Ganar un juicio en México, ya sea en materia civil, mercantil, familiar o laboral, no es sinónimo de obtener justicia; con frecuencia, es apenas el inicio de un calvario aún mayor. Obtener una sentencia firme o un laudo favorable se ha convertido en una victoria pírrica. El verdadero drama del sistema de justicia no está en el veredicto, sino en su ejecución. Es ahí donde el derecho se disuelve en un laberinto de hiperformalismo, improvisación, soberbia y dilación excesiva que desangra a quien posee la razón jurídica y material. Y este diagnóstico ya no se limita a los rebasados juzgados del fuero común; el fuero federal, que durante años operó como un dique de contención técnica, hoy padece los mismos vicios estructurales.
El corporativismo judicial y la opacidad disciplinaria
El fondo del problema es la ausencia de consecuencias. Prevalece un arraigado compañerismo judicial que actúa como un manto de impunidad y protección para juzgadores que dictan resoluciones deficientes o sostienen criterios abiertamente arbitrarios. Los Consejos de la Judicatura locales y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial operan bajo una opacidad preocupante. En el ecosistema judicial no ocurre nada, salvo que el juzgador pierda la protección del grupo de control y poder en turno.
El ejemplo más nítido de esta preocupante concentración de poder y de los potenciales conflictos de interés institucionales se observa en la capital del país. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), que gestiona una de las mayores cargas litigiosas del país, continúa bajo el control de Rafael Guerra, quien ha prolongado su mandato gracias al respaldo político del oficialismo. La situación adquiere mayor relevancia al observar el ámbito federal: su esposa, Verónica De Gyves, forma parte del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta cercanía familiar y política entre quien administra la justicia local más grande del país y quien debe vigilar la disciplina de los juzgadores genera serias dudas sobre la imparcialidad institucional. Se trata de una circunstancia que, al menos en apariencia, debilita la confianza pública y alimenta la percepción de arbitrariedad en las resoluciones.
Esta columna no surge desde la comodidad de la academia, las teorías de escritorio o las estadísticas oficiales maquilladas. Nace de la experiencia acumulada litigando en juzgados de todo el país. Quienes ejercemos la litigación desarrollamos un olfato profesional que permite distinguir cuándo la contraparte realiza un trabajo técnico serio y cuándo recurre a machotes, incidentes artificiosos y recursos dilatorios cuyo único propósito es ganar tiempo. Del mismo modo, resulta evidente identificar qué jueces y secretarios estudian los expedientes, razonan sus resoluciones y trabajan con rigor, y cuáles se parapetan en una posición de poder sostenida por acuerdos externos y redes de protección. Sus sentencias forzadas y sus dilaciones calculadas terminan hablando por ellos.
Brecha digital y abuso del derecho
La ineficacia en la ejecución también se alimenta de una infraestructura tecnológica profundamente desigual. El juicio en línea a nivel local sigue siendo, en gran parte del territorio nacional, una simulación. Mientras algunos estados del sureste continúan operando con prácticas propias de la década de los setenta, entidades como Nuevo León han desarrollado plataformas digitales robustas gracias a una inversión sostenida.
En contraste, la Ciudad de México ofrece un servicio digital claramente insuficiente. A diferencia de las plataformas federales o de las del Estado de México, cuyos sistemas operan las 24 horas de los 365 días del año, el TSJCDMX mantiene horarios restringidos para los servicios digitales, un contrasentido técnico que limita la celeridad que los procesos de ejecución requieren.
Esta lentitud constituye el caldo de cultivo ideal para el abuso del derecho. Recursos dilatorios e incidentes notoriamente improcedentes son admitidos con una ligereza alarmante, deteniendo pagos y suspendiendo ejecuciones de manera prácticamente impune. Esta laxitud procesal explica, en parte, el crecimiento de fenómenos complejos como el despojo continuado de inmuebles, operado por grupos de abogados especializados en obstaculizar e impedir la ejecución de sentencias mediante el aprovechamiento sistemático de las debilidades institucionales.
