Así lo dice La Mont
Una ruta: La historia política de Estados Unidos se construyó sobre la premisa de que sus instituciones democráticas poseían una inmunidad inherente frente a los embates autoritarios, protegidas por un complejo sistema de contrapesos y una sólida cultura de respeto a las normas. Sin embargo, el panorama contemporáneo plantea una anomalía histórica: la principal amenaza a la integridad del sistema electoral ya no proviene de potencias extranjeras ni de grupos radicalizados, sino del propio centro del poder ejecutivo. Donald Trump convirtió la Presidencia en una plataforma desde la cual ha cuestionado de manera sistemática la confianza ciudadana en las elecciones, alterando el papel tradicional del mandatario como garante de la estabilidad constitucional. Al utilizar la enorme influencia del Despacho Oval para difundir teorías de conspiración sin sustento y poner en duda la legitimidad de los procesos electorales, cruzó un umbral peligroso: el guardián de la República pasó a convertirse en uno de sus principales impugnadores. Con ello, Estados Unidos enfrenta una crisis de legitimidad institucional que erosiona los cimientos del pacto democrático desde la cúspide del poder.
Ejecución: El mecanismo central de esta estrategia no se limita a declaraciones incendiarias o episodios aislados. Se trata de una estrategia deliberada para sembrar una sospecha permanente sobre cualquier resultado electoral que resulte adverso. A diferencia de las impugnaciones tradicionales de la oposición, esta ofensiva parte del propio Poder Ejecutivo y aprovecha los recursos institucionales y la autoridad simbólica de la Presidencia para normalizar la desconfianza como una política de Estado.
La narrativa del fraude anticipado opera en dos direcciones. Por un lado, prepara a una amplia base electoral para rechazar de antemano la validez de futuros resultados; por el otro, busca restar legitimidad a las administraciones que eventualmente lleguen al poder. Al debilitar de manera preventiva el principio de la alternancia pacífica, no solo se cuestiona una elección específica, sino que se socava el consenso mínimo sobre el cual descansa la convivencia democrática. El debate político deja de sustentarse en hechos verificables para convertirse en una confrontación permanente donde las reglas del juego son impugnadas por quien debería defenderlas.
El impacto de esta estrategia se refleja también en el deterioro de la infraestructura institucional que sostiene los procesos electorales estatales y locales. Funcionarios electorales, trabajadores, voluntarios y jueces enfrentan presiones, amenazas y campañas de hostigamiento que, de manera directa o indirecta, encuentran respaldo en el discurso proveniente de las más altas esferas del poder.
Un mando: La descentralización del sistema electoral estadounidense, concebida originalmente como una garantía frente a los abusos del poder central, enfrenta hoy una maquinaria de desinformación que deslegitima a las autoridades locales encargadas de organizar las elecciones. El debilitamiento deliberado de estas estructuras no solo desincentiva la permanencia de personal experimentado y reduce la capacidad operativa de los organismos electorales, sino que además convierte cada etapa del escrutinio en un campo de batalla judicial. El resultado es un sistema saturado por litigios, donde la evidencia suele ceder terreno frente a la lealtad partidista.
Las consecuencias de este fenómeno trascienden un ciclo electoral. Cuando el propio presidente insiste en que las reglas fundamentales de la democracia están corruptas, el daño a la confianza pública resulta profundo y difícil de revertir. Ese escepticismo, promovido desde el centro mismo del poder, fragmenta a la sociedad, debilita el sentido de pertenencia a un proyecto común y limita la capacidad de las instituciones para resolver los conflictos por la vía pacífica.
El mayor riesgo radica en la consolidación de un modelo de gobernanza donde solo se reconoce como verdadera aquella realidad que favorece al gobernante en turno. Ese escenario abre la puerta a una autocracia de facto, sostenida por el desencanto y el cinismo de una ciudadanía convencida, desde su propio gobierno, de que el voto ha dejado de ser un instrumento efectivo para decidir el rumbo de la nación.
Por: Federico Lamont
