El gobernador de Nuevo León, Samuel García, estaría incurriendo en una conducta ilegal al retrasar la entrega de recursos destinados a municipios y organismos autónomos, advirtió el senador con licencia Waldo Fernández, quien demandó que el caso sea revisado por las autoridades fiscalizadoras.
El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional sostuvo que los recursos retenidos no pertenecen al Ejecutivo estatal, sino a la ciudadanía y a las instituciones que deben recibirlos conforme al marco federal.
Fernández consideró que los gobiernos afectados deben presentar las denuncias correspondientes para que la Auditoría Superior de la Federación determine si existe alguna responsabilidad.
A su juicio, retrasar la ministración de recursos federales podría tener consecuencias de carácter penal, por lo que llamó a no dejar el asunto únicamente en el terreno de la confrontación política.
El legislador también cuestionó la forma en que Samuel García administra los recursos públicos y acusó al mandatario de actuar como si las participaciones federales fueran patrimonio del Gobierno estatal.
“Es dinero del pueblo de Nuevo León y se tiene que entregar de inmediato”, sostuvo.
Fernández afirmó que la disputa por los recursos exhibe, desde su perspectiva, una visión patrimonialista del poder y advirtió que, si se acredita alguna irregularidad, el Gobierno estatal deberá responder ante las instancias correspondientes.
