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La reciente distensión entre Estados Unidos e Irán representa una noticia positiva no sólo para la estabilidad internacional, sino también para las finanzas públicas de México. Una eventual reducción de las tensiones en Medio Oriente podría traducirse en menores precios internacionales del petróleo, aliviar las presiones inflacionarias y reducir la necesidad de aplicar costosos estímulos fiscales a las gasolinas.
Durante los meses de conflicto y alta incertidumbre geopolítica, los precios del crudo registraron incrementos significativos debido al riesgo de interrupciones en el suministro mundial de energía. Uno de los principales factores de preocupación fue la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula alrededor del 20 por ciento del petróleo que se consume en el mundo.
El estrecho de Ormuz constituye un paso fundamental para las exportaciones de crudo de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán. Cualquier restricción en esa vía marítima genera nerviosismo en los mercados y provoca aumentos inmediatos en los precios internacionales del petróleo.
Para México, estas alzas tienen un impacto directo. Aunque el país produce petróleo, importa cerca del 40 por ciento de las gasolinas que consume, por lo que un incremento en los precios internacionales encarece los combustibles y presiona la inflación.
Ante este escenario, el gobierno federal utiliza el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como un mecanismo de estabilización. Cuando los precios del petróleo se disparan, la Secretaría de Hacienda reduce temporalmente el cobro de este impuesto o aplica estímulos fiscales para evitar que el aumento llegue de manera inmediata a los consumidores.
Sin embargo, esta medida tiene un costo para las finanzas públicas, ya que el gobierno deja de percibir parte de los ingresos que normalmente recaudaría por concepto de IEPS. Los ajustes se realizan semanalmente, dependiendo de la evolución de los mercados internacionales y de los precios de los combustibles.
Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que durante abril de 2026 la recaudación por IEPS aplicado a combustibles ascendió a 41 mil 511 millones de pesos, cifra que representó una caída de 10.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Fue además el primer mes del año en que este impuesto registró una contracción.
Desde marzo, Hacienda ha mantenido estímulos fiscales para las gasolinas de bajo y alto octanaje, así como para el diésel, debido a que los precios internacionales del petróleo se mantuvieron por encima de los 90 dólares por barril.
El repunte del crudo coincidió con la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El precio del petróleo WTI pasó de un promedio de 62.27 dólares por barril durante los primeros meses del año a niveles cercanos a los 98 dólares en los meses posteriores.
Con el propósito de contener el impacto sobre los consumidores, el gobierno federal alcanzó acuerdos con los distribuidores de combustibles para evitar incrementos abruptos en los precios. En el caso de la gasolina Magna, se buscó mantener el precio por debajo de los 24 pesos por litro mediante estímulos fiscales, mientras que para el diésel se establecieron mecanismos similares debido a su importancia para el transporte de mercancías y pasajeros.
Durante la semana del 16 al 22 de mayo, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda absorbió casi el 63 por ciento del IEPS correspondiente al diésel. Esto permitió que los usuarios pagaran únicamente 2.73 pesos por litro de impuesto, mientras que el resto fue cubierto mediante estímulos fiscales.
No obstante, la aplicación de estos apoyos no implica necesariamente una pérdida total para el Estado. El sistema funciona como una especie de balancín: cuando los precios internacionales del petróleo aumentan, también crecen los ingresos derivados de las exportaciones de crudo y de la actividad petrolera, lo que ayuda a compensar parcialmente la menor recaudación del IEPS.
A este panorama se suma el denominado «huachicol fiscal», esquema mediante el cual combustibles importados ingresan al país simulando ser otros productos para evadir impuestos. Este fenómeno representa pérdidas multimillonarias para la hacienda pública y se ha convertido en un factor adicional que erosiona la recaudación.
Se estima que entre los estímulos fiscales aplicados a los combustibles y las pérdidas asociadas al huachicol fiscal, el impacto para las finanzas públicas supera los 30 mil millones de pesos durante el presente año.
Por ello, cualquier acuerdo que contribuya a poner fin al conflicto en Medio Oriente, garantice la libre navegación por el estrecho de Ormuz y estabilice los mercados energéticos internacionales resulta favorable para México. Menores precios del petróleo significan menos presión sobre los combustibles, una menor necesidad de subsidios fiscales y un respiro para las finanzas públicas del país.
Por: Eduardo Esquivel Ancona
