El caso Ruffo, la confianza institucional y el costo económico de una justicia percibida como selectiva.
Conocí a Ernesto Ruffo Appel hace más de 35 años, cuando, siendo gobernador de Baja California, inauguró unas instalaciones de Banamex en esa entidad. A lo largo de mi trayectoria profesional en el sector financiero tuve oportunidad de trabajar y relacionarme con autoridades de distintos estados del norte, centro, sur y sureste del país. De los gobernadores con quienes tuve contacto, Ruffo fue, en mi experiencia personal, uno de los más decentes.
Eso, desde luego, no demuestra su inocencia.
Tampoco su trayectoria política puede convertirse en un escudo frente a la justicia.
Si la Fiscalía General de la República cuenta con pruebas suficientes para acreditar que participó conscientemente en la comisión de delitos, debe presentarlas ante los tribunales y asumir la responsabilidad institucional que ello implica.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse lo extraordinario del caso.
Hablamos de un hombre de 74 años, primer gobernador panista de Baja California y figura emblemática de la alternancia política en México, detenido y presentado mediante un despliegue de alto impacto, esposado y rodeado por elementos federales, como corresponde a la imagen pública de un individuo considerado de elevada peligrosidad.
Una orden de aprehensión, sin embargo, no equivale a una sentencia. Y cuando una actuación de esta naturaleza ocurre en un país cuyo Poder Judicial atraviesa una reforma profundamente cuestionada por su posible politización, la pregunta deja de ser únicamente quién es Ernesto Ruffo.
La verdadera pregunta es qué mensaje está enviando México sobre la forma en que aplica la ley.
Una sola justicia o varias
El problema central no consiste en sostener que Ruffo es inocente porque fue un gobernador respetado. Eso sería jurídicamente insostenible.
El problema es la percepción de asimetría.
En México existen otros personajes públicos —entre ellos gobernadores, exsecretarios y dirigentes políticos— alrededor de los cuales han surgido controversias, investigaciones periodísticas o cuestionamientos públicos. Ello tampoco demuestra responsabilidad penal en casos como los de Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila, Maru Campos o Adán Augusto López Hernández.
Pero la ciudadanía observa.
Observa cuándo la autoridad actúa.
Cuándo investiga.
Cuándo despliega toda la fuerza del Estado.
Y también cuándo parece no hacerlo.
Ahí comienza el problema de credibilidad.
Porque un Estado de derecho difícilmente puede consolidarse cuando existe la percepción de que la justicia avanza a distintas velocidades según la cercanía o la distancia respecto del poder político.
Un inversionista estadounidense probablemente no conozca a Ernesto Ruffo ni tenga interés en su historia política. Lo que sí entiende perfectamente son tres palabras: Rule of Law. Estado de derecho.
Una empresa puede aceptar una carga fiscal elevada si las reglas son claras. Puede asumir mayores costos laborales cuando existe productividad. Incluso puede operar bajo regulaciones estrictas siempre que sean previsibles. Lo que difícilmente puede incorporar a sus modelos financieros es una justicia percibida como discrecional.
Particular atención merece cualquier cuestionamiento relacionado con cambios de juzgadores o con resoluciones sucesivas respecto de una orden de aprehensión. El relevo de un juez, por sí mismo, no demuestra manipulación alguna. Sin embargo, precisamente por el contexto que vive el Poder Judicial, las autoridades deberían ofrecer la máxima transparencia posible para evitar que se instale la percepción de que, cuando una resolución no resulta favorable, simplemente se busca otra vía para obtenerla.
La verdadera prueba del nuevo Poder Judicial mexicano no consistirá en demostrar que puede actuar contra figuras políticas de alto perfil. Consistirá en acreditar, caso por caso, que la ley se aplica con el mismo rigor, las mismas garantías y el mismo debido proceso, sin importar si el investigado pertenece a la oposición, al oficialismo o al círculo cercano del poder. Sólo así México enviará al mundo la señal institucional que hoy necesita.
Y en una imagen internacional que comienza a preguntarse si México ofrece solamente ventajas geográficas y comerciales o también instituciones capaces de protegerlas.
La verdadera prueba del nuevo Poder Judicial mexicano no será demostrar que puede perseguir a los adversarios del poder.
Será demostrar que puede investigar, juzgar y, en su caso, sancionar con la misma independencia a quienes están cerca y a quienes están lejos de él.
Eso sí beneficiaría a México.
Y ésa sería, quizá, la mejor señal que podríamos enviar al mundo.
Por: Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
