Así lo dice La Mont
Propósito: La dirigencia de Morena enfrenta el desafío de construir un blindaje eficaz para la selección de sus candidaturas a gubernaturas, alcaldías y curules federales y locales, presionada por el impacto político del caso Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y las sospechas en torno a Rubén Rocha Moya.
En el discurso interno, el partido apela a revisiones con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, además de declaraciones patrimoniales y cartas de antecedentes. Sin embargo, este andamiaje burocrático choca de inmediato con la realidad del control territorial en aquellos municipios y distritos donde el crimen organizado financia campañas, intimida operadores o impone casillas mediante las armas.
Las encuestas internas tampoco tienen capacidad para detectar pactos soterrados ni situaciones de sometimiento o coacción. Sin facultades ministeriales para investigar a fondo los recursos locales ni voluntad política para confrontar liderazgos regionales de dudosa procedencia, cualquier filtro corre el riesgo de convertirse en una simulación documental.
Para evitar repetir un colapso de legitimidad como el de Sinaloa, la cúpula oficialista tendría que sacrificar perfiles con alto arrastre electoral, pero de procedencia cuestionable, un costo que la maquinaria partidista difícilmente suele asumir en vísperas de comicios cerrados.
El fenómeno de los mandatarios estatales vinculados al narcotráfico no constituye una anomalía aislada ni pertenece a una sola bandera partidista; representa una constante estructural del federalismo mexicano. La historia reciente documenta casos paradigmáticos como Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo, sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico; Tomás Yarrington, en Tamaulipas, condenado en Estados Unidos tras ser acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas; y Roberto Sandoval, en Nayarit, señalado por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
La inclusión de Rubén Rocha Moya en este debate público, a raíz de señalamientos, contradicciones oficiales y una crisis de seguridad que no da tregua en Culiacán, evidencia que la complicidad o condescendencia frente a las mafias no desapareció con la alternancia política.
Calcular cuántos “narcogobernadores” han gobernado el país exige mirar más allá de quienes han terminado en prisión. La lista puede incluir a decenas de mandatarios que, durante las últimas tres décadas, habrían entregado plazas, delegado áreas de seguridad o pactado treguas con grupos delictivos para garantizar una gobernabilidad precaria y mantener intacto el flujo presupuestal de sus administraciones.
Respaldo: El plazo fijado para 2028 para que las Fuerzas Armadas abandonen las tareas de seguridad pública y regresen a sus cuarteles se perfila hoy como un objetivo difícil de alcanzar.
Si bien el decreto legislativo de 2022 extendió de manera extraordinaria la participación militar en seguridad pública, la reforma constitucional aprobada al cierre del mandato de Andrés Manuel López Obrador modificó el tablero al adscribir de manera permanente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum respalda este andamiaje mediante una estrategia en la que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, concentra la inteligencia civil y la coordinación nacional, mientras la fuerza operativa permanece bajo mando y disciplina militar.
Por su parte, el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, encabeza una institución que ha incorporado la seguridad pública como parte de su despliegue permanente y de su estructura presupuestal.
En las entidades del país no existen condiciones reales para prescindir del Ejército y la Marina. Las policías estatales y municipales continúan precarizadas, rebasadas en materia de equipamiento y, en numerosos territorios, vulnerables a la captura criminal.
Por ello, el regreso de las tropas a los cuarteles en 2028 podría quedar relegado frente a una realidad: la creciente dependencia del Estado mexicano de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública.
Por: Federico Lamont
