Así lo dice La Mont
Exonerado: La decisión judicial que otorgó la libertad definitiva al exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), José Antonio Sánchez Ortega, representó un punto final en términos jurídicos, aunque difícilmente en el plano histórico, a una de las teorías más controvertidas de la historia política contemporánea de México: la del supuesto segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.
Durante tres décadas, la mancha de sangre en la chamarra blanca del agente, registrada en la vorágine de Lomas Taurinas aquel 23 de marzo de 1994, alimentó el imaginario colectivo y las investigaciones que buscaban probar un complot de Estado. Al desestimarse penalmente su participación en las detonaciones, el aparato judicial mexicano cerró la posibilidad de sostener la narrativa de una acción coordinada en el mitin de Tijuana, dejando todo el peso del crimen en la figura del asesino solitario.
Con ello también se clausuró una ventana que la Fiscalía General de la República intentó reabrir de manera paulatina, esfuerzo que terminó por colapsar frente a la solidez del expediente histórico, el cual, con el paso del tiempo, disipó las sospechas periciales y jurídicas que durante años recayeron sobre el exservidor público.
¿Quién operó?: La presencia de Sánchez Ortega en el lugar del atentado no fue producto del azar, sino resultado de una cadena de mando institucional que respondía a la lógica de la seguridad del Estado mexicano de aquella época. La orden de asistir a la colonia Lomas Taurinas para dar seguimiento al acto de campaña del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, provino directamente de la delegación estatal del CISEN en Baja California, coordinada entonces por mandos que reportaban de manera rutinaria las actividades políticas de alta relevancia y los posibles focos de inestabilidad en la frontera.
La encomienda del agente consistía en realizar labores de inteligencia de campo, recopilar información sobre el ambiente social y evaluar los riesgos del entorno, una práctica habitual del organismo en eventos de esa naturaleza. Ello explica por qué se encontraba a escasos metros de Colosio al momento de los disparos. Sin embargo, la falta de coordinación y el caos que siguió al atentado convirtieron esa asignación oficial en la circunstancia que, paradójicamente, lo transformó en uno de los principales sospechosos del caso.
En el centro del debate sobre las omisiones institucionales aparece la figura de Jorge Tello Peón, quien en marzo de 1994 se desempeñaba como director del CISEN y bajo cuya responsabilidad operaban los agentes desplegados en Tijuana. A lo largo de más de tres décadas, diversos analistas y actores políticos se preguntaron por qué la Fiscalía General de la República, encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero —hoy embajador de México en el Reino Unido—, no insistió en llamar a declarar de manera exhaustiva a los altos mandos del aparato de inteligencia civil de la época, o por qué abandonó el intento de revivir la hipótesis de dos disparos provenientes de distintos ángulos.
La respuesta parece encontrarse en la prescripción de los posibles delitos, la ausencia de nuevas pruebas y el desgaste de una estrategia jurídica que, al intentar rescatar las viejas hipótesis sobre una presunta colusión del CISEN, se encontró con el peso de las sentencias previas y con un sistema judicial que exigía evidencia científica concluyente, no conjeturas históricas. Ello terminó por debilitar el impulso de la fiscalía para reescribir uno de los episodios más polémicos de la vida política nacional.
Mientras el entorno del espionaje oficial quedó jurídicamente exculpado, el autor material del magnicidio, Mario Aburto Martínez, permanece recluido en un penal federal, sin éxito en sus reiterados intentos por recuperar la libertad. A pesar de los amparos promovidos por su defensa, que alegaban violaciones al debido proceso, actos de tortura y la aplicación del Código Penal de Baja California vigente en 1994 —que contemplaba una pena menor por homicidio que la legislación federal—, las instancias judiciales mantuvieron firme su condena.
La permanencia de Aburto en prisión responde no sólo a la gravedad del crimen que conmocionó al país, sino también a una resistencia institucional implícita frente al enorme costo político e histórico que implicaría verlo en libertad. Así, su condena permanece como el único elemento inamovible de la versión oficial sobre el asesinato de Colosio.
Versiones: Detrás de este entramado de seguridad e intereses políticos persiste la interrogante sobre la verdadera cadena de mando durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y si el CISEN operó realmente bajo la influencia del entonces coordinador de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya.
Diversos historiadores y actores políticos de la época coinciden en que la influencia de Córdoba Montoya se extendía de manera transversal sobre las áreas más sensibles del gabinete presidencial, subordinando buena parte de la estrategia de seguridad nacional a las prioridades políticas, económicas y sucesorias del régimen.
Aunque formalmente el organismo de inteligencia dependía de la Secretaría de Gobernación, en los hechos la información estratégica más sensible y las decisiones relacionadas con la gobernabilidad del país pasaban primero por el escritorio del influyente asesor franco-mexicano. Esa concentración del poder alimentó durante años la percepción de que el CISEN funcionaba como un instrumento político de la Oficina de la Presidencia, consolidando una estructura vertical en la que la inteligencia del Estado servía, ante todo, a los objetivos políticos de Los Pinos.
Por: Federico Lamont
