En México, la política de soberanía digital no podrá limitarse a la mera instalación de conectividad; tendrá que formar programadores, investigadores, ingenieros, especialistas en datos, expertos en ciberseguridad y profesionales capaces de auditar algoritmos.
Por José Sobrevilla
Frente al denominado “sicariato informativo” y los algoritmos que crean, controlan y dominan programadores norteamericanos, los países de América Latina —especialmente México, por su cercanía y colindancia con Estados Unidos— no tienen otra opción que regular, acelerar y pugnar por una “soberanía digital” construida con el talento de los jóvenes mexicanos, a fin de recuperar el control de su espacio digital y adecuar las narrativas de cara a las elecciones de 2027. Esa deberá ser una tarea vital.
El término ‘soberanía digital’, al expresar una transformación fundamental del poder, no pertenece a un solo país ni a un único autor, pero es innegable que constituye uno de los conceptos emergentes más importantes de la geopolítica contemporánea. Sus antecedentes se remontan a la década de los noventa, cuando China discutía sobre la soberanía de la información y la cibersoberanía. A mediados de la década de 2000 surgió en Francia lo que hoy se conoce como la ‘formulación europea’, que se fortaleció posteriormente en Alemania, tras las revelaciones de Edward Joseph Snowden (Elizabeth City, Carolina del Norte, 21 de junio de 1983), hasta que la Unión Europea la adoptó como parte de su estrategia de “autonomía estratégica”, según documenta Oxford Academic, de Oxford University Press.
El tema ha evolucionado desde la preocupación por el control de Internet hacia una cuestión más amplia: quién controla las infraestructuras, los datos, los algoritmos, los chips, las nubes, los modelos de inteligencia artificial y los estándares que sostienen a las sociedades contemporáneas. En esta nueva forma de competencia geopolítica, Estados Unidos intenta conservar su liderazgo tecnológico; China busca reducir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad autónoma, mientras Europa apuesta por convertir la regulación, la inversión y la industria en instrumentos de autonomía estratégica.
En México, mientras la conectividad crece rápidamente —104.9 millones de personas utilizaron Internet en 2025; es decir, 78.3% de los hogares tienen conexión—, la infraestructura, las capacidades tecnológicas y la producción de conocimiento continúan distribuyéndose de manera desigual. No obstante, el Gobierno ha reconocido la necesidad de construir autonomía tecnológica, soberanía de datos y capacidades digitales propias.
Es claro que, como tal, “sicariato informativo” no es una categoría jurídica ni una tipología académica consolidada, pero sí puede referirse a operaciones coordinadas cuyo objetivo no es informar, sino desacreditar, intimidar, destruir reputaciones o imponer una narrativa mediante redes sociales, publicidad digital, cuentas anónimas, bots, medios afines y, cada vez más, inteligencia artificial. Casos muy concretos pueden encontrarse en “El Sicariato Informativo, el algoritmo su arma letal”, de Juan Ayón y José Sobrevilla, editado por el Club de Periodistas de México, A.C., y la revista Voces del Periodista.
La disyuntiva para México durante el periodo 2026-2030 será determinar si la digitalización nacional producirá únicamente más consumidores de tecnología extranjera o permitirá construir capacidades tecnológicas propias. En el primer escenario, México sería un gran mercado digital, un territorio atractivo para centros de datos y una plataforma de integración tecnológica norteamericana. En el segundo, podría convertirse en un actor tecnológico regional capaz de desarrollar software, inteligencia artificial especializada, infraestructura digital pública, servicios en la nube, sistemas de ciberseguridad y capacidades científicas propias, si el Gobierno pone empeño en ello.
La soberanía digital mexicana no dependerá de que el país termine fabricando todos sus chips ni de que desarrolle un modelo de IA comparable con los más avanzados del mundo; dependerá, más bien, de que ninguna dependencia tecnológica externa sea lo suficientemente crítica como para impedir que México tome sus propias decisiones.
En el siglo XXI, en el que predominan los datos, el cómputo, los algoritmos, la infraestructura digital y la inteligencia artificial, quien carezca de capacidad para gobernarlos tendrá dificultades crecientes para ejercer plenamente su soberanía económica, política, científica y cultural. Por ello, la ‘soberanía digital’ ha dejado de ser una discusión exclusivamente tecnológica para convertirse en uno de los grandes problemas de la geopolítica mundial.
SOBERANÍA DIGITAL O PROTECCIONISMO TECNOLÓGICO
La literatura académica coincide —según Springer— en que todavía no existe una definición única. Una revisión de 271 artículos científicos realizada por Fratini, Hine, Novelli, Roberts y otros investigadores identifica cuatro grandes modelos de soberanía digital: el basado en derechos, el orientado al mercado, el enfocado en la centralización y el de carácter estatal. Sin embargo, de acuerdo con estos autores, ninguno ha logrado satisfacer simultáneamente las exigencias de regulación, innovación tecnológica y adaptación a los cambios geopolíticos y sociales.
