La resolución reduce prácticamente a cero las pretensiones económicas de la empresa estadounidense y fortalece la defensa mexicana sobre las medidas ambientales aplicadas en Quintana Roo.
México obtuvo un resultado ampliamente favorable en el arbitraje internacional promovido por la empresa Calica, filial de Vulcan Materials Company, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desestimara la mayor parte de las reclamaciones presentadas por la compañía tras el cierre de sus operaciones mineras en Quintana Roo.
El procedimiento, iniciado bajo los mecanismos de solución de controversias del T-MEC, cuestionaba diversas decisiones adoptadas por autoridades mexicanas entre 2018 y 2022, las cuales, según la empresa, afectaron sus inversiones y derivaron en la suspensión definitiva de la extracción de piedra caliza en la Riviera Maya.
De acuerdo con el Gobierno de México, el tribunal arbitral únicamente reconoció una reclamación vinculada con la clausura de un predio ocurrida en enero de 2018, un aspecto que representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado por la empresa estadounidense.
El Ejecutivo federal señaló que analizará el contenido íntegro de la resolución para determinar las acciones jurídicas que correspondan, al tiempo que reiteró que México mantiene una política de apertura a la inversión extranjera siempre que ésta contribuya al desarrollo económico, genere empleos de calidad y respete la legislación ambiental.
Asimismo, destacó que el cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales forma parte de la estrategia para ofrecer certeza jurídica a los inversionistas, sin renunciar a la protección de los recursos naturales.
Un litigio originado por el conflicto ambiental
La disputa tiene su origen en la clausura definitiva de las actividades de Calica en 2022, luego de que el gobierno federal argumentara que la empresa había provocado un deterioro ambiental de gran magnitud como consecuencia de décadas de extracción de material pétreo en la costa de Quintana Roo.
Durante cerca de 40 años, la compañía explotó bancos de piedra caliza destinados principalmente al mercado de la construcción en Estados Unidos. Sin embargo, autoridades ambientales documentaron afectaciones que incluían la pérdida de extensas áreas de selva, daños a cenotes y alteraciones en el sistema de acuíferos de la región.
Con base en esos señalamientos, la administración federal ordenó el cierre de las operaciones mineras y posteriormente decretó los terrenos como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, una medida orientada a impedir la reactivación de actividades extractivas en la zona.
Tras esas decisiones, Vulcan Materials recurrió al arbitraje internacional al sostener que las acciones del Estado mexicano constituían una expropiación de facto de su inversión. Sin embargo, el fallo del CIADI representa un respaldo mayoritario a la actuación del Gobierno de México y reduce de manera significativa el alcance de las compensaciones que pretendía obtener la empresa estadounidense.
Buena noticia. La justicia tarda pero cuando el reclamo es legítimo y a favor de la naturaleza y del medio ambiente, siempre será bienvenida.