Por: Eduardo Esquivel Ancona
El debate sobre el abastecimiento de agua en Guadalajara exige revisar la historia del proyecto, distinguir las responsabilidades federales y estatales y evaluar el costo de las decisiones que retrasaron su operación integral. Las afirmaciones difundidas en Latinus por Carlos Loret de Mola sobre la presa El Zapotillo deben contrastarse con las modificaciones técnicas de la obra y los compromisos de infraestructura que quedaron pendientes.
La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es un problema real que afecta a miles de hogares y requiere soluciones verificables. Sin embargo, explicar sus causas mediante señalamientos que omiten los antecedentes del proyecto puede conducir a conclusiones equivocadas. En su reportaje de poco más de cuatro minutos para Latinus, Carlos Loret de Mola cuestionó el funcionamiento de la presa El Zapotillo y responsabilizó a los gobiernos de la Cuarta Transformación por las deficiencias en el suministro.
El problema de ese planteamiento es que una presa no puede evaluarse únicamente por la altura de su cortina ni por la cantidad de agua que se observa en determinado momento. Para entender su capacidad de abastecimiento es indispensable analizar el diseño hidráulico, la disponibilidad del recurso, los mecanismos de operación y, sobre todo, la infraestructura necesaria para conducir el líquido hasta los usuarios.
La discusión también tiene una dimensión económica: cada modificación, retraso, contrato incumplido y obra complementaria pendiente tiene consecuencias sobre el gasto público, las finanzas estatales y el bienestar de la población. Por ello, la revisión del caso exige separar los hechos documentables de las interpretaciones políticas.
Una obra con antecedentes que se remontan al periodo neoliberal
La historia de El Zapotillo no comenzó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto se desarrolló a partir de decisiones adoptadas durante administraciones anteriores, entre ellas la de Felipe Calderón, cuando se impulsó una estrategia hidráulica destinada a atender las necesidades de abastecimiento de distintas regiones de Jalisco y de León, Guanajuato.
El diseño original contempló una cortina de 80 metros, pero posteriormente se modificó para alcanzar los 105 metros, con el propósito de ampliar la capacidad de almacenamiento y distribución del agua. Esa configuración estuvo relacionada con un esquema de aprovechamiento que incluía a León y a Los Altos de Jalisco.
La modificación, sin embargo, generó una prolongada controversia social y jurídica. Las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se opusieron a la inundación de sus localidades, mientras que los litigios y las dificultades técnicas retrasaron la ejecución del proyecto.
Este antecedente resulta fundamental para valorar las críticas actuales: El Zapotillo no fue una obra diseñada desde cero por la administración de López Obrador, sino un proyecto heredado que tuvo que replantearse después de años de conflictos.
La empresa española Abengoa que era la encargada de construir el acueducto a León de 140 kilómetros en 10 años solo construyo 4 kilómetros provocando perdidas al erario.
La reducción de la cortina no equivale a una obra mutilada
En agosto de 2021, el gobierno federal encabezado por López Obrador acordó una solución para continuar con el proyecto sin inundar las comunidades afectadas. El rediseño estableció una cortina de 80 metros, en lugar de los 105 metros contemplados en la configuración posterior del plan original.
La decisión modificó las condiciones de almacenamiento y operación del sistema, pero respondió a un objetivo concreto: conciliar el aprovechamiento del agua con la protección de las poblaciones. El esquema también contempló ventanas vertedoras, cuya función debe entenderse dentro del diseño hidráulico y de las condiciones de seguridad de la presa.
Por ello, presentar la reducción de la cortina como una simple mutilación de la obra, sin explicar el conflicto social que motivó el cambio, deja fuera una parte decisiva de la historia.
Tampoco es correcto confundir la altura de la cortina con el porcentaje de capacidad operativa del sistema. Una presa puede tener una estructura terminada y, aun así, requerir acueductos, plantas, conexiones y redes de distribución para que el agua llegue a las viviendas. La infraestructura de almacenamiento y la infraestructura de conducción son componentes distintos, aunque interdependientes.
Tres afirmaciones que necesitan una revisión técnica
El reportaje de Loret de Mola plantea cuestionamientos que deben contrastarse con las características reales del proyecto.
1. La altura de la cortina y la supuesta pérdida de capacidad.
La referencia a una presa que debía tener 80 metros y que supuestamente funciona a la mitad resulta insuficiente y falsa para explicar su desempeño. El proyecto pasó por una etapa en la que se contemplaron 105 metros, pero el acuerdo de 2021 estableció una cortina de 80 metros para evitar la inundación de las comunidades.
Por tanto, comparar ambas alturas sin precisar a qué diseño corresponde cada una confunde dos etapas distintas del proyecto. Para determinar la capacidad efectiva de almacenamiento y abastecimiento se necesitan datos sobre niveles de operación, volúmenes disponibles, aportaciones del río y condiciones de extracción.
2. Las ventanas de la presa.
Los orificios y las estructuras de descarga forman parte del diseño hidráulico y cumplen funciones relacionadas con el control del agua y la operación segura de la infraestructura. En El Zapotillo, las ventanas se incorporaron al esquema que permitió mantener la cortina a una altura menor y proteger a las poblaciones.
No obstante, su función exacta debe explicarse con base en los planos y las especificaciones técnicas. No basta con mostrar las aberturas para concluir que la presa está incompleta o que su funcionamiento es deficiente. La evaluación requiere conocer cómo operan los dispositivos, cuáles son los niveles previstos y qué condiciones hidráulicas determinan las descargas.
3. La responsabilidad por el acueducto y las obras complementarias.
La presa y el sistema que transporta su agua no son una misma obra. El proyecto integral requiere infraestructura de conducción, conexiones y distribución para que el recurso llegue a los puntos de consumo.
