SonoraPower por Demian Duarte
El partido Morena ha definido a 10 de los 17 coordinadores de la Defensa de la Transformación, es decir, quienes se perfilan para convertirse en sus candidatos a las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027.
Todo marchaba relativamente bien hasta las definiciones de Guerrero y Zacatecas, que generaron discordia entre las bases de Morena, particularmente porque existe la percepción de que, lejos de ser resultado de las encuestas, las decisiones obedecieron a acuerdos políticos para favorecer determinados intereses de grupo.
A ello se suma el cuestionamiento a Beatriz Mojica, debido a que en el pasado criticó al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque la guerrerense se incorporó hace tiempo a las filas de Morena, después de su trayectoria en el PRD, e incluso es senadora con licencia por el partido guinda, no han faltado quienes le recuerden y cuestionen sus anteriores posiciones políticas.
El caso más polémico es, sin duda, el de Verónica Díaz, también senadora con licencia, quien además tiene la particularidad de haber sido esposa de uno de los hermanos del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Es madre de sus sobrinos y ex cuñada del senador Ricardo Monreal y del diputado federal Saúl Monreal, integrantes de la misma familia política. Por ello, resulta difícil que no se cuestione la cercanía existente con ese grupo de poder y la posibilidad de un eventual conflicto de intereses o de nepotismo.
Llama la atención, además, la reacción airada de Citlalli Hernández, Ariadna Montiel y Rafael Hernández, “El Fisgón”, ante las críticas. Su respuesta transmite la impresión de que el proceso interno estuviera exento de fallas. Precisamente por ello, sería necesario transparentarlo y despejar las dudas, para que exista congruencia entre el discurso y la actuación.
Morena no es un asunto de unos cuantos iniciados. Es un tema de interés público desde el momento en que se trata de un partido político financiado con recursos públicos y del que, además, surgirá una parte importante de la nueva generación de gobernantes del país.
Y el proceso todavía está lejos de concluir. A Morena le falta definir las candidaturas en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y San Luis Potosí, entidades que han quedado para el final y que, además, permanecen en una espera que comienza a generar impaciencia.
La lógica de lo que ocurre con estas definiciones podría mantener a los aspirantes y a las bases en vilo hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, aumentan los conflictos internos y, con ellos, las fisuras dentro del partido. El riesgo es que esas diferencias deriven en rupturas y terminen fortaleciendo a la oposición.
Queda claro que la tardanza está relacionada con negociaciones y, particularmente, con desacuerdos respecto de las posiciones políticas que están en juego. Pero también resulta evidente que Morena no puede prolongar indefinidamente estas definiciones.
El partido tendrá que resolver este proceso antes de que concluya septiembre. De lo contrario, la demora seguirá alimentando las dudas, profundizando las diferencias internas y complicando un proceso que debería estar encaminado a fortalecer la unidad rumbo a 2027.
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