Por: Federico La Mont
Una lectura: La memoria política de Oaxaca suele cobrar facturas elevadas a quienes gobiernan con soberbia. Quien decide conducir los destinos del estado bajo el espejismo del control absoluto o desde el desprecio hacia la sociedad civil, tarde o temprano termina estrellándose contra la realidad institucional de una entidad que históricamente no tolera los excesos desde el poder. Para dimensionar el deterioro de la administración que encabeza Salomón Jara Cruz, resulta obligado revisar los pasajes oscuros en los que la ingobernabilidad terminó por aplastar a quienes se creyeron intocables.
El primer gran hito de esta fragilidad institucional se remonta al periodo de Manuel Zárate Aquino, cuya abierta confrontación con la sociedad civil y los sectores populares escaló a tal grado que el fantasma de la desaparición de poderes recorrió los pasillos del Senado. Aunque la medida extrema nunca se decretó formalmente, en los hechos, la presión social y la incapacidad de gestión terminaron por forzar la salida del mandatario. La enseñanza quedó marcada desde entonces: en Oaxaca, aislarse de la sociedad puede convertirse en el preludio de la caída.
Tres décadas después, la lección volvió a ser ignorada durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. La cerrazón frente a las demandas populares y la desmedida represión incubaron la crisis de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, sumiendo al estado en una parálisis violenta y provocando una profunda fractura del tejido social.
Hoy, el gobierno de Salomón Jara tropieza con algunas de las mismas piedras, pero incorpora ingredientes propios de una creciente descomposición política. La violencia vinculada con organizaciones del crimen organizado se ha agudizado en regiones estratégicas como el Istmo, la Costa y los Valles Centrales, mientras la respuesta oficial es percibida como insuficiente frente a la magnitud del problema.
A este escenario de inseguridad se suma un creciente señalamiento de nepotismo, que ha colocado bajo cuestionamiento el funcionamiento del aparato estatal y la distribución de espacios de poder entre familiares y grupos de interés, en contraste con las promesas de transformación.
Al final, la historia política de Oaxaca demuestra que la gobernabilidad no se sostiene únicamente con discursos ni con el distanciamiento de los ciudadanos. Cuando el crimen gana terreno, el nepotismo desplaza a la capacidad institucional y la confrontación sustituye al diálogo, el costo político puede ser elevado.
En Oaxaca, la memoria no olvida y, tarde o temprano, suele pasar factura.
Por: Federico Lamont