El freno normativo y la barrera de los edictos
También sigue pendiente la plena implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aplicable tanto al fuero común como al federal.
Un ejemplo paradigmático es el de la publicación de edictos. En materia federal continúa ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esto representa un costo sumamente elevado para quienes buscan notificar a una contraparte que se oculta o se niega a comparecer al juicio.
Los costos pueden alcanzar alrededor de 100 mil pesos por un medio que, fuera del ámbito gubernamental e institucional, prácticamente no es consultado por la población, especialmente ahora que su difusión es predominantemente digital. Aunque el nuevo Código contempla alternativas tecnológicas menos costosas y más eficientes, la falta de implementación por parte de los poderes Judicial y Legislativo mantiene congelada esta solución, perpetuando una barrera de acceso que resulta prohibitiva para numerosos justiciables.
La simulación financiera: castigos contables vs. recuperación real
El sector financiero mexicano presume con frecuencia índices de morosidad históricamente bajos. Sin embargo, esa fotografía puede resultar engañosa. Si se desagregan las carteras hipotecarias y de pequeñas y medianas empresas, y se analiza no la forma en que los créditos son retirados del balance mediante castigos contables para mejorar indicadores regulatorios, sino el tiempo y las condiciones bajo las cuales se recuperan efectivamente por la vía judicial, la realidad es mucho menos alentadora.
Una cartera hipotecaria que entra en litigio puede permanecer años atrapada en los procesos de ejecución. Esta ineficiencia erosiona el valor de las garantías y afecta directamente la estabilidad financiera de las instituciones. Los casos de Banco Famsa, Crédito Real y Accendo Banco son recordatorios contundentes de una realidad conocida por el mercado: el sector financiero crece de forma aritmética, pero cuando pierde, lo hace de manera geométrica, destruyendo capital en muy poco tiempo.
Un Poder Judicial degradado constituye un serio obstáculo para la actividad bancaria productiva. Cuando no existe certeza de que una garantía pueda ejecutarse dentro de un plazo razonable, la banca privada reduce su exposición al riesgo y orienta sus esfuerzos hacia productos de consumo, como tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos de nómina.
Las elevadas tasas de interés que caracterizan a estos productos no son una casualidad. En buena medida, responden a modelos de riesgo diseñados para compensar las pérdidas derivadas de una cartera vencida que el sistema judicial no logra recuperar de forma eficiente.
Consecuencias de la ideologización
Para agravar el panorama, la reciente reforma judicial ha incorporado a los tribunales del fuero común y federal a perfiles cuya cercanía con grupos políticos o corrientes ideológicas ha sido objeto de debate público, en detrimento —según diversos críticos— de la experiencia técnica, la trayectoria profesional y la especialización jurídica.
Las escenas que periódicamente se observan en la Suprema Corte reflejan una dinámica institucional que inevitablemente permea hacia los tribunales federales y locales.
Tan solo en fechas recientes se han discutido criterios relacionados con el cobro de ISR sobre herencias provenientes de Afores y la posible reapertura de asuntos fiscales previamente considerados cosa juzgada. Para muchos observadores, estos debates evidencian un nivel preocupante de incertidumbre jurídica. A ello se suma que varios integrantes de la nueva estructura judicial llegaron a sus cargos mediante procesos respaldados por una participación electoral reducida, circunstancia que ha abierto cuestionamientos sobre su legitimidad y credibilidad.
Sentarse a esperar que un derecho se ejecute en México se ha convertido en una utopía. Mientras las sentencias sigan siendo opcionales en la práctica, negociables o susceptibles de eternizarse mediante recursos dilatorios y complacencias institucionales, la economía formal, el empleo y la credibilidad del país continuarán pagando la factura.
La justicia mexicana seguirá siendo, para muchos ciudadanos, un derecho que existe únicamente en el papel, mientras el capital busca refugio en actividades de menor riesgo y mayor rentabilidad para sobrevivir a un sistema incapaz de hacer cumplir sus propias decisiones.
Por: Mario Sandoval
CEO de FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia en posiciones directivas.
