Los trabajadores de las plataformas digitales y la democracia como forma de vida
Vale la pena reproducir textualmente la publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 6 de agosto de 2025:
“México registra récord con más de 23 millones de empleos (formales) en julio. Por primera vez formalizamos ante el IMSS a 1.2 millones de trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. Es, quizá, una de las reformas más importantes, no sólo de nuestro país, sino en el mundo.”
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por su parte, publicó lo siguiente:
“La incorporación al Régimen Obligatorio del IMSS durante el mes de julio registró el incremento mensual más alto de la historia, con 1 millón 266 mil 025 empleos, para situarse en 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo. Esto como resultado de la entrada en vigor de la reforma laboral en materia de plataformas digitales.”
La principal crítica que se ha formulado ante el envidiable dato de la tasa de desempleo en México —que ha oscilado entre 2.5% y 2.7% en los últimos 12 meses— se centra en la estructura del mercado laboral, haciendo especial énfasis en la preponderancia del trabajo informal dentro de la población ocupada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el INEGI, la tasa de informalidad en junio de 2025 se ubicó en 54.8%.
Con la incorporación a la formalidad de los trabajadores de las plataformas digitales, se estima que dicha tasa se reduciría a 52.7%, una mejora que, si bien es significativa, aún parece insuficiente. Sin embargo, cobra más valor si se considera que la tasa promedio de informalidad entre el primer trimestre de 2006 y el último de 2018 fue de 58.2%, y que el nuevo porcentaje se ubica muy por debajo de la tendencia histórica.
La cifra de incorporación al empleo formal ha provocado diversas críticas, entre ellas, que no fue resultado del crecimiento natural de la economía, lo cual es cierto. No obstante, tanto la presidenta como la STPS señalaron que el aumento en el empleo formal fue consecuencia directa de la incorporación masiva de trabajadores de plataformas digitales al IMSS.
Otro señalamiento sostiene que dicha incorporación fue obligatoria y que, por ende, se rompió la flexibilidad del mercado laboral en ese sector, lo cual podría afectar su crecimiento futuro. Además, se argumenta que la formalización reducirá los ingresos de los trabajadores debido a las aportaciones que deberán hacer al IMSS. En el caso de plataformas como Uber, Didi y Rappi, también se ha mencionado un posible cambio en el régimen fiscal que aumentaría el pago de impuestos, aunque ya se aclaró que no habrá modificaciones en las tasas impositivas vigentes.
La reforma laboral intenta, en lo posible, no anular la flexibilidad característica del sector, ya que no contempla horarios fijos ni jornadas establecidas. Lo más importante es que busca mejorar la calidad del empleo al garantizar el acceso al IMSS, las aportaciones al INFONAVIT, el pago de vacaciones y aguinaldos, la participación en utilidades y el derecho potencial a una pensión para aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores al salario mínimo. Quienes ganan menos seguirán siendo considerados como trabajadores independientes. En ambos casos, contarán con mecanismos de protección frente a riesgos laborales, lo cual es indispensable para quienes trabajan en plataformas digitales.
Más allá de los 180 días de prueba establecidos para evaluar el funcionamiento de la reforma, su impacto en el mercado y las adecuaciones necesarias, lo esencial es analizar si fue correcta o no la intervención del Estado para regular este segmento del mercado laboral. Es previsible que el mercado experimente cierto desequilibrio; sin embargo, cabe preguntarse: ¿de verdad era preferible mantener las condiciones previas, caracterizadas por bajos salarios, falta total de prestaciones y ausencia de mecanismos de protección ante los riesgos inherentes a este tipo de empleos?
Podría argumentarse que la alta demanda de empleo en plataformas digitales se debe a la baja calidad de la mano de obra, lo que obliga a millones de personas a emplearse en cualquier actividad disponible. Este argumento se refuerza con las mediocres tasas de crecimiento económico del país. No obstante, el trabajo en plataformas digitales es un fenómeno global, intensificado durante la crisis del COVID-19 y que ha continuado creciendo en todas las economías del mundo.
Lo cierto es que, por las razones que sean (el bajo crecimiento económico o la escasa generación de empleos de calidad), más de un millón de personas que laboran en plataformas estaban expuestas a sobreexplotación y a condiciones laborales inadecuadas. Ante este contexto preocupante, reitero: ¿debía el Estado mexicano quedarse de brazos cruzados?
La mejor tradición del pensamiento económico concibe que el salario está influido por normas sociales con un fuerte contenido ético. Es decir, que en la determinación del salario influyen valores que trascienden la simple lógica de oferta y demanda. David Ricardo sostenía que el “precio natural” del trabajo es aquel que permite sostener a los trabajadores y a sus familias. Este es apenas el punto de partida: también debe procurarse una mejora continua en las condiciones de existencia de la clase trabajadora, que representa la abrumadora mayoría en todos los países del mundo.
La presidenta Sheinbaum ha definido su estrategia salarial no solo como un mecanismo de remuneración, sino como una herramienta para alcanzar una meta concreta: que el salario mínimo represente 2.5 veces el valor de la canasta básica y no básica al finalizar su sexenio. Este objetivo no parece lejano si se observa la tendencia actual:
Es evidente que la meta del gobierno para los trabajadores de plataformas digitales difícilmente podría alcanzarse sin garantizarles acceso a servicios y prestaciones como los del IMSS, así como a otros beneficios básicos que el Estado ofrece, usualmente, de forma gratuita o subsidiada. Esta intervención del gobierno, sin embargo, ha incomodado a las plataformas digitales, que verán reducidas sus utilidades al tener que realizar aportaciones a dichas prestaciones. Pero volvemos al mismo punto: el salario no debe ser una simple consecuencia de coeficientes técnicos de operación, sino que debe estar condicionado por principios éticos que busquen mejores condiciones de vida —físicas y espirituales— para los trabajadores, lo cual implica moderar la sed de ganancia de los empleadores.
A quienes piensan que es mejor dejar al mercado determinar libremente los salarios —particularmente en sectores como el de las plataformas digitales—, la intervención del Gobierno Federal puede parecerles inaceptable, incluso “intromisoria”. Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, nuestro Estado no es una entidad meramente positivista. Estamos ante un Estado democrático y social de derecho. Con base en ello, pueden establecerse las siguientes conclusiones:
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La democracia, más que una forma de gobierno o una estructura jurídica, debe concebirse como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. (Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
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La premisa básica es la vida y la práctica social, con el objetivo fundamental de procurar la dignidad humana, especialmente para los sectores con menores ingresos o condiciones de vida más precarias.
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El trabajo es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, además del acceso a este, es necesario que sea digno, con remuneraciones y condiciones laborales justas.
La reforma laboral hace que el gobierno se acerque al espíritu de la Constitución, ya que se fundamenta en el derecho de los trabajadores a alcanzar una vida digna. Queda la duda de si instituciones como el IMSS cuentan con los recursos o la capacidad suficiente para atender a las miles de personas (casi 1.3 millones, por ahora) que se incorporarán a sus servicios. Esto debió haberse previsto. De no ser así, las instituciones del Estado, en aras de la conciencia colectiva, deben tener la capacidad de adaptación y transformación para responder a la expectativa de cada mexicano de aspirar a una forma de vida cimentada en la dignidad humana.
Por: Gildardo Cilia López
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