Por: Eduardo Esquivel Ancona
La agroindustria de la caña enfrenta una combinación de factores que amenaza la rentabilidad de ingenios y productores. El mayor cupo de exportación hacia Estados Unidos ofrece un respiro, pero no resuelve los problemas estructurales del mercado interno.
La industria azucarera mexicana atraviesa uno de sus periodos más complejos de las últimas décadas. La combinación de bajos precios, contrabando, creciente penetración del jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), problemas financieros en algunos ingenios y afectaciones fitosanitarias configura un escenario que trasciende al sector agroindustrial y amenaza la economía de cientos de comunidades rurales.
El incremento del cupo de exportación hacia Estados Unidos para el ciclo 2026-2027, estimado en hasta 1.152 millones de toneladas de azúcar mexicana, representa una noticia favorable para la cadena productiva. Sin embargo, desde una perspectiva económica, difícilmente puede considerarse una solución de fondo.
El mayor acceso al mercado estadounidense puede contribuir a retirar excedentes del mercado nacional y mejorar temporalmente los ingresos de los productores, pero su impacto dependerá de que ese volumen efectivamente sea colocado y de las condiciones internacionales de precio. En otras palabras, se trata de un mecanismo de alivio, no de una reestructuración de la industria.
El cupo representa además un aumento de alrededor de 512% respecto del ciclo anterior, cuando las exportaciones autorizadas se redujeron a niveles históricamente bajos debido a la menor disponibilidad. La cifra, no obstante, corresponde a una estimación de demanda y no significa necesariamente que Estados Unidos vaya a comprar la totalidad del volumen.
Un mercado interno sometido a presión
El principal problema económico está en el mercado nacional. Una parte importante de la producción mexicana se destina al consumo interno, por lo que cualquier incremento de la oferta importada o sustitución del azúcar de caña por otros edulcorantes termina presionando los precios que reciben ingenios y productores.
A esta situación se suma el ingreso irregular de azúcar proveniente de Centroamérica. El llamado “huachicol azucarero” genera una distorsión particularmente grave: el producto que entra de manera ilegal evita los costos arancelarios y puede comercializarse a precios artificialmente bajos, colocando en desventaja al productor nacional que sí cumple con sus obligaciones fiscales y regulatorias.
Guatemala aparece como uno de los principales puntos de procedencia señalados por el sector. De acuerdo con estimaciones citadas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), una proporción superior al 90% del azúcar guatemalteca que llega a México lo haría sin registro formal.
La modalidad conocida como “contrabando técnico” profundiza el problema, debido a que el producto puede ser reempacado para aparentar que se trata de azúcar mexicana. El resultado económico es doblemente negativo: reduce el espacio comercial para la producción nacional y erosiona la recaudación derivada de las operaciones legales de importación.
El JMAF cambia las reglas del mercado
El segundo gran desafío es la sustitución del azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa. Las importaciones de este producto pasaron de 301.9 millones de dólares en 2021 a 531.1 millones de dólares en 2025, un incremento cercano al 76%.
El fenómeno no significa que la industria refresquera y alimentaria mexicana haya abandonado por completo el azúcar de caña. Ambos edulcorantes coexisten. Sin embargo, el crecimiento del JMAF ha modificado la estructura de costos de numerosas empresas, particularmente en segmentos de producción masiva y alimentos ultraprocesados.
Su ventaja fundamental es económica: se trata de un insumo que puede ofrecer menores costos para determinados procesos industriales y facilita la elaboración de productos líquidos sin necesidad de disolver previamente el azúcar cristalizado.
Esto genera una presión competitiva que no se resuelve únicamente apelando a las preferencias del consumidor. Para recuperar participación en el mercado, la cadena azucarera necesita mejorar productividad, logística, transformación industrial y esquemas de comercialización.
La alternativa de la azúcar líquida, por ejemplo, permite competir en determinados procesos industriales al reducir tiempos y costos de manejo. Su desarrollo podría convertirse en una vía para recuperar demanda nacional, especialmente si se acompaña de contratos de suministro de largo plazo entre productores, ingenios y empresas de alimentos y bebidas.
Veracruz, el punto más vulnerable
El problema adquiere una dimensión mayor en Veracruz, entidad que concentra aproximadamente cuatro de cada 10 toneladas de azúcar producidas en México.
La próxima zafra enfrenta riesgos adicionales por la presencia de Fusarium sacchari, así como por otras plagas y condiciones climáticas adversas. Productores han reportado la presencia del hongo en municipios como Actopan, Alto Lucero, Úrsulo Galván, Puente Nacional, La Antigua y Paso de Ovejas.