Por ello, la soberanía digital debe entenderse menos como una condición absoluta —“tener una tecnología nacional”— y más como “la capacidad efectiva de un Estado, sociedad u organización para decidir, controlar, proteger y desarrollar los recursos tecnológicos estratégicos de los que depende su funcionamiento”.
A partir de junio de 2026, Francia y Alemania establecieron que la soberanía digital es la capacidad de desarrollar, proporcionar, utilizar, adaptar y controlar tecnologías digitales —incluido el hardware— de manera independiente, autodeterminada y segura, de modo que un Estado, una administración o una organización conserve la capacidad de actuar de manera autónoma y tenga la decisión final sobre sus procesos y actividades.
Sus componentes incluyen la capacidad de decidir dónde se almacenan los datos, quién los procesa, quién puede acceder a ellos y bajo qué legislación, así como el control o la capacidad de decisión sobre la infraestructura de redes, centros de datos, telecomunicaciones, satélites y sistemas críticos. En cuanto al hardware, contempla la capacidad de acceso a semiconductores, servidores, dispositivos y otros componentes estratégicos.
También implica la posibilidad de desarrollar software, auditar, adaptar y sustituir sistemas digitales; desarrollar inteligencia artificial, entrenar, desplegar y gobernar modelos y sistemas de IA; y, en materia de gobernanza, establecer las reglas bajo las cuales operan las tecnologías, plataformas y algoritmos.
Por tanto, la ‘soberanía digital’ implica capacidad de decisión, control de activos críticos, resiliencia frente a dependencias externas, capacidad tecnológica propia y capacidad regulatoria. Esto permite evitar que se confunda la soberanía digital con el proteccionismo tecnológico.
México: el problema ya no es futuro
México ha comenzado a incorporar explícitamente la soberanía tecnológica, al menos en el discurso, dentro de su política pública. El Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030, a cargo de José Antonio Peña Merino, establece como objetivo desarrollar tecnología pública y capacidades propias, priorizando la soberanía de datos y utilizando inteligencia de datos para optimizar la función gubernamental y la toma de decisiones, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. El documento también reconoce los rezagos que enfrenta México en infraestructura tecnológica, capacidades institucionales y análisis de datos.
Según el INEGI, nuestro país ya cuenta con una base social suficientemente amplia como para convertir la digitalización en un componente estructural del Estado y de la economía; sin embargo, la distribución continúa siendo desigual. En las ciudades, 88.9% de las personas utilizaron Internet el año pasado, frente a 75.2% en las zonas rurales. La diferencia también es considerable entre las entidades: la Ciudad de México, por ejemplo, registró 90.5% de hogares con acceso a Internet, mientras que Chiapas registró 53.9%; Veracruz, 68.3%, y Oaxaca, 64%. Estos datos muestran que el país enfrenta una creciente dependencia tecnológica y una capacidad desigual para participar en ella.
La paradoja de la soberanía digital mexicana es que el país cuenta con una población numerosa, una posición geográfica estratégica, integración industrial con Estados Unidos, una economía manufacturera importante, una creciente población conectada, universidades y centros de investigación, infraestructura de telecomunicaciones y capacidad para atraer inversión tecnológica. Sin embargo, todavía depende considerablemente del exterior en semiconductores, hardware avanzado, plataformas, servicios en la nube, modelos de IA, infraestructura crítica, software especializado y propiedad intelectual.
En los próximos años, la soberanía digital mexicana tendrá que definirse también en los centros de datos, que no son simples edificios llenos de servidores, sino infraestructuras que requieren electricidad, agua, conectividad, suelo, permisos y seguridad. Al respecto, Rodrigo Ardissom de Souza, investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y vinculado al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, difundió en Internet Policy Review que los proyectos de centros de datos en América Latina deben analizarse también como cuestiones de soberanía, porque generan dependencias y presiones en torno al agua, la energía y el territorio.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025 establece que el Estado ejercerá la rectoría del sector para proteger la seguridad y la soberanía de la nación y garantizará el acceso a Internet de banda ancha y a las tecnologías de la información y la comunicación. Además, el Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones plantea explícitamente la autonomía tecnológica del Estado; protección, soberanía e inteligencia de datos; ciberseguridad; conectividad; interoperabilidad y desarrollo de software público.
El objetivo del Gobierno mexicano es llegar a 2045 con un ecosistema digital soberano, resiliente, inclusivo y centrado en el interés público, según el Diario Oficial de la Federación. Esto indica que la soberanía digital ya no es solo una categoría académica en México, sino que se está convirtiendo en una política pública.
En junio de 2026, la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional relacionada con los derechos digitales, la soberanía tecnológica y la educación en inteligencia artificial. La propuesta contempla principios como la alfabetización digital, el pensamiento crítico, la transparencia algorítmica y el derecho a conocer los criterios de las decisiones automatizadas que afecten derechos. Aunque se trata de una iniciativa y no de una reforma constitucional vigente, demuestra hacia dónde se dirige el debate.
Probable impacto en México durante 2026-2030
Se identifican cinco tendencias.
La primera es que la soberanía digital será una prioridad de Estado. El Programa Sectorial 2025-2030 establece como objetivo que, durante los próximos años, la inversión pública en infraestructura, software, datos, identidad digital, interoperabilidad y ciberseguridad experimente un notable aumento.
La presión para desarrollar tecnología nacional también aumentará. La dependencia de las plataformas, la nube, los chips y los modelos extranjeros será cada vez más visible, aunque es poco probable que México pueda producir de forma autónoma todos los componentes. La estrategia más viable será desarrollar capacidades nacionales en sectores con ventaja comparativa: software público, aplicaciones industriales, IA especializada, servicios digitales, ciberseguridad, integración tecnológica y procesamiento de datos.
Sin duda, México será afectado por la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, que probablemente será una de las variables geopolíticas más importantes. México está profundamente integrado con Estados Unidos, pero, simultáneamente, mantiene relaciones comerciales crecientes con China. Si aumentan las restricciones estadounidenses a las tecnologías avanzadas, México tendrá que equilibrar la integración económica con Estados Unidos frente a la diversificación tecnológica y comercial. En ese escenario, la soberanía digital mexicana dependerá de su capacidad para evitar quedar atrapada entre dos ecosistemas tecnológicos incompatibles.
La importancia de los centros de datos aumentará. La expansión de la IA exigirá mayor capacidad computacional, lo que puede convertir a México en un territorio estratégico para la infraestructura digital norteamericana, pero también puede generar nuevas formas de dependencia si el país solo aporta territorio, energía, agua y conectividad, mientras las decisiones, los datos y la propiedad intelectual permanecen fuera del país.
La brecha digital también cambiará de naturaleza. La primera etapa consistía en tener o no tener Internet; la siguiente será contar con la capacidad de utilizar inteligentemente los sistemas digitales y la IA. No hay que olvidar que México tiene ya 104.9 millones de usuarios de Internet, pero solo 38.1% de las personas de seis años y más utilizan computadora o tableta, de acuerdo con la ENDUTIH 2025. Por tanto, la política de soberanía digital no puede limitarse a la conectividad; tendrá que formar programadores, investigadores, ingenieros, especialistas en datos, expertos en ciberseguridad y profesionales capaces de auditar algoritmos.
¿Cómo se vería afectada nuestra vida cotidiana?
En aspectos tan concretos como determinar dónde se almacenan los expedientes médicos; quién procesa la información fiscal; cómo se utilizan nuestros datos biométricos; quién controla la identidad digital; cómo funcionan los sistemas de seguridad; cómo se utilizan los algoritmos en los programas sociales; cómo se determina el crédito; cómo se seleccionan candidatos laborales; cómo funcionan las plataformas electorales; qué información recibe cada ciudadano; cómo se combate la desinformación y quién controla las infraestructuras críticas.
Por ello, la soberanía digital no debe interpretarse únicamente como un asunto de Estado; también es una cuestión de derechos de los ciudadanos. Una arquitectura digital soberana deberá garantizar simultáneamente la autonomía tecnológica y establecer límites al poder estatal y corporativo. De lo contrario, podría producirse una paradoja: sustituir la dependencia de plataformas extranjeras por una dependencia excesiva de sistemas estatales opacos.
Principales fuentes consultadas
- Cong, Wanshu y Thumfart, Johannes (2022), Global Studies Quarterly: investigación histórica sobre los antecedentes chinos de la soberanía digital y los conceptos de “soberanía de la información” y “cibersoberanía”. (OUP Academic).
- Pohle, Julia (2024), Policy & Internet: análisis crítico de los orígenes y usos políticos del concepto. (DOI).
- Fratini, Samuele et al. (2024), Digital Society/Springer Nature: revisión sistemática de 271 artículos científicos y clasificación de los principales modelos de soberanía digital. (Springer Link).
- Parlamento Europeo (2020), Digital sovereignty for Europe. (Parlamento Europeo).
- Comisión Europea (2026), paquete de soberanía tecnológica europea: semiconductores, nube, IA y código abierto. (Digital Strategy).
- Gobiernos de Francia y Alemania (2026), Franco-German Joint Paper on Digital Sovereignty. (Direction générale des Entreprises).
- Stanford HAI, AI Index 2026: inversión mundial en IA, competencia tecnológica y soberanía de la IA. (Stanford HAI).
- INEGI, ENDUTIH 2025: conectividad, usuarios de Internet y brechas digitales en México. (INEGI).
- Gobierno de México, Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030: autonomía tecnológica, soberanía de datos e infraestructura digital. (SIDOF).
- Diario Oficial de la Federación, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2025). (SIDOF).
- Ardissom de Souza, Rodrigo (2025), Internet Policy Review: centros de datos, energía, agua y soberanía digital en América Latina. (Policy Review).
