Tengo otros datos
Por: Eduardo Esquivel Ancona
Chihuahua enfrenta una creciente presión sobre sus finanzas públicas: durante la administración de María Eugenia Campos aumentó el saldo de la deuda, se ampliaron de manera importante los recursos destinados a comunicación social y, al mismo tiempo, el gobierno estatal ha recurrido a nuevos financiamientos de largo plazo. El desafío económico no está solamente en cuánto se gasta, sino en qué resultados genera cada peso adicional de deuda y gasto corriente.
La administración de la gobernadora María Eugenia Campos enfrenta un creciente escrutinio por la evolución de las finanzas estatales. El principal foco de atención es la deuda pública: de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, el saldo pasó de 48 mil 218.6 millones de pesos al inicio de su administración a 60 mil 642.7 millones al cierre de marzo de 2026. Posteriormente, con la contratación de un nuevo financiamiento por 3 mil millones de pesos, el monto reportado llegó a 63 mil 642.7 millones de pesos.
En términos nominales, el incremento frente al saldo de septiembre de 2021 representa alrededor de 15 mil 424 millones de pesos, equivalente a casi 32 por ciento.
El dato resulta relevante porque modifica la lectura sobre el manejo financiero de la entidad. No se trata únicamente de observar si Chihuahua conserva capacidad para contratar créditos, sino de determinar qué proporción de los nuevos pasivos se está destinando a inversión productiva y qué parte termina financiando necesidades presupuestales que no generan activos o ingresos futuros.
Nuevo crédito por 3 mil millones
El 17 de abril de 2026 se publicó el fallo de la licitación SH/LPDP/001/2026, correspondiente a un financiamiento por 3 mil millones de pesos. La documentación oficial del Gobierno de Chihuahua confirma la existencia del proceso competitivo y de su respectivo contrato de crédito.
El proceso, de acuerdo con información publicada por El Diario de Chihuahua, recibió 13 propuestas de seis instituciones financieras y la asignación se realizó considerando el costo financiero de las ofertas.
Desde una perspectiva económica, el punto central no es solamente la tasa contratada, sino el costo total del financiamiento durante toda su vigencia. Un crédito de largo plazo puede ser financieramente justificable cuando se utiliza para infraestructura con beneficios económicos y sociales duraderos; el problema aparece cuando el endeudamiento se utiliza para cubrir gasto que no incrementa la capacidad productiva del estado.
La deuda heredada también importa
La discusión sobre el endeudamiento de Chihuahua no comenzó con Maru Campos.
La administración de Javier Corral recibió una deuda de largo plazo cercana a los 50 mil millones de pesos y, de acuerdo con información difundida por la propia Secretaría de Hacienda estatal en 2021, durante ese gobierno no se contrataron financiamientos de largo plazo que incrementaran la deuda pública; sí se realizaron refinanciamientos y reestructuras para reducir el costo financiero.
Por ello, atribuir todo el endeudamiento histórico a una sola administración simplificaría un problema que se acumuló durante varios gobiernos. Sin embargo, el saldo observado durante el actual sexenio sí permite evaluar de manera independiente la evolución de las obligaciones financieras bajo Campos.
El debate económico, por tanto, debe concentrarse en una pregunta concreta: ¿el incremento de más de 15 mil millones de pesos en el saldo de las obligaciones financieras está respaldado por un aumento equivalente en infraestructura, productividad, crecimiento económico y capacidad futura de generación de ingresos?
Comunicación social: el otro gran foco de gasto
Otro elemento que ha generado cuestionamientos es el comportamiento del presupuesto destinado a comunicación social.
De acuerdo con información difundida a partir de documentos de Hacienda estatal, el presupuesto de Comunicación Social para 2026 pasó de 185.2 millones de pesos originalmente aprobados a alrededor de 838.3 millones de pesos, una ampliación superior al 350 por ciento.
Investigaciones periodísticas señalan además que, entre 2022 y 2026, las ampliaciones presupuestales acumuladas para comunicación habrían llevado el monto a aproximadamente 3 mil 342 millones de pesos.
La cifra merece una revisión económica porque el costo de la comunicación gubernamental debe analizarse frente al costo de oportunidad del presupuesto. Cada peso adicional destinado a promoción institucional es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para infraestructura, salud, educación, seguridad, desarrollo rural o inversión productiva.
Eso no significa que todo gasto en comunicación sea improductivo: los gobiernos necesitan informar sobre programas, servicios y obligaciones públicas. El problema presupuestario aparece cuando las ampliaciones son considerablemente superiores al monto originalmente autorizado y no existe una evaluación transparente de sus resultados.
El campo enfrenta una presión presupuestal
El contraste adquiere mayor relevancia en el sector rural.
Información difundida sobre el presupuesto estatal señala que a la Secretaría de Desarrollo Rural se le habrían aplicado reducciones importantes durante los últimos ejercicios. Para 2025, por ejemplo, el presupuesto aprobado habría sido de aproximadamente 1 mil 443 millones de pesos, mientras que el gasto modificado terminó en alrededor de 526 millones, una reducción cercana a 64 por ciento respecto del presupuesto original. Para 2026 también se reportó una disminución presupuestal.
El contexto es particularmente delicado para una entidad expuesta a sequías y con una extensa actividad agropecuaria. Desde el punto de vista económico, reducir inversión pública en sectores afectados por choques climáticos puede tener efectos multiplicadores negativos sobre ingreso rural, empleo y consumo local.
Viajes: el debate no es viajar, sino medir resultados
Las giras de la gobernadora también han generado cuestionamientos.
