Por: Jueza Amarande Riojas Orozco
Hay una contradicción persistente en el discurso político: se proclama la libertad, pero rara vez se precisa quién está en condiciones de ejercerla; se defiende la propiedad, pero se ignora a quienes jamás tendrán acceso a ella, y se exige responsabilidad individual, aunque esta recaiga con mayor peso sobre los hombros de los sectores más vulnerables.
La arquitectura de este modelo descansa sobre una premisa implacable: justicia para las élites, derechos para los mercados y obligaciones para la gente.
Desde mi trinchera como jueza penal federal, observo cotidianamente las grietas de este desequilibrio. En el papel, la ley es una figura simétrica e imparcial; en la realidad material, las condiciones para acceder a la justicia son profundamente desiguales. Un corporativo o un litigante con recursos económicos suficientes puede financiar defensas técnicas prolongadas, contratar especialistas y proteger sus intereses mediante complejas estructuras jurídicas. En contraste, una persona en condiciones de precariedad enfrenta al aparato judicial con los mismos derechos formales, pero sin el tiempo, el dinero ni el acompañamiento necesarios para hacerlos efectivos.
Así, la justicia corre el riesgo de convertirse en un templo exclusivo: un espacio solemne al que cualquiera puede ingresar, siempre que tenga recursos para pagar sus tarifas, descifrar sus tecnicismos y esperar durante años una respuesta de los tribunales.
El esfuerzo, la inversión y la iniciativa empresarial son indispensables para el desarrollo de cualquier comunidad. Lo inadmisible es que el éxito económico se utilice para justificar una distribución desigual de la dignidad, como si el valor de una persona dependiera de su capacidad para producir, consumir o cotizar en el mercado.
Con frecuencia se afirma que la pobreza es consecuencia de la falta de empeño individual, que hay personas que no quieren trabajar o esforzarse. Ese argumento evade la responsabilidad de un sistema que reproduce desigualdades estructurales desde el nacimiento. Resulta cómodo exigir disciplina a quien creció sin oportunidades, pero mucho más difícil responder a una pregunta fundamental: ¿qué responsabilidad tiene una sociedad que normaliza las desigualdades de origen y las convierte en destinos aparentemente inevitables?
Cuando una empresa enfrenta dificultades financieras, el discurso público se llena de llamados a garantizar certidumbre, otorgar estímulos y proteger las inversiones. Es razonable, porque la economía necesita condiciones de estabilidad. Sin embargo, cuando una familia pierde sus ingresos o enfrenta una crisis de salud, algunos sectores abandonan el análisis estructural y recurren de inmediato al reproche moral. Al mercado se le ofrecen garantías; al ciudadano se le exige resiliencia.
Para las corrientes estrictamente economicistas, la libertad suele reducirse a la ausencia de intervención del Estado. Pero esa definición se convierte en una ficción para quien debe aceptar condiciones laborales inhumanas porque no puede permitirse pasar una semana sin ingresos, o para la estudiante que abandona su formación académica para asumir tareas de cuidado invisibilizadas y sin remuneración.
Una democracia humanista no puede conformarse con reconocer libertades en abstracto. También debe garantizar las condiciones materiales indispensables para que las personas desarrollen sus capacidades y puedan elegir su destino con verdadera autonomía.
Esto no significa gastar sin responsabilidad ni formular promesas imposibles de cumplir. Significa comprender que el presupuesto público no es una simple hoja de cálculo con cifras frías, sino una expresión concreta de las prioridades y los valores de una sociedad. Cada peso destinado —o negado— a la salud, la educación y la infraestructura revela a quiénes coloca en el centro de sus decisiones un gobierno.
América Latina continúa atrapada en una falsa disyuntiva: elegir entre crecimiento económico y dignidad humana. No necesitamos sustituir una ortodoxia ciega por otra, ni enfrentar a quienes generan riqueza con quienes contribuyen a producirla. Necesitamos comprender que ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente libre cuando el origen social condiciona el destino de las personas, ni plenamente justa cuando los derechos sociales se reducen a mercancías cuyo acceso depende del tamaño de la cartera.
La izquierda tampoco está exenta de responsabilidades. Traiciona sus principios cuando restringe los contrapesos, debilita la independencia judicial o convierte las necesidades sociales en instrumentos de control y botín político. La justicia social y las libertades individuales no son conceptos excluyentes: se necesitan mutuamente para establecer límites infranqueables frente a cualquier abuso de poder.
Una comunidad en la que los mercados concentran derechos, las élites tienen mayores posibilidades de acceder a la justicia y las mayorías cargan con las obligaciones puede resultar rentable en los tableros financieros durante algún tiempo, pero jamás constituirá una república verdaderamente justa. El progreso no consiste en permitir que unos cuantos vivan en el Olimpo mientras los demás empujan, eternamente y sin tregua, la misma piedra cuesta arriba.
La meta institucional y ética es clara y urgente: construir un orden social en el que nadie tenga que demostrar su rentabilidad económica para merecer una vida digna.
