Monterrey, Nuevo León.- El adeudo de 318 millones de pesos que mantiene el Gobierno de Nuevo León con organizaciones de la sociedad civil abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el manejo de las finanzas estatales y, de acuerdo con Waldo Fernández, también revela cuáles son las prioridades políticas de la administración de Samuel García.
El senador con licencia y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional sostuvo que el monto pendiente resulta menor frente al presupuesto estatal, por lo que atribuyó la falta de pago a una decisión política más que a una imposibilidad financiera.
Fernández planteó que las organizaciones civiles cumplen una función particularmente relevante al atender a sectores en condición de vulnerabilidad que, en principio, deberían contar con una respuesta directa y permanente de las instituciones públicas.
Desde esa perspectiva, consideró que la deuda no puede analizarse únicamente como un asunto administrativo, pues compromete la operación de organismos que ofrecen servicios sociales y que, en muchos casos, terminan cubriendo espacios que el propio Estado no alcanza a atender.
El legislador también utilizó el adeudo como punto de partida para cuestionar el estado de las finanzas públicas de Nuevo León. Señaló que los retrasos no se limitarían a las organizaciones civiles, sino que alcanzarían proyectos de infraestructura y obligaciones con distintas instituciones, entre ellas el Poder Judicial y la Fiscalía.
Entre los ejemplos mencionó obras como el Metro y la carretera Interserrana, cuya ejecución, afirmó, enfrenta dificultades, panorama que —desde su lectura— apunta a problemas de liquidez y planeación financiera dentro de la administración estatal.
El señalamiento adquiere una dimensión política adicional en medio de la creciente disputa por el rumbo de Nuevo León rumbo al proceso electoral de 2027. Fernández cuestionó que, mientras existen adeudos con organizaciones que atienden necesidades sociales, el Gobierno estatal mantenga una intensa estrategia de promoción de la figura del gobernador Samuel García.
Para el aspirante morenista, la contradicción entre las necesidades de sectores vulnerables y el gasto destinado a posicionamiento político refleja un problema de prioridades gubernamentales.
El fondo de la crítica, más allá de los 318 millones de pesos, coloca sobre la mesa una pregunta que inevitablemente acompañará el debate político de Nuevo León: ¿cuáles son las prioridades presupuestales de un gobierno cuando existen recursos para promoción política, pero organizaciones dedicadas a atender a población vulnerable esperan el pago de recursos comprometidos?
La respuesta, en el terreno político, será parte de la discusión rumbo a 2027, cuando la gestión de las finanzas estatales y el destino del gasto público se conviertan previsiblemente en uno de los principales puntos de confrontación entre los distintos proyectos políticos.