La preocupación es especialmente relevante porque las plantaciones afectadas abastecen a ingenios como La Gloria y El Modelo, involucrando a miles de productores de la región.
El Fusarium sacchari puede provocar marchitez, pudrición y deterioro del cultivo. Si la propagación no se contiene oportunamente, el problema sanitario podría convertirse en un nuevo golpe para los rendimientos agrícolas y, por extensión, para la disponibilidad de materia prima de los ingenios.
Aquí aparece un elemento económico fundamental: una menor producción de caña no necesariamente beneficia a los productores mediante un incremento de precios. Si la industria pierde competitividad, una reducción de la oferta puede traducirse en menor utilización de la capacidad instalada, mayores costos unitarios y dificultades financieras adicionales para los ingenios.
Ingenios al límite
La fragilidad financiera de algunas factorías evidencia que la crisis no comienza ni termina en el campo.
El pasado 5 de agosto, el Grupo Azucarero San Pedro anunció el cierre definitivo del ingenio ubicado en Lerdo de Tejada, Veracruz, argumentando falta de solvencia económica. Catorce días después, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado, Ernesto Pérez Astorga, informó que se había alcanzado un acuerdo con la empresa para mantener las operaciones.
El episodio ilustra la vulnerabilidad de una cadena productiva en la que un ingenio representa mucho más que una fábrica. Su funcionamiento sostiene empleos, contratos con productores, transporte, servicios, comercio local y una amplia red de actividades económicas asociadas con la zafra.
Cuando un ingenio deja de operar, el impacto se multiplica a lo largo de toda la economía regional.
Una industria con peso social
La agroindustria de la caña genera alrededor de 500 mil empleos directos y más de 2.4 millones de empleos indirectos, además de representar aproximadamente entre 0.4% y 0.5% del PIB nacional.
Por ello, el debate sobre el azúcar no debe reducirse a una disputa entre productores nacionales e importadores. Lo que está en juego es la viabilidad de una cadena agroindustrial completa.
El problema tiene, además, una dimensión territorial: municipios enteros dependen de los ingresos generados durante la zafra. Una reducción significativa en la actividad de los ingenios puede traducirse rápidamente en menor consumo local, caída de ingresos familiares y deterioro de las economías regionales.
Exportar más no basta
El incremento de la cuota estadounidense puede representar un alivio financiero estimado en miles de millones de pesos para la cadena productiva, pero depender exclusivamente de las exportaciones sería insuficiente.
La solución requiere equilibrar tres mercados: el nacional, el estadounidense y el de productos derivados de la caña.
En ese sentido, las medidas anunciadas bajo el denominado Plan México-Azúcar Nacional, orientadas a promover un mayor consumo de azúcar de caña mexicana entre empresas refresqueras y de alimentos, pueden contribuir a recuperar demanda interna.
También resulta estratégica la diversificación hacia el etanol y otros productos derivados de la caña y el bagazo. Transformar excedentes en biocombustibles permitiría reducir la dependencia de un solo mercado y aprovechar integralmente la materia prima.
El reto es recuperar competitividad
La crisis azucarera mexicana no responde a una sola causa. Es el resultado de una acumulación de desequilibrios: precios deprimidos, contrabando, competencia de edulcorantes importados, baja productividad en algunas zonas, problemas financieros y riesgos fitosanitarios.
Por ello, la respuesta tampoco puede limitarse a incrementar cuotas de exportación o contener importaciones.
México necesita una política integral que fortalezca la vigilancia aduanera, combata el contrabando, mejore la productividad agrícola, atienda las plagas, facilite la modernización de los ingenios y genere nuevos mercados para la caña.
El objetivo económico debe ser claro: evitar que una crisis coyuntural de precios termine convirtiéndose en una pérdida permanente de capacidad productiva.
La industria azucarera todavía tiene capacidad para recuperarse, pero el margen de maniobra se reduce. Si los problemas financieros de los ingenios coinciden con una caída de los rendimientos agrícolas y una mayor sustitución del azúcar nacional por edulcorantes importados, el costo para México no será únicamente industrial.
Será también rural, laboral y regional.
El desafío, por tanto, no consiste solamente en vender más azúcar al extranjero, sino en construir una cadena productiva capaz de competir en precio, innovación y valor agregado dentro y fuera de México.
Todo un reto la industria azucarera nacional. Una actividad que exige la planeación y participación coordinada de todos los sectores involucrados, además de manera urgente.