La narrativa oficial de la reforma judicial prometió una justicia rápida, expedita y cercana al pueblo. Sin embargo, en la ventanilla del usuario común, de las empresas y de los litigantes corporativos, la realidad operativa muestra un retroceso brutal: el reemplazo de la técnica por el hiperformalismo y la consolidación del llamado “amparo estadístico” como mecanismo de descarte masivo.
Este no es un problema exclusivo de los abogados; es una crisis que afecta la economía, la seguridad y la inversión de todos los mexicanos.
El impacto económico y la ahuyentación de la inversión
El principio es elemental: sin certeza jurídica no hay inversión. Ningún capital serio —nacional o extranjero— se arriesga a instalarse en un país donde la recuperación de garantías, el cobro de un crédito o la restitución de un bien pueden convertirse en años de desgaste.
Cuando una empresa, una entidad financiera o un inversionista descubre que el propio Estado puede perder o destruir un expediente en un archivo local sin dejar respaldo digital y que, para exigir la reposición de sus derechos, la Justicia Federal puede imponer una especie de “aduana peajera” de 100 mil pesos en edictos básicos en el Diario Oficial de la Federación y otro medio de amplia circulación para notificar a un tercero sobre un juicio inexistente, el mensaje para el mercado es desolador: el patrimonio privado está indefenso.
El riesgo país aumenta, el costo del crédito se encarece para las pequeñas y medianas empresas y los proyectos productivos terminan por buscar jurisdicciones que ofrezcan mayor seguridad jurídica.
La erosión de la seguridad y la barbarie de los “otros medios”
Existe un vínculo directo entre la ineficiencia judicial y la crisis de seguridad que enfrenta México. El Estado ostenta el monopolio legítimo de la fuerza a cambio de garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, cuando la vía legal se transforma en un laberinto interminable de amparos, quejas y revisiones que tardan años sin resolver los conflictos de fondo, se envía una señal perversa a la sociedad: la justicia estatal no funciona.
Si cobrar una deuda o recuperar una propiedad mediante las instituciones toma un lustro y miles de pesos en costos procesales, el ciudadano o el comerciante terminan desesperados. La impotencia institucional puede empujar a la sociedad hacia la justicia por propia mano o hacia la contratación de “otros medios” al margen de la ley.
La falta de tutela judicial efectiva se convierte así en un caldo de cultivo para la extorsión, el cobro de piso y la violencia, pues el deudor que actúa de mala fe sabe que la impunidad procesal puede protegerlo frente al acreedor que decidió recurrir a las instituciones.
El extravío estructural y la excusa de la “excesiva carga de trabajo”
En el fuero común, la pérdida de expedientes derivada de la extinción y redistribución de juzgados, sumada a la falta de salas de lectura y al hacinamiento de documentos, obliga al ciudadano a realizar trámites presenciales que deberían estar digitalizados.
Mientras tanto, en los tribunales federales, juzgados y magistrados justifican años de retraso con el argumento de su amplia “carga de trabajo”, como si las empresas, los trabajadores y las familias no tuvieran también cargas operativas y financieras que terminan por colapsar debido a la lentitud institucional.
El abismo internacional
Esta distorsión resulta difícil de imaginar en países con los que México pretende competir.
En Estados Unidos, la gestión digital de expedientes mediante el sistema CM/ECF permite una administración electrónica de los procesos, mientras que las reglas procesales contemplan mecanismos para trasladar determinados costos a la parte que actúa de mala fe.
En la Unión Europea, los principios de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia buscan evitar que las cargas administrativas y procesales se conviertan en barreras desproporcionadas para los ciudadanos.
¿De qué sirven los discursos teóricos de académicos y legisladores de escritorio si ignoran el colapso de la ventanilla? Pretender que el ciudadano o el inversionista acepten por dogma que “todo está mejor que antes” resulta insostenible cuando el sistema exhibe fallas que terminan afectando directamente el patrimonio de las personas.
Ante la indiferencia del llamado “amparo estadístico” y el colapso operativo del sistema, un camino de defensa para el sector corporativo consiste en documentar las fallas, exigir responsabilidades y, cuando jurídicamente proceda, reclamar la reparación correspondiente mediante los mecanismos de responsabilidad patrimonial del Estado.
Si el Estado no garantiza la protección efectiva de la propiedad y del crédito, la llamada “justicia del bienestar” corre el riesgo de convertirse en una ficción que termina cobrándose en seguridad, inversión y desarrollo nacional.
Un año después: hiperformalismo y dilación
A un año de la tan anunciada reforma judicial del oficialismo, y pese a su narrativa triunfalista, permanece la percepción de que la situación no solo no mejoró, sino que en diversos ámbitos empeoró.
La operación cotidiana muestra un sistema marcado por el hiperformalismo, la dilación procesal y prácticas que generan la percepción de simulación.
