Así lo dice La Mont
¡Aún hay más! La historia del derecho penal mexicano recuerda épocas en las que el delito de traición a la patria podía castigarse con el pelotón de fusilamiento. Con el paso de las décadas y la evolución del marco jurídico hacia un sistema de mayores garantías, la pena de muerte desapareció de la legislación nacional y fue sustituida por sanciones privativas de la libertad para quienes cometen delitos de extrema gravedad contra el Estado.
Hoy, la controversia judicial que rodea al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios públicos y los alcances de la justicia. Las acusaciones que pudieran derivarse de las investigaciones en su contra abren un escenario político y jurídico de consecuencias imprevisibles. Sin embargo, cualquier referencia a una eventual cadena perpetua debe sustentarse en los delitos formalmente imputados, las penas previstas en la legislación aplicable y las resoluciones de las autoridades judiciales.
Quien encabezó la procuración de justicia estatal enfrenta ahora el desafío de responder a los señalamientos que lo involucran. La paradoja resulta evidente: una figura que ocupó una posición clave en el aparato de seguridad y justicia de Chihuahua se encuentra bajo el escrutinio público. El caso también pone a prueba la solidez de los mecanismos institucionales y la capacidad del sistema judicial para investigar posibles responsabilidades sin privilegios ni excepciones.
Colapso: La crisis política y ética que sacude al panismo chihuahuense amenaza con debilitar sus aspiraciones mucho antes de que comience formalmente la contienda por la gubernatura de 2027. La narrativa triunfalista del Partido Acción Nacional se enfrenta al desgaste acumulado de una administración cuestionada por los escándalos, los conflictos institucionales y las crecientes dudas sobre su capacidad para conservar el control político del estado.
El que durante años fue uno de los principales bastiones del conservadurismo en el norte del país muestra señales de fractura interna. Las diferencias entre los grupos panistas, sumadas al costo político de las controversias que involucran a figuras del gobierno estatal, pueden complicar la cohesión partidista justo cuando el calendario electoral comienza a perfilarse en el horizonte.
En ese escenario, alcaldes, legisladores y dirigentes locales tendrán que decidir si mantienen su respaldo irrestricto a la marca albiazul o buscan tomar distancia de los conflictos que amenazan con erosionar su capital político. Para los electores, el balance de gobierno y la percepción de responsabilidad frente a los escándalos podrían convertirse en factores decisivos.
Morena, por su parte, tiene la oportunidad de capitalizar el descontento y ampliar su presencia territorial. No obstante, transformar una crisis del adversario en una victoria electoral exigirá organización, propuestas y una candidatura capaz de conectar con las demandas ciudadanas. La contienda por 2027 comienza a perfilarse como una disputa que podría modificar el equilibrio de fuerzas en Chihuahua, aunque el desenlace dependerá de la evolución de las investigaciones, el desempeño gubernamental y las preferencias del electorado.
Irrupción de Morena: En medio de este escenario de desgaste panista, Morena busca consolidar su posicionamiento en Chihuahua mediante una estrategia que coloca la seguridad pública, la coordinación institucional y la presencia federal entre sus principales prioridades. La dimensión fronteriza del estado lo convierte en un territorio estratégico para México y Estados Unidos, particularmente por los desafíos asociados al tráfico de armas, el narcotráfico y las operaciones de organizaciones criminales.
La cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad puede contribuir a identificar redes delictivas, compartir información y fortalecer las investigaciones, siempre que se desarrolle dentro de los marcos legales correspondientes y con pleno respeto a la soberanía nacional. Sin embargo, atribuir a una coordinación específica con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense la desarticulación de estructuras criminales o una reducción sostenida de los homicidios y la extorsión requiere datos oficiales verificables que permitan establecer esa relación.
Chihuahua ha padecido durante años los efectos de la violencia y la disputa territorial entre grupos criminales. Por ello, cualquier estrategia de pacificación debe evaluarse a partir de resultados medibles: la evolución de los homicidios, las denuncias por extorsión, las detenciones sustentadas en investigaciones sólidas y la capacidad de las instituciones para recuperar espacios sometidos a la delincuencia.
La coordinación entre autoridades federales y estatales, junto con el intercambio de información con agencias extranjeras, puede representar una herramienta relevante para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras. Pero la seguridad duradera no depende exclusivamente de operativos o labores de inteligencia: también requiere instituciones confiables, combate a la corrupción, prevención del delito y condiciones sociales que reduzcan la capacidad de reclutamiento de las organizaciones criminales.
En la disputa política rumbo a 2027, Morena intentará presentar la seguridad y la coordinación federal como elementos de contraste frente a los cuestionamientos que enfrenta el gobierno panista. La clave estará en demostrar resultados comprobables y traducirlos en confianza ciudadana. En Chihuahua, donde la seguridad constituye una de las principales exigencias sociales, la rendición de cuentas y la eficacia institucional podrían pesar tanto como las alianzas partidistas en la definición del próximo gobierno estatal.
Por: Federico Lamont
