El aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Waldo Fernández, acusó al gobernador Samuel García de utilizar la presión económica contra empresarios como una herramienta de gobierno.
Las declaraciones surgieron después de que García señalara que su administración mantiene un trato preferencial con empresas que realizan aportaciones económicas al gobierno estatal. Para Fernández, este esquema equivale a una práctica de “cooperas o cuello”.
El político sostuvo que, si las declaraciones del mandatario corresponden a una exigencia de recursos a empresarios a cambio de beneficios o de evitar consecuencias administrativas, podría configurarse un acto de extorsión.
“Lo que está haciendo es institucionalizar una práctica que se parece al cobro de piso y la extorsión”, afirmó.
Fernández señaló que las recientes modificaciones al marco legal federal establecen disposiciones específicas para combatir este delito, por lo que consideró que las autoridades deben revisar el caso.
A su juicio, las acusaciones sobre presuntas presiones a empresarios no son nuevas y la declaración del gobernador habría hecho público un mecanismo que, aseguró, ya era conocido dentro del sector empresarial.
“El gobernador y su gabinete han estado extorsionando empresarios y hoy lo institucionaliza en forma de política pública”, acusó.
Ante la posibilidad de que se haya cometido algún ilícito, Fernández demandó que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León investigue los hechos y determine si existe responsabilidad.
También cuestionó la actuación de los inspectores estatales y afirmó que algunos empresarios podrían evitar presentar denuncias por temor a posibles represalias.
“El problema es que es juez y parte, porque manda a sus inspectores a extorsionar a los ciudadanos”, sostuvo.
Fernández insistió en que, si existen elementos que sustenten las acusaciones, corresponde a las autoridades ministeriales abrir una investigación y deslindar responsabilidades conforme a la ley.
