Columna: Ciberseguridad política 

Por: Raúl Fraga Juárez 

La pasarela de la infamia

La política mexicana parece encontrar siempre una nueva forma de exhibir sus contradicciones. En apenas tres semanas —entre el 16 de julio y el 6 de agosto de 2026—, dos episodios relacionados con exgobernadores volvieron a colocar bajo los reflectores la relación entre poder político, impunidad y justicia.

Por un lado aparece Ernesto Ruffo Appel, histórico panista que rompió en Baja California el monopolio priista al convertirse en el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país y que ahora enfrenta señalamientos relacionados con presunto huachicol fiscal y delincuencia organizada.

Por otro, el nombre de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, vuelve a aparecer vinculado a los cuestionamientos sobre el manejo institucional del expediente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a presuntas irregularidades en torno a la conservación de información oficial.

Son dos personajes de épocas y partidos distintos, pero unidos por una misma circunstancia: el poder que alguna vez los colocó en la cima de sus respectivos estados hoy forma parte de un pasado que vuelve a ser revisado bajo el escrutinio de la justicia.

La numeralia de la caída

La pregunta de fondo resulta inevitable: ¿cuántos gobernadores y exgobernadores han terminado enfrentando procesos judiciales, investigaciones o incluso prisión a lo largo de la historia política contemporánea de México?

El recuento no es sencillo. Durante buena parte del siglo XX, la relación entre la Presidencia de la República y los gobiernos estatales estuvo marcada por un fuerte centralismo político.

Entre 1929 —cuando se consolidaron las bases del sistema político que dominaría al país durante décadas— y el año 2000 —cuando el PRI perdió la Presidencia de la República ante Vicente Fox—, más de 70 gobernadores en funciones dejaron anticipadamente el cargo o fueron removidos de distintas maneras, de acuerdo con diversos recuentos históricos.

Aquella salida del poder no siempre fue consecuencia de una competencia electoral o de una sanción ciudadana. Durante el predominio del llamado partido hegemónico, el Ejecutivo federal mantuvo una enorme capacidad de influencia sobre los gobiernos estatales.

El Senado podía intervenir mediante la desaparición de poderes y, en otros casos, las presiones políticas desembocaban en licencias o renuncias que permitían resolver conflictos sin recurrir necesariamente a una contienda electoral.

Con la transición política, el escenario cambió, pero no desaparecieron los escándalos.

Desde finales del siglo XX y particularmente durante las últimas décadas, varios gobernadores y exgobernadores han sido detenidos, procesados, extraditados o sometidos a investigaciones por delitos que van desde delincuencia organizada y narcotráfico hasta peculado, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

La pérdida del poder, del fuero o de las redes políticas que alguna vez los protegieron se convirtió, en numerosos casos, en el punto de partida de sus problemas judiciales.

Las dos grandes avenidas: crimen organizado y corrupción

La llamada “pasarela de la infamia” puede dividirse, para efectos de este análisis, en dos grandes rutas: los casos relacionados con el crimen organizado y aquellos vinculados con corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero.

En la primera aparecen figuras como Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien fue detenido en 2001 después de permanecer prófugo y enfrentar acusaciones relacionadas con narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Juárez.

Años después, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue detenido en Florencia, Italia, en 2017. Su caso estuvo relacionado con acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales.

La segunda ruta está marcada por los escándalos de corrupción.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de una administración señalada por desvíos millonarios y el uso de empresas fantasma. Su fuga a Guatemala terminó con su captura y posterior proceso judicial.

En el mismo expediente político de la corrupción aparecen César Duarte, exgobernador de Chihuahua, extraditado desde Estados Unidos; Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo, detenido en Panamá; Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, quien se entregó a las autoridades; Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, procesado por delitos relacionados con recursos públicos; y Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, detenido en 2021.

La lista muestra un patrón inquietante: durante los últimos años, la cárcel dejó de ser una posibilidad remota para algunos exmandatarios estatales y se convirtió en el desenlace de investigaciones que, en algunos casos, comenzaron cuando todavía ejercían el poder.

El supuesto oasis de la Cuarta Transformación

Aquí aparece una pregunta inevitable dentro del debate político contemporáneo: ¿qué gobernadores o exgobernadores emanados de Morena han terminado en prisión?

Hasta ahora, el registro de casos de exmandatarios estatales de Morena encarcelados o procesados penalmente no se compara con el acumulado de otros partidos.

La diferencia es especialmente visible frente al PRI y, en menor medida, frente al PAN y al PRD, partidos que han tenido entre sus filas a exgobernadores detenidos, procesados o sometidos a investigaciones de alto impacto.

Eso no significa que los gobiernos emanados de Morena hayan estado exentos de controversias. Varios de sus gobernadores y exgobernadores han enfrentado críticas, denuncias, señalamientos políticos, cuestionamientos legislativos y controversias públicas.

Pero una cosa es el escándalo político y otra muy distinta una sentencia judicial o un proceso penal que termine en prisión.

La ausencia de gobernadores morenistas encarcelados abre, por lo tanto, una discusión que trasciende la estadística.

¿Se trata de una ruptura real con las prácticas del pasado o de una fotografía temporal de un sistema político en el que la justicia continúa siendo influida por las relaciones de poder?

La delgada línea entre el palacio y la celda

La historia política mexicana demuestra que el poder estatal puede convertirse en plataforma de ascenso, mecanismo de protección o, llegado el momento, en una pesada carga para quien lo ejerció.

Los casos de exgobernadores que han terminado ante los tribunales revelan algo más profundo que una sucesión de escándalos individuales: exhiben las debilidades históricas de los mecanismos de rendición de cuentas y la enorme distancia que durante décadas existió entre gobernar y responder judicialmente por las decisiones tomadas desde el poder.

Hoy, los casos que involucran a personajes de distintas generaciones y partidos vuelven a poner esa discusión sobre la mesa.

La lección política es incómoda: en México, el palacio de gobierno y la celda pueden parecer mundos separados mientras se ejerce el poder, pero esa distancia puede reducirse drásticamente cuando termina un sexenio, se rompe una alianza política o desaparece la protección institucional.

Porque el poder es temporal.

Los expedientes, en cambio, pueden sobrevivir a los gobiernos.

ANEXO

Cronología de la “pasarela de la infamia”

Conclusión: el balance partidista

El recuento de estos casos revela una marcada concentración histórica de escándalos judiciales entre figuras emanadas del PRI, particularmente durante las últimas décadas.

El PAN también aparece en episodios emblemáticos de la alternancia política, mientras que el PRD registra casos vinculados con administraciones estatales que terminaron bajo cuestionamientos judiciales.

Morena, por ahora, mantiene un registro distinto: ninguno de sus exgobernadores figura entre los mandatarios estatales encarcelados.

Pero esa ausencia puede interpretarse de dos maneras.

Para sus defensores, representa una ruptura con las prácticas de corrupción y complicidad que caracterizaron a gobiernos anteriores.

Para sus críticos, puede ser simplemente una fotografía incompleta de un sistema político en el que la rendición de cuentas suele llegar —si llega— después de que el poder ha cambiado de manos.

Por eso, más que convertir la estadística en una bandera partidista, el verdadero desafío consiste en responder una pregunta mucho más incómoda:

¿La justicia mexicana está castigando realmente los abusos del poder o solamente está alcanzando a quienes dejaron de tenerlo?

Esa es, quizá, la verdadera pasarela de la infamia.