El equipo “Guerrero del Futuro” intensifica las asambleas en Guerrero para promover la defensa de la soberanía nacional, la legalidad y el respeto a las facultades exclusivas del Estado mexicano.
Acapulco, Guerrero.— La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo de seguridad en Chihuahua abrió un nuevo frente en el debate nacional sobre la soberanía, la cooperación internacional y los límites constitucionales de las autoridades estatales.
Ante este escenario, Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, respaldó las acciones de la FGR y consideró fundamental esclarecer los hechos relacionados con el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria.
La exfuncionaria sostuvo que la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, al advertir que ninguna autoridad puede actuar al margen de la Constitución ni permitir que instancias extranjeras ejerzan atribuciones reservadas al Estado mexicano.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, las indagatorias comprenden más de un centenar de actos de investigación y se relacionan con un operativo para desmantelar un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, Chihuahua, en el que habrían participado dos agentes de la CIA sin autorización federal. También se investiga el supuesto ocultamiento de su intervención.
“La soberanía nacional no se negocia ni se subordina a ningún interés extranjero”, enfatizó Damián Peralta, al señalar que la colaboración internacional en materia de seguridad debe sujetarse estrictamente al marco jurídico mexicano.
La exconsejera jurídica calificó como especialmente delicado que, según los señalamientos difundidos, la participación de los agentes extranjeros no se hubiera comunicado oportunamente a las autoridades federales. A su juicio, esclarecer esta situación resulta indispensable para determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar que las instituciones actúen conforme a la ley.
Coordinación sí, subordinación no
Damián Peralta subrayó que la cooperación con otros países es compatible con la defensa de la soberanía, siempre que exista respeto a la Constitución, reciprocidad y coordinación institucional. Lo que consideró inadmisible es que una autoridad estatal presuntamente permita actuaciones extranjeras fuera de los procedimientos legales y sin conocimiento de la Federación.
En ese sentido, respaldó el modelo de seguridad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno sin invadir competencias ni comprometer la autonomía del Estado mexicano.
“Este no es un tema menor ni partidista. La seguridad nacional exige instituciones sólidas, respeto al pacto federal y apego irrestricto a la legalidad”, sostuvo.
La exfuncionaria también reconoció la actuación de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, y afirmó que el esclarecimiento de este caso representa una oportunidad para reafirmar que las decisiones relacionadas con la seguridad nacional deben tomarse dentro de las instituciones mexicanas.
Guerrero refuerza las asambleas por la soberanía
En paralelo, el equipo “Guerrero del Futuro”, vinculado con Esthela Damián, reforzará las asambleas en distintas regiones de Guerrero para promover la defensa de la soberanía nacional y la participación ciudadana en asuntos de interés público.
La estrategia busca llevar el debate más allá de la coyuntura de Chihuahua y colocar en el centro la importancia de preservar la integridad territorial, la independencia de las instituciones y el cumplimiento de la Constitución.
Desde esta perspectiva, Damián Peralta sostuvo que el Humanismo Mexicano implica defender los intereses nacionales, fortalecer el Estado de derecho y mantener una relación de cooperación con otras naciones sin aceptar subordinaciones.
“La soberanía se ejerce, no se pide permiso para ejercerla”, concluyó.
El caso de Chihuahua coloca nuevamente sobre la mesa una cuestión central para la política de seguridad mexicana: la cooperación internacional puede ser necesaria para enfrentar al crimen organizado, pero sus mecanismos deben respetar la legislación nacional y las competencias de las autoridades federales. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer si existieron violaciones legales, sin sustituir el debido proceso ni anticipar una sentencia.