Una investigación periodística basada en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia documentó más de 90 viajes desde 2022, con gastos de vuelos, hospedaje, alimentación y viáticos que superan el millón de pesos. El mismo trabajo identificó gastos específicos en hoteles, restaurantes y servicios de transportación durante distintas giras.
Pero desde una perspectiva estrictamente económica, el punto más importante no es determinar si una gobernadora debe viajar o no. Chihuahua es una economía altamente vinculada con las exportaciones, la manufactura y la inversión extranjera, por lo que la promoción internacional puede tener una justificación económica.
La pregunta fundamental es otra: ¿Cuál es el retorno de esas giras para el estado?
La propia administración ha reportado inversiones vinculadas con proyectos anunciados durante este periodo. Entre ellas destacan una inversión de 450 millones de dólares de Inventec, con más de 6 mil empleos proyectados, así como una ampliación de 330 millones de dólares de Pegatron, con mil nuevos empleos. También se anunció una inversión de 80 millones de dólares de ATI, con más de 230 empleos especializados.
Estos anuncios muestran que sí existen proyectos de inversión asociados a la estrategia de promoción económica del estado. Sin embargo, para evaluar su impacto fiscal sería necesario conocer cuánto de esa inversión corresponde efectivamente a nueva formación de capital, cuándo se materializará y qué empleos serán permanentes.
Torre Centinela: inversión de alto costo que exige resultados
La Torre Centinela constituye otro de los grandes proyectos que deben evaluarse desde una perspectiva de costo-beneficio.
El proyecto ha sido objeto de críticas políticas por su elevado costo y por cuestionamientos sobre su utilidad. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal y la Auditoría Superior del Estado han defendido la infraestructura y señalado que las revisiones permitieron aplicar ajustes y penas convencionales que redujeron el costo de la obra entre aproximadamente 100 y 120 millones de pesos.
Por ello, más que calificarla anticipadamente como un éxito o un fracaso, el análisis económico debería concentrarse en indicadores verificables: reducción de delitos, capacidad de respuesta policial, funcionamiento de cámaras y lectores de placas, mantenimiento, costo operativo y resultados de seguridad por cada peso invertido.
El problema de fondo: deuda contra crecimiento
Chihuahua posee ventajas económicas importantes. Es una entidad industrial, exportadora y con fuerte presencia en sectores como manufactura avanzada, aeroespacial, electrónica y semiconductores.
El propio Gobierno estatal reporta inversiones recientes de empresas internacionales como Safran, Inventec, Pegatron y ATI.
Precisamente por esa fortaleza productiva, el aumento de la deuda pública merece un análisis más exigente.
Endeudarse no es necesariamente un problema. Endeudarse sin elevar proporcionalmente la capacidad productiva, la infraestructura, la seguridad o la calidad de los servicios públicos sí puede convertirse en una carga para las siguientes administraciones.
El indicador que debería acompañar cada nuevo crédito es el rendimiento económico y social de la inversión financiada.
Pobreza laboral: el indicador que contradice cualquier triunfalismo
Los indicadores sociales agregan otra dimensión al debate.
El INEGI reportó que la pobreza laboral en Chihuahua pasó de 21.9 a 23.0 por ciento entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, un aumento de 1.1 puntos porcentuales. El indicador mide a la población cuyo ingreso laboral per cápita resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.
Para el segundo trimestre de 2026, BBVA Research, con base en los datos disponibles, reportó una reducción de 1.7 puntos porcentuales en Chihuahua respecto al trimestre anterior, lo que el comportamiento más reciente no puede describirse simplemente como un deterioro continuo.
Esto obliga a una lectura más cuidadosa: la economía estatal puede atraer inversiones multimillonarias y mantener una fuerte plataforma exportadora mientras persisten problemas de ingreso laboral y desigualdad territorial.
Ahí se encuentra uno de los principales retos de política económica: conseguir que el crecimiento industrial no se quede únicamente en las estadísticas de inversión anunciada, sino que se traduzca en mejores salarios, mayor proveeduría local, productividad, infraestructura y oportunidades para las regiones más rezagadas.
La verdadera prueba para Maru Campos
El balance económico de la administración de María Eugenia Campos no debería reducirse a propaganda oficial ni a descalificaciones partidistas.
Los datos disponibles plantean tres interrogantes centrales:
Primero: cómo se justificará el aumento de aproximadamente 32 por ciento en la deuda respecto del saldo existente al inicio de la administración.
Segundo: qué retorno económico y social generan las ampliaciones presupuestales destinadas a comunicación social y cuánto de ese gasto representa información pública indispensable frente a promoción de imagen.
Tercero: qué resultados concretos están produciendo las inversiones, los proyectos de infraestructura y las giras de promoción económica en términos de empleo formal, salarios, productividad y recaudación.
Chihuahua tiene una economía con ventajas estructurales suficientes para generar crecimiento. Por eso mismo, el verdadero examen del gobierno de Maru Campos no está en la cantidad de anuncios de inversión ni en el número de giras realizadas, sino en la capacidad de convertir presupuesto, deuda e inversión privada en bienestar económico sostenible.
La deuda puede financiar desarrollo; la inversión puede transformar una economía; y la promoción internacional puede atraer capital. Pero si el endeudamiento crece más rápido que los beneficios económicos verificables, el costo termina trasladándose a los siguientes gobiernos y, finalmente, a los contribuyentes.
Ese es el punto que debería estar en el centro de la discusión sobre las finanzas de Chihuahua.
