mapa de control territorial. Actualmente, el estado es un campo de batalla donde operan los cárteles de Sinaloa y Juárez, con sus brazos armados respectivos: “Gente Nueva” y “La Línea”. Estas organizaciones no solo controlan el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos, sino que han diversificado sus operaciones hacia la tala clandestina en la Sierra Tarahumara y el control de laboratorios sintéticos, como los descubiertos por agentes de la CIA antes de perecer.
La presencia de células locales y la incursión reportada de elementos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en zonas limítrofes añade una capa de inestabilidad que cualquier aspirante a la gubernatura deberá enfrentar con algo más que retórica.
Hacia 2027, las preferencias partidistas muestran una polarización marcada. Morena lidera las encuestas de preferencia bruta, capitalizando el desgaste del gobierno estatal y la fuerza de sus programas sociales en zonas rurales y fronterizas. El Partido Acción Nacional (PAN), aunque mantiene un voto duro histórico en la capital y en centros urbanos del centro-sur, se encuentra en una fase de introspección y defensa tras la crisis en la Fiscalía.
El PRI, por su parte, se debate entre ser un acompañante testimonial del bloque opositor o intentar rescatar fragmentos de su estructura territorial; sin embargo, su preferencia electoral sigue estancada en un dígito, funcionando más como bisagra que como una fuerza capaz de liderar la contienda de manera independiente.
Dentro de los perfiles mejor posicionados, además del ya mencionado Cruz Pérez Cuéllar, destacan nombres que buscan equilibrar el peso político. Por parte del bloque oficialista estatal, la actual gobernadora aún no define un sucesor claro, aunque se mencionan figuras del gabinete que intentan mantener distancia del escándalo Jáuregui.
No obstante, el crecimiento de la senadora Chávez Treviño, vinculada a Javier Corral, representa un desafío directo al “Maru-duartismo”, como lo denomina la oposición interna. Ella ha logrado capitalizar su posición en el Senado y su cercanía con la Comisión de Justicia para presentarse como garantía de un estado de derecho efectivo, en un momento en que la presencia no autorizada de agencias extranjeras lastima profundamente el orgullo y la legalidad en el estado grande.
Por: Federico Lamont
Domo de Cristal
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