Primera de dos partes
Juan José Gutiérrez*
El domingo 8 de noviembre, la cadena de televisión CBS transmitió, en su programa 60 Minutes, una entrevista con el presidente Donald Trump que sorprendió a propios y extraños.
El mandatario felicitó a los demócratas por su inesperada y contundente victoria en las elecciones de medio término. Además, manifestó su disposición a colaborar con ellos en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales.
Cuando el entrevistador le pidió que identificara concretamente algún problema de urgente interés nacional que estuviera dispuesto a resolver mediante la colaboración con la nueva mayoría demócrata en el Congreso, la respuesta del presidente resultó tan inesperada como sorprendente: la inmigración.
Sí, la inmigración. El mismo problema que durante años ha sido objeto de sus ataques políticos más persistentes y que ha servido de justificación para una de las campañas de arrestos y deportaciones más agresivas de la historia reciente de Estados Unidos.
Ningún presidente de la época moderna ha expulsado del país a un número tan elevado de inmigrantes, una cifra sin precedente: 483 mil 200 durante el año fiscal 2026, lo que representa un incremento de nueve por ciento respecto de los 442 mil 640 deportados en 2025.
La pregunta obligada es: ¿Cuánta credibilidad debemos concederle a Trump cuando habla de encontrar una solución al problema migratorio?
La respuesta exige seriedad, rigor y memoria histórica.
Quienes durante más de cuatro décadas hemos trabajado y luchado por una reforma migratoria justa, amplia y generosa no podemos permitirnos el lujo de confundir una declaración presidencial con un compromiso político verdadero.
Mucho menos cuando están de por medio el futuro, la seguridad y la estabilidad de millones de trabajadores indocumentados y sus familias.
Estos trabajadores, que durante décadas han contribuido con su esfuerzo al desarrollo económico y social de Estados Unidos, no merecen otra promesa destinada a terminar en el olvido. Merecen una solución definitiva.
Para comprender las verdaderas intenciones del presidente Trump, conviene examinar su expediente político de los últimos diez años. Se trata de un historial extenso, particularmente en materia migratoria. Por razones de espacio, no me detendré en su conocida retórica antiinmigrante, sino en algunos de los hechos que considero más reveladores.
LAS PROMESAS QUE NUNCA SE CUMPLIERON
Durante su primer mandato, en 2017, Trump manifestó públicamente su disposición a colaborar con los demócratas para encontrar una solución permanente al problema de los llamados dreamers (soñadores): jóvenes inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres cuando todavía eran niños.
En 2012, el entonces presidente Barack Obama había establecido, mediante una acción ejecutiva, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que ofreció a jóvenes estudiantes protección temporal contra la deportación y la posibilidad de obtener permisos de trabajo renovables.
Sin embargo, DACA nunca les concedió la residencia permanente ni un camino directo hacia la ciudadanía estadounidense.
Trump aseguró estar dispuesto a negociar una solución definitiva. Incluso sostuvo conversaciones con dirigentes demócratas sobre el tema.
Pero las negociaciones no prosperaron. La prometida solución legislativa nunca llegó y, en lugar de consolidar la protección de los soñadores, su administración impulsó medidas para poner fin al programa.
La primera gran promesa migratoria de Trump terminó convertida en otra oportunidad desperdiciada.
Años después, en abril de 2026, el presidente volvió a expresar su disposición a atender las preocupaciones de numerosos agricultores que denunciaban la pérdida de trabajadores como consecuencia de las redadas, los arrestos y las deportaciones impulsados por su propia administración.
Los productores agrícolas advertían que la persecución de trabajadores indocumentados estaba poniendo en peligro sus cosechas y la estabilidad económica de sus negocios.
Dos meses después, en junio, Trump amplió sus declaraciones. Ya no hablaba solamente de los trabajadores del campo, sino también de quienes laboran en hoteles, restaurantes y otras industrias de servicios.
Parecía reconocer, finalmente, una realidad económica que durante décadas hemos señalado: millones de trabajadores inmigrantes, incluidos los indocumentados, son indispensables para el funcionamiento de importantes sectores de la economía estadounidense.
Pero, una vez más, las declaraciones no se tradujeron en una propuesta legislativa concreta ni en una política de protección permanente para esos trabajadores.
Por el contrario, mientras el presidente hablaba de encontrar soluciones, su administración continuaba desarrollando operativos de detención y deportación en distintas ciudades del país.
En Los Ángeles, particularmente, las acciones de las autoridades federales provocaron temor, indignación y una profunda incertidumbre entre miles de familias inmigrantes.
La contradicción no podía ser más evidente.
Por un lado, el presidente reconocía la importancia económica de los trabajadores inmigrantes. Por el otro, su gobierno continuaba persiguiendo, arrestando y deportando a integrantes de esa misma fuerza laboral.
¿CÓMO CONCILIAR SEMEJANTE CONTRADICCIÓN?
Una nueva promesa, pero ninguna cumplida.
Mi reacción inicial ante las declaraciones de Trump en 60 Minutes fue de extrema cautela.
Y existen razones de peso para ello.
En primer lugar, su anuncio no estuvo acompañado de una propuesta legislativa, ni siquiera de los lineamientos generales de una posible reforma migratoria.
Tampoco identificó a los legisladores republicanos que tendrían la responsabilidad de elaborar esa propuesta ni a los dirigentes demócratas con quienes estaría dispuesto a negociar.
Más importante todavía, omitió explicar qué clase de protección migratoria estaría dispuesto a conceder a los millones de trabajadores indocumentados que llevan años, e incluso décadas, viviendo y trabajando en Estados Unidos.
¿Estaría dispuesto a apoyar un programa de residencia permanente?
¿O solamente consideraría permisos temporales de trabajo, sujetos a la discrecionalidad de futuras administraciones?
¿Incluiría la propuesta un camino hacia la ciudadanía estadounidense?
¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿Los trabajadores agrícolas? ¿Los empleados de la industria de servicios? ¿Los padres de hijos ciudadanos estadounidenses? ¿Los millones de trabajadores que han construido sus vidas en este país?
Nada de esto fue aclarado.
Y cuando se trata de un problema de semejante magnitud humana, económica y política, las omisiones no son asuntos menores.
Una reforma migratoria sin beneficiarios claramente definidos, sin una propuesta legislativa y sin compromisos verificables todavía no es una reforma. Es, cuando mucho, una declaración de intenciones.
De haber existido una voluntad política genuina de reconstruir la confianza, el presidente habría podido acompañar sus palabras con medidas administrativas concretas.
Por ejemplo, habría podido ordenar una revisión de las prioridades de arresto y deportación para evitar que trabajadores indocumentados con muchos años de residencia, arraigo familiar y sin antecedentes penales fueran objeto de operativos indiscriminados.
Una medida de esa naturaleza no habría resuelto por sí sola el problema migratorio, pero sí habría constituido una señal importante de buena fe.
No ocurrió.
Trump tampoco explicó cómo enfrentaría la oposición de los sectores más radicales del Partido Republicano, que durante años han rechazado prácticamente cualquier propuesta de regularización migratoria amplia.
El presidente hizo referencia a esas corrientes políticas, pero no asumió un compromiso concreto para superar su resistencia.
Y allí encontramos otro de los grandes obstáculos.
No basta con afirmar que se desea una reforma migratoria. Hay que estar dispuesto a enfrentar a quienes se oponen a ella, incluso cuando forman parte del propio partido político.
Juan José Gutiérrez es director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.