a exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal condenó la respuesta violenta a las manifestaciones en Guadalajara y llamó a garantizar servicios públicos de calidad sin vulnerar los derechos de las familias.
Acapulco, Gro.— El acceso al agua potable debe garantizarse como un derecho humano y no sujetarse a intereses comerciales o esquemas de privatización, afirmó Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, al pronunciarse sobre las protestas registradas en Guadalajara, Jalisco, por las deficiencias en el suministro de agua limpia.
La exfuncionaria cuestionó el uso de la fuerza pública frente a las manifestaciones ciudadanas y sostuvo que las demandas relacionadas con servicios básicos deben atenderse mediante el diálogo y soluciones concretas, en lugar de recurrir a acciones que criminalicen la protesta social.
“Lo sucedido en Guadalajara tiene consternado a todo el país. Miles de personas salieron a las calles exigiendo agua limpia y la respuesta nunca debe ser el repliegue violento. El pueblo que exige derechos no es el enemigo; al pueblo se le escucha y se le resuelve”, expresó.
Damián Peralta advirtió que la administración del agua no puede reducirse a una lógica de mercado cuando está en juego el bienestar de la población. En ese sentido, señaló que cualquier modelo de gestión debe priorizar el acceso equitativo al recurso, proteger la economía familiar y garantizar que el servicio cumpla con estándares de calidad.
Asimismo, planteó que los esquemas de inversión en infraestructura y servicios públicos deben operar con transparencia, rendición de cuentas y supervisión del Estado, a fin de evitar que los intereses particulares prevalezcan sobre las necesidades de las comunidades.
La exconsejera jurídica sostuvo que la discusión sobre el suministro de agua debe colocar en el centro los derechos de la población y la responsabilidad de las autoridades de ofrecer servicios suficientes y seguros.
Finalmente, reiteró que, tanto en Guerrero como en el resto del país, la defensa de los recursos naturales y el acceso justo a los servicios básicos deben formar parte de una política orientada al bienestar colectivo y a la justicia social.