Durante el gobierno estatal de Enrique Alfaro se asumieron compromisos relacionados con el abastecimiento de Guadalajara. Sin embargo, la terminación de la cortina durante la administración federal anterior no significó que todas las obras necesarias para poner en operación integral el sistema estuvieran concluidas.
Atribuir exclusivamente a la Federación los retrasos del conjunto hidráulico, sin distinguir las responsabilidades contractuales, presupuestarias y ejecutivas de cada nivel de gobierno, ofrece una explicación incompleta. Para establecer responsabilidades definitivas es necesario revisar los convenios, los contratos, los calendarios de ejecución y los avances físicos y financieros de cada componente.
El costo económico de los retrasos
El caso de El Zapotillo también evidencia el costo de una planeación deficiente y de los cambios sucesivos en los proyectos de infraestructura pública.
Cuando una obra hidráulica se prolonga durante años, el erario enfrenta riesgos que van más allá del presupuesto inicial. Los retrasos pueden generar mayores costos de construcción, actualización de precios, gastos de conservación, controversias contractuales y necesidades adicionales de financiamiento. A ello se suma el costo social de no disponer oportunamente del servicio para el que se diseñó la infraestructura.
La situación del acueducto asociado a León, Guanajuato, ilustra otra arista del problema. El proyecto original buscaba llevar agua a esa ciudad, pero su desarrollo enfrentó dificultades técnicas, financieras y contractuales. La participación de la empresa española Abengoa y los problemas que rodearon la ejecución de las obras forman parte de los antecedentes que deben investigarse para esclarecer por qué no se concretó oportunamente el esquema previsto.
En términos económicos, una infraestructura que no entra en operación según lo programado representa recursos inmovilizados y beneficios sociales que no se materializan. Para los hogares, la insuficiencia del suministro puede traducirse en gastos adicionales para almacenar o adquirir agua; para las empresas, en mayores costos operativos y riesgos para la continuidad de sus actividades.
Sin embargo, cuantificar el impacto fiscal exige información verificable sobre el gasto ejercido, los contratos, los adeudos, las indemnizaciones y el costo actualizado de las obras pendientes. Sin esos datos, cualquier cifra sobre el supuesto daño al erario sería especulativa.
También debe considerarse la disponibilidad del recurso. El volumen que una presa puede entregar no depende exclusivamente de su capacidad física, sino de las aportaciones del río, la variabilidad de las lluvias, las condiciones de sequía y las reglas de operación. Por ello, los estudios hidrológicos y ambientales son indispensables para evaluar si el sistema puede satisfacer de manera sostenible las necesidades de la población.
El compromiso de Jalisco y la infraestructura pendiente
Al concluir su administración, Enrique Alfaro sostuvo que el abastecimiento de agua para Guadalajara quedaría garantizado durante los siguientes 50 años. Esa afirmación debe contrastarse con la capacidad efectiva del sistema, el avance de las obras complementarias y las proyecciones de demanda de la zona metropolitana.
El gobierno de Jalisco ha buscado alternativas de financiamiento y autorizaciones federales para avanzar en infraestructura hidráulica. En ese proceso, la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resulta relevante cuando se requiere autorización para contratar deuda o estructurar financiamientos sujetos a las disposiciones aplicables.
La coordinación entre la Federación y el gobierno estatal es indispensable, pero debe traducirse en compromisos presupuestarios claros, calendarios públicos, metas verificables y mecanismos de rendición de cuentas. La población necesita conocer qué obras faltan, cuánto costarán, quién debe ejecutarlas y cuándo podrán producir resultados.
El objetivo no debe reducirse a ganar una disputa política. Se trata de garantizar el suministro, mejorar la calidad del agua y evitar que los costos de los retrasos continúen trasladándose a los contribuyentes y a las familias.
Periodismo, evidencia y responsabilidad pública
Las críticas de Carlos Loret de Mola pueden y deben someterse a escrutinio, como ocurre con cualquier reportaje sobre el ejercicio del poder. Sin embargo, las afirmaciones falsas del periodista yucateco solo se hicieron para golpear al gobierno federal ya que el reportaje requiere contrastarla con documentos, datos técnicos y antecedentes verificables, no únicamente con una interpretación alternativa y de mala leche.
En el caso de El Zapotillo, hay elementos que no pueden omitirse: el proyecto surgió de decisiones adoptadas antes de la Cuarta Transformación; la cortina se redujo de 105 a 80 metros para proteger a las comunidades; la presa y el acueducto son componentes distintos, y la terminación de la primera no garantiza por sí misma el suministro a los hogares.
Esos hechos obligan a matizar cualquier relato que atribuya toda la responsabilidad a una sola administración. También impiden concluir, sin una revisión documental específica, que cada afirmación del periodista fue deliberadamente falsa o que su equipo actuó con negligencia.
La pregunta relevante es si el reportaje explicó de manera completa las modificaciones del proyecto, la distribución de responsabilidades y las condiciones técnicas que determinan el abastecimiento. Si omitió esos elementos, su diagnóstico resulta incompleto y puede inducir a la audiencia a confundir el diseño de la presa con el funcionamiento de todo el sistema hidráulico.
El Zapotillo es un ejemplo de cómo las decisiones de infraestructura pueden acumular costos económicos, sociales y políticos durante varias administraciones. La discusión pública necesita menos simplificaciones y más información: contratos, presupuestos, auditorías, estudios hidrológicos y avances físicos de las obras.
Porque el problema del agua no se resuelve con una disputa entre periodistas y gobiernos. Se resuelve con infraestructura terminada, recursos bien utilizados, responsabilidades transparentes y agua suficiente y de calidad para la población.