Las escenas y debates registrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han alimentado críticas sobre el nivel de formación jurídica, la calidad de la discusión y la preparación de quienes hoy ocupan esos espacios. Si ese es el nivel que se observa en el máximo tribunal, el panorama en la justicia federal y en los fueros comunes puede resultar todavía más preocupante.
Si existiera una prueba equivalente a PISA aplicada a conocimientos jurídicos entre algunos de los actuales impartidores de justicia, el resultado podría poner en evidencia deficiencias que deberían ser corregidas antes de asumir responsabilidades de esa magnitud.
La crítica no debe centrarse únicamente en las personas, sino en un sistema que permitió que la capacidad técnica quedara subordinada, en algunos casos, a consideraciones políticas o de lealtad.
Es lo que hoy tenemos. Y mientras el Ejecutivo y el Legislativo no hagan correctamente su trabajo institucional, el Poder Judicial corre el riesgo de convertirse en un apéndice afín al poder en turno, en lugar de funcionar como un verdadero contrapeso autónomo.
Litigantes que abusan del sistema
A este cóctel de ineptitud institucional se suma una herida abierta en el foro cotidiano: el abuso del derecho por parte de malos litigantes.
Las chicanas y las prácticas dilatorias continúan operando sin una responsabilidad efectiva para abogados que, bajo el pretexto de una supuesta defensa, recurren a la marrullería procesal.
Presentan recursos e incidentes que los tribunales admiten, en ocasiones, sin una valoración suficientemente estricta, con lo que consiguen ganar tiempo a costa del desgaste emocional, moral y económico de los justiciables, incluso en asuntos que ya fueron resueltos con carácter de cosa juzgada.
Esto se evidencia en la falta de ejecución oportuna de asuntos civiles, mercantiles, familiares, administrativos, laborales y penales.
El problema no es la existencia de recursos legales. El problema aparece cuando las herramientas procesales se utilizan deliberadamente para prolongar indefinidamente los conflictos y cuando los órganos jurisdiccionales no cuentan con mecanismos eficaces para impedir el abuso.
Justicia ausente, sociedad vulnerable
Este entorno de impunidad procesal tiene un correlato alarmante en la paz social. El hecho de que una enorme proporción de los delitos no sea denunciada constituye una señal de desconfianza hacia las instituciones y de la percepción de que acudir a ellas no necesariamente conduce a una solución.
Cuando el Estado no actúa con eficacia y, en algunos casos, termina siendo percibido como parte del problema, la ciudadanía pierde confianza en las instituciones y puede recurrir a otros medios para resolver sus conflictos.
Mientras los juzgados continúen justificando sus rezagos bajo el argumento de una supuesta excesiva carga de trabajo y se premie la lealtad política por encima de la capacidad técnica, la justicia en México seguirá siendo percibida como una ficción costosa que ahuyenta la inversión, desprotege el patrimonio y fractura el tejido social.
Si el Estado no garantiza una tutela judicial efectiva, la promesa de una justicia cercana al pueblo habrá fracasado.
¿Y los días de descanso?
El problema se vuelve todavía más evidente cuando, en septiembre, durante las celebraciones patrias, se acumulan periodos de suspensión de labores y días inhábiles en distintos órganos jurisdiccionales.
Apenas unas semanas después de los periodos vacacionales, en algunos tribunales y juntas locales se establecen nuevos puentes que extienden varios días la suspensión de actividades. Mientras tanto, en determinados órganos federales y del fuero común se mantienen jornadas reducidas o esquemas de descanso que contrastan con el enorme rezago acumulado.
La pregunta es inevitable: ¿puede un sistema con expedientes atrasados, juicios que tardan años y ciudadanos que esperan justicia permitirse semejante ritmo de descanso?
Quienes trabajan dentro del sistema pueden considerar que esos periodos están plenamente justificados. Pero para una persona que lleva años esperando una sentencia, una ejecución o la recuperación de su patrimonio, la percepción es radicalmente distinta.
La sociedad no debería estar obligada a agradecer “logros pírricos” mientras la justicia cotidiana permanece atrapada en la burocracia y la ineficiencia.
Justicia y economía van de la mano
La economía y el empleo formal requieren certidumbre. El Plan México puede plantear objetivos ambiciosos, pero ninguna estrategia económica logrará convencer plenamente si, en la realidad cotidiana, las empresas enfrentan un sistema de justicia incapaz de garantizar con oportunidad sus derechos.
La justicia no es únicamente un asunto especializado de abogados, tecnicismos y argumentaciones interminables. Es certeza, patrimonio, crédito, inversión, empleo y, sobre todo, Estado de derecho.
La pregunta de fondo no es si la justicia puede presumir una nueva narrativa institucional, sino si el ciudadano puede obtener una resolución eficaz cuando sus derechos, su patrimonio o su empresa están en riesgo.
Porque una justicia que llega tarde, que se pierde entre expedientes, que se bloquea por formalismos o que permite que los procesos se eternicen deja de ser justicia.
Y un país sin justicia efectiva tampoco puede ofrecer verdadera certidumbre para invertir, trabajar y vivir.
Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
