Así lo dice La Mont
¿A dónde?: La posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la actual relación bilateral con Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, al navegar en un panorama geopolítico donde la tradición diplomática choca con presiones políticas sin precedentes. En el centro de esta tormenta opera la Subsecretaría para América del Norte, órgano responsable de contener estas tensiones y del cual surgió el actual canciller, Roberto Velasco Álvarez. Su ascenso a la titularidad de la diplomacia mexicana presuponía una ventaja táctica y continuidad estratégica; sin embargo, la realidad rebasó el diseño institucional, obligando a la Cancillería a pasar de la cooperación bilateral a la gestión de crisis frente a acciones unilaterales de Washington.
El aparato diplomático lucha por mantener un equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y la apertura de canales con el Departamento de Estado, en un entorno donde las herramientas tradicionales de negociación han sido neutralizadas por la polarización. Esto dejó al gobierno mexicano en una postura defensiva, limitando su estrategia a negar la recepción de notificaciones oficiales sobre las medidas agresivas adoptadas por el país vecino, en lugar de imponer una agenda proactiva que atienda las causas de la fricción estructural.
Resultado: De manera simultánea, esta crisis diplomática ya es metástasis en el núcleo operativo de la presencia de México en el extranjero, afectando severamente a su red de representaciones. Las acusaciones que envuelven a los consulados de México en Estados Unidos, frecuentemente citados como 52, aunque oficialmente operan como una red de 53 oficinas, añaden una enorme vulnerabilidad al mandato del canciller.
Estas sedes enfrentan señalamientos mediáticos y políticos de operar como oficinas de extensión partidista de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), bajo el supuesto de priorizar la afiliación de militantes y la politización de la agenda migrante por encima de la asistencia consular tradicional. Esta condición coloca a la Cancillería en una posición insostenible, ya que el propósito fundamental de los consulados, como la reciente Plataforma UNAM-Acción Migrante para apoyo jurídico y psicológico, queda eclipsado por las sospechas de injerencia política que llevaron al gobierno estadounidense a ordenar revisiones de estas misiones.
Para un canciller cuya carrera se consolidó administrando esta red específica, la pérdida de credibilidad bipartidista en Washington representa una fractura en la diplomacia preventiva, transformando lo que debería ser un escudo protector para la diáspora en un flanco débil que la administración estadounidense utiliza para ejercer presión.
Frente a este entorno hostil, la estrategia de respuesta ante la inédita revocación de visas estadounidenses a más de 50 figuras políticas, incluidos gobernadores en funciones, exige un nuevo enfoque que supere la simple negación. La postura actual de argumentar la falta de “comunicación oficial o extraoficial” resulta insostenible cuando estas acciones, que la presidenta Claudia Sheinbaum califica públicamente como intentos de injerencia política, se perfilan como pasos preliminares hacia posibles encausamientos judiciales (indictments) o sentencias.
La Cancillería debe responder activando mecanismos legales y diplomáticos de alto nivel para exigir transparencia al Departamento de Estado, invocando los principios de los acuerdos bilaterales de seguridad para esclarecer la base probatoria de estas cancelaciones.
Si estas medidas están vinculadas a investigaciones por crimen organizado o enriquecimiento ilícito, la SRE debe separar estrictamente la defensa legal de los individuos de la relación institucional del Estado. La respuesta debe transitar de la retórica a la exigencia jurídica mediante tratados de asistencia legal mutua, obligando a Estados Unidos a presentar evidencia procesable que justifique los posibles encausamientos o, en su defecto, exponiendo las revocaciones como sanciones políticas arbitrarias.
Por: Federico Lamont
