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Sheinbaum pone bajo la lupa el negocio electoral: contratos con las mismas empresas desde 1999

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Staff Domo de Cristal
30 de octubre de 2026, 12:36 pm
Tiempo 5 min
Sheinbaum pone bajo la lupa el negocio electoral: contratos con las mismas empresas desde 1999

Por: Eduardo Esquivel Ancona 

La Presidenta plantea revisar a fondo las contrataciones del sistema electoral, transparentar las licitaciones y terminar con las prácticas que han concentrado el suministro de materiales en un reducido grupo de proveedores. Defiende que la controversia no debe convertirse en un cuestionamiento anticipado a las elecciones de 2027.

Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.— La controversia por los contratos de materiales electorales abrió un nuevo frente de revisión sobre el funcionamiento administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso el acento en un aspecto que, de acuerdo con sus declaraciones, trasciende a la actual administración del organismo: la permanencia de un reducido grupo de empresas como principales proveedoras del sistema electoral durante más de dos décadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los señalamientos relacionados con la contratación de Cajas Graf y Corporativo Zeg deben analizarse desde una perspectiva histórica, pues aseguró que existen antecedentes de relaciones comerciales con instituciones electorales que se remontan a 1999.

El planteamiento presidencial coloca el debate más allá de las actuaciones de una persona o de una administración específica. La pregunta de fondo es cómo se construyó un esquema de contratación que, según lo expuesto por Sheinbaum, permitió que dos empresas concentraran buena parte del suministro de materiales electorales, mediante una estructura de intermediación y subcontratación.

La Presidenta explicó que estos proveedores han participado en procedimientos de contratación del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), particularmente después de la reforma electoral de 2014, que modificó las atribuciones del instituto nacional sobre los organismos estatales.

En ese contexto, señaló que los mecanismos y requisitos establecidos para las adquisiciones deben revisarse, pues la concentración de contratos plantea interrogantes sobre la competencia, la transparencia y las condiciones de acceso de otros proveedores.

Sheinbaum también recordó que el propio Lorenzo Córdova, expresidente del INE, reconoció la existencia de un duopolio en el mercado de materiales electorales. Para la mandataria, este antecedente refuerza la necesidad de investigar cómo se configuró el modelo de contratación y quiénes han resultado beneficiados a lo largo de los años.

La discusión adquiere relevancia institucional porque el suministro de documentación y materiales electorales constituye una actividad indispensable para la organización de los comicios. Por ello, la revisión no debería limitarse a determinar responsabilidades individuales, sino esclarecer si las reglas de contratación propiciaron una competencia restringida y si existieron beneficios indebidos.

Taddei: una designación por insaculación, no por imposición partidista

Frente a las versiones que atribuyen a Morena la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, Sheinbaum rechazó esa interpretación y recordó el procedimiento mediante el cual fue designada en marzo de 2023.

La mandataria presentó un video del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, en el que se anunció el resultado de la insaculación realizada después de que las fuerzas políticas no alcanzaron la mayoría calificada necesaria para concretar los nombramientos mediante votación.

El mecanismo incluyó a las aspirantes previamente evaluadas por un comité técnico y concluyó con la selección de Taddei mediante sorteo. De esta manera, Sheinbaum cuestionó que se presente su llegada al organismo como una imposición directa del partido gobernante.

Sin embargo, estableció una distinción entre el procedimiento de nombramiento y el desempeño posterior de quien encabezó la institución: recordó que la responsabilidad pública exige actuar con independencia y preservar la confianza ciudadana.

También señaló que Taddei había sido designada consejera del organismo electoral de Sonora en 2014, cuando el Consejo General del INE era presidido por Lorenzo Córdova, con una votación de 10 sufragios a favor y uno en contra.

La referencia busca ampliar el contexto de las relaciones institucionales que precedieron a la actual controversia y evitar que la discusión se reduzca exclusivamente a la conducción reciente del organismo.

Elecciones de 2027: Sheinbaum pide transparencia y certeza institucional

Ante los cuestionamientos sobre las condiciones en que se organizarán las elecciones intermedias de 2027, la Presidenta sostuvo que existe tiempo suficiente para corregir deficiencias administrativas, revisar los procedimientos de adquisición y fortalecer los mecanismos de vigilancia.

Su propuesta consiste en aprovechar la controversia para impulsar una revisión de fondo, sin trasladar automáticamente las irregularidades denunciadas al conjunto de la organización electoral.

Sheinbaum hizo un llamado a la nueva presidencia del INE y a las consejeras y consejeros para que revisen las contrataciones, amplíen la competencia entre proveedores y garanticen procedimientos transparentes.

El mensaje tiene dos dimensiones: por un lado, exige esclarecer las posibles irregularidades y determinar las responsabilidades que correspondan; por otro, busca evitar que los señalamientos sobre contratos se conviertan en argumentos para anticipar una crisis de legitimidad de los próximos comicios.

La mandataria insistió en que la revisión debe alcanzar las prácticas heredadas y no concentrarse únicamente en la administración actual. Su argumento es que la confianza electoral también depende de conocer cómo se utilizan los recursos públicos y bajo qué condiciones se contratan los insumos indispensables para votar.

En términos institucionales, el desafío consiste en garantizar que las elecciones de 2027 cuenten con materiales oportunos, proveedores sujetos a competencia efectiva y adquisiciones fiscalizables. La transparencia de los contratos y la autonomía de las autoridades electorales no son objetivos incompatibles: ambos resultan indispensables para preservar la confianza pública.

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