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Por: Eduardo Esquivel Ancona
Luis Carlos Ugalde insiste en que el fraude es un mito, pero los cables diplomáticos de Washington revelan una reunión de Arturo Sánchez Gutiérrez con funcionarios estadounidenses semanas antes de los comicios. El episodio, sumado a las maniobras políticas de Elba Esther Gordillo y a las negociaciones que llevaron a Ugalde al IFE, mantiene abiertas interrogantes sobre la imparcialidad del árbitro electoral y la legitimidad de aquella elección.
Hay episodios de la historia política mexicana que no pierden vigencia porque sus protagonistas continúan intentando imponer una interpretación de los acontecimientos. La elección presidencial de 2006 es uno de ellos. A dos décadas de aquella contienda, Luis Carlos Ugalde sigue defendiendo que no existió fraude y califica las acusaciones como un «mito fundacional» de la izquierda. Sin embargo, hay documentos, testimonios y decisiones políticas que obligan a revisar aquella versión con mayor profundidad.
Uno de los episodios más inquietantes es la visita del entonces consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez a la embajada de Estados Unidos, semanas antes de la jornada del 2 de julio de 2006. La información aparece en un cable diplomático estadounidense filtrado por WikiLeaks, identificado como 06MEXICO3309_a, que da cuenta de un encuentro entre el funcionario del Instituto Federal Electoral (IFE) y representantes del gobierno de George W. Bush.
El contenido merece especial atención: de acuerdo con el reporte, Sánchez Gutiérrez anticipó que Felipe Calderón ganaría la Presidencia por un margen de tres puntos porcentuales o menos. No se trataba de una conversación posterior a los resultados ni de una valoración hecha con las actas electorales en la mano, sino de una previsión comunicada a diplomáticos extranjeros antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas.
Pero el dato más delicado no es solamente la anticipación del resultado. El cable también atribuye al consejero una preocupación por las consecuencias que tendría una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador y por las movilizaciones que, según su perspectiva, protagonizaría la izquierda después de la elección. El diplomático estadounidense dejó asentado que su interlocutor «claramente no le tenía simpatía a López Obrador».
Aquí aparece una pregunta que sigue siendo políticamente incómoda: ¿qué hacía un integrante de la autoridad electoral compartiendo con funcionarios de una potencia extranjera sus pronósticos sobre el resultado presidencial y sus valoraciones políticas sobre uno de los candidatos?
La visita no demuestra, por sí misma, que Washington haya intervenido en el conteo ni que existiera una operación para modificar los votos. Tampoco acredita automáticamente que Sánchez Gutiérrez hubiera participado en una maniobra fraudulenta. Pero sí coloca bajo escrutinio la conducta de quien tenía la responsabilidad de actuar con independencia, neutralidad y distancia frente a los contendientes.
EL IFE, ENTRE LOS ACUERDOS POLÍTICOS Y LA SOSPECHA
La controversia no puede separarse de la forma en que se integró el Consejo General del IFE que organizó aquella elección. Luis Carlos Ugalde llegó a la presidencia del organismo en octubre de 2003, en medio de negociaciones partidistas en la Cámara de Diputados, donde Elba Esther Gordillo desempeñaba un papel determinante como coordinadora de la bancada priista.
El propio Ugalde reconoció posteriormente que buscó respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas y que sostuvo encuentros con diputados electos, entre ellos Gordillo. En reconstrucciones posteriores de aquel proceso también se ha documentado el papel de la dirigente magisterial en las gestiones para impulsar su candidatura.
La integración del Consejo General fue resultado de un entendimiento político entre las principales fuerzas parlamentarias del PRI y el PAN, sin el respaldo de la izquierda, que cuestionó desde entonces las condiciones en que se construyó la autoridad encargada de arbitrar la sucesión presidencial.
El problema de fondo era evidente: quienes debían garantizar la imparcialidad de la competencia llegaron al organismo mediante una negociación política en la que participaron actores con intereses directos en el equilibrio de poder.
A ello se sumó la cercanía personal que Ugalde tuvo con el entorno panista. Su matrimonio con Lía Limón, celebrado en diciembre de 2003 y al que asistieron Felipe Calderón y Margarita Zavala, fue otro elemento que alimentó las críticas políticas. Esa relación personal no constituye una prueba de parcialidad, pero contribuyó al debate sobre la independencia que debía caracterizar al presidente del IFE.
ELBA ESTHER GORDILLO Y LA OPERACIÓN DEL VOTO
Otro capítulo fundamental se encuentra en las maniobras atribuidas a Elba Esther Gordillo durante la jornada electoral del 2 de julio de 2006.
Una conversación telefónica entre la entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se convirtió en uno de los episodios más reveladores de aquella elección.
En la grabación, Gordillo advierte que las encuestas de salida del PRI mostraban un desplome y expresa: «El PRI ya se cayó». Después plantea la conveniencia de inclinarse por el «azul», en referencia al PAN y a Felipe Calderón, en lugar del «amarillo», identificado con López Obrador y el PRD.
La frase «hay que saber cómo actuar… apoyar a Felipe para vender lo que tengan» dejó al descubierto una conversación sobre operación y negociación política en plena jornada electoral.
Gordillo reconoció la existencia de las llamadas, aunque sostuvo que se trataba de conversaciones políticas normales y denunció el espionaje telefónico.
El episodio alimentó las sospechas sobre una operación de reacomodo de estructuras priistas para favorecer al candidato panista. La dirigente magisterial mantenía una confrontación con Roberto Madrazo, abanderado presidencial del PRI, y tenía incentivos políticos para negociar su influencia con el grupo que terminaría ocupando Los Pinos.
No se trataba únicamente de una disputa entre candidatos: estaba en juego el control de estructuras territoriales, posiciones institucionales y espacios de poder para el siguiente gobierno.
LA SUMA DE LOS EPISODIOS Y LA PREGUNTA QUE UGALDE NO HA RESUELTO
La elección de 2006 fue extraordinariamente cerrada. El resultado oficial otorgó a Felipe Calderón una ventaja de apenas 0.56 puntos porcentuales sobre López Obrador. La diferencia fue tan reducida que la actuación de cada integrante de la autoridad electoral, las decisiones sobre el cómputo y la transparencia de los procedimientos adquirieron una importancia histórica.
La izquierda denunció irregularidades, cuestionó la intervención de actores políticos y exigió un recuento que permitiera despejar las dudas. El Tribunal Electoral confirmó la victoria de Calderón, aunque reconoció irregularidades e intervenciones indebidas durante el proceso. La resolución jurídica cerró la controversia institucional, pero no consiguió disipar la desconfianza de una parte considerable de la sociedad.
Por eso resulta insuficiente que Ugalde reduzca todo cuestionamiento a una construcción política o a un mito. Una cosa es sostener que no existe una resolución judicial que haya declarado fraudulenta la elección en su conjunto y otra muy distinta pretender que los acontecimientos documentados carecen de relevancia.
La reunión de Arturo Sánchez Gutiérrez con diplomáticos estadounidenses, las negociaciones que condujeron a Ugalde a la presidencia del IFE y la intervención política de Gordillo constituyen piezas de un rompecabezas que merece una revisión rigurosa.
No todas esas piezas prueban una conspiración ni permiten afirmar que el resultado fue alterado mediante una operación coordinada. Pero tampoco pueden descartarse como simples rumores.
DOS DÉCADAS DESPUÉS, EL DEBATE SIGUE ABIERTO
La paradoja es que quienes encabezaron o integraron las instituciones electorales de 2006 continúan defendiendo la limpieza del proceso, mientras que documentos diplomáticos desclasificados y testimonios de sus propios protagonistas permiten reconstruir relaciones políticas que merecen explicaciones.
La visita de un consejero electoral a la embajada estadounidense es, en ese contexto, el episodio que obliga a mirar más allá del discurso de Ugalde. La pregunta no es si un diplomático tenía derecho a conversar con un funcionario mexicano, sino por qué un árbitro electoral compartía pronósticos presidenciales y valoraciones sobre un candidato extranjero en una contienda tan delicada.
México tiene derecho a conocer cómo se construyó el poder en 2006, quiénes intervinieron, qué compromisos políticos se tejieron y hasta dónde llegó la influencia de los grupos que terminaron respaldando a Calderón.
Ugalde puede insistir en que el fraude es un mito. Pero la memoria histórica no se construye a partir de las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en aquel proceso. Se construye confrontando documentos, testimonios, decisiones y hechos.
Y entre esos documentos hay uno que merece permanecer en el centro de la discusión: el cable de la embajada estadounidense que registró la visita de un consejero del IFE antes de las elecciones presidenciales.
La democracia no se fortalece pidiendo que se olvide una elección cuestionada. Se fortalece explicando, sin evasivas, todo aquello que todavía genera dudas.